*En una audiencia de la CIDH donde se denunció la negligencia estatal en favor de las comunidades indígenas, la Procuradora General de la República desestimó los casos presentados por la sociedad civil.
Expediente Público
Marcela Inés Posta Simón, defensora indígena, fue agredida en Bilwi, Costa Caribe Norte de Nicaragua, el 21 de junio de 2019 cuando participaba en una manifestación pacífica en protesta por la imposición de autoridades locales. Los tres agresores le fracturaron un brazo y le provocaron la pérdida de visión en uno de sus ojos. Uno de sus agresores es trabajador del Gobierno Regional de Bilwi. El ataque permanece en la impunidad y el Estado no reconoce este caso.
Mientras la sociedad civil del Caribe de Nicaragua sigue reclamando al Estado mayor determinación en su trabajo para prohibir, perseguir, acusar y condenar a colonos que han invadido sus tierras y han herido o acosado a sus habitantes, el Gobierno de Daniel Ortega se dedicó a desmentir las acusaciones.
Desde el año 2011, la violencia contra los pueblos indígenas del Caribe ha dejado al menos 49 muertos, 53 lesionados, 46 secuestrados y 4 desaparecidos y ha provocado el desplazamiento de unos mil miskitos de 12 comunidades, denunció Lottie Cunningham, abogada y activista por los derechos indígenas.
Al borde del etnocidio
Sin embargo, durante una audiencia virtual que organizó este 18 de marzo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para abordar los impactos de la colonización de las tierras indígenas en la costa Caribe de Nicaragua, la procuradora general de la República, Wendy Morales Urbina, estimó que estas cifras “no son acordes con la realidad”.
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En febrero pasado, la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la situación de personas defensoras de los derechos humanos, envió una carta al Gobierno nicaragüense en la que pedía una investigación del asesinato en noviembre de 2020 de Nacilio Macario, un líder mayangna que combatía las explotaciones mineras y forestales ilegales.
El pasado 4 de marzo de 2021, colonos atacaron un pueblo mayangna en la zona de Kimak Was, de la Costa Caribe, dejando una persona herida con cinco impactos de bala y secuestrando temporalmente a otra persona. Ninguno de estos casos ha sido investigado.
Cunningham aseguró que estas zonas se encuentran “al borde del etnocidio” porque los colonos actúan prácticamente con impunidad. Especificó que solo el año pasado se registraron 13 asesinatos, 8 heridos, 2 secuestros y el desplazamiento forzado de una comunidad de poblaciones que habitan a lo largo de los ríos Waspuk y Bocay.
“El Estado no ha brindado información sobre las investigaciones de estos casos ni sobre las protecciones cautelares que tienen unas doce comunidades”, aseguró Cunningham.
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Los “avances” del Gobierno
En respuesta, la procuradora Morales Urbina se dedicó a hablar sobre “los grandes avances” en materia de derechos humanos del Ejecutivo de Ortega , publicando estos años una serie de leyes y decretos que fortalecen la autonomía de la zona, la titulación de tierras, construcción de carreteras y control de la minería semiindustrial.
Dijo Morales que “bajo el modelo cristiano y solidario, ha habido inclusión, participación y empoderamiento” de los habitantes estos territorios, terminando con “la exclusión y el abandono de Gobiernos pasados”.
Según la representante del Estado, solo han conocido de 18 casos de conflictos de tierra, de los cuales se acusó a 22 personas, hubo 8 juicios y se concluyó con 14 acusados. “Podemos asegurar que el Gobierno no ha incurrido en ninguna violación de derechos humanos, más bien es garante de los derechos constitucionales”, dijo la funcionaria pública.
Sin especificar en qué años, la procuradora Morales dijo que han recibido quejas contra 29 notarios y abogados que emitieron escrituras fraudulentas sobre territorios indígenas, de los cuales hubo 8 sanciones disciplinarias con suspensiones de entre 5 y 2 años.
Rechazan denuncias de casos
Por su parte, Cunningham respondió que “sorpresivamente hemos escuchado al Estado hablar de algunos casos resueltos, aunque para nosotros que hemos sido los representantes, hasta la fecha no tenemos mayor actualización de las investigaciones”.
La activista de derechos indígenas lamentó que el Gobierno nicaragüense más bien «ha rechazado casos que hemos presentado de asesinatos, violaciones sexuales e indígenas desparecidos. Tenemos en nuestras tierras a varios exmilitares armados motivados por actividades extractivas que el Estado ha venido incentivando con las empresas».
Expuso Cunningham que «en el 2015 todas las viviendas de la comunidad de Polo Paiwas fueron incendiadas y desde entonces no se les ha dado respuesta. Nicaragua no ha realizado acciones concretas para detener el desplazamiento forzoso de nuestros habitantes ni para evitar que los pueblos indígenas continúen perdiendo su territorio”, afirmó en la audiencia en la CIDH.
María Luisa Acosta, Coordinadora del Centro de Asistencia Legal para Personas Indígenas (Calpi) aseguró que “tenemos una documentación increíble que le podemos hacer llegar” al Estado para que conozca de los casos de abusos que se viven en esa zona. Afirmó que muchas comunidades no tienen agua, se les quitan sus tierras y desde el 2015 experimentan ataques sistemáticos de “grupos de entre 20 y 200 hombres armados” que invaden los terrenos.
Tomas de tierras por parte de colonos
Juan Carlos Ocampo, miembro de la comunidad miskita de Butku, relató que al menos 30 personas han tomado aproximadamente 1500 manzanas de territorios de la zona sin que hasta hoy se obtenga una respuesta del Estado. Dijo que usualmente los colonos queman los sembradíos y amenazan a los habitantes sin que ninguna autoridad los castigue.
Ocampo solicitó a la CIDH “exigir que al Estado que cese de inmediato todo tipo de amenazas y ataques contra las personas y comunidades defensoras de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes”.
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Antonia Urrejola, recién nombrada presidenta de la CIDH, afirmó que “el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas no es solo la demarcación y titulación de territorios, sino, por ejemplo, no otorgar permisos de explotación de recursos naturales sin consentimientos de esas poblaciones. Es urgente que el Estado garantice el derecho a la propiedad colectiva frente a terceros y que haga un saneamiento de los territorios indígenas”.
Grandes concesiones a empresas mineras
Reveló que la Relatoría de Derecho Económico Social y Cultural CIDH, tiene información de que al menos el 60 por ciento del territorio indígena estaría con concesiones para empresas mineras, pero la representante del Estado evitó referirse al tema.
Además, afirmó que el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) tiene reportes de la sociedad civil de “decenas de casos de asesinatos y secuestros, es decir, las cifras no coinciden” con las presentadas por el Estado, sin embargo, nuevamente la Procuradora no respondió ante estas inquietudes y se limitó a decir sobre estos casos que el Estado solo “informa a las víctimas y a sus Gobiernos locales que conforme ley están establecidos”.
Clara Ferrerons Galeano del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan), denunció que, con la promulgación de la Ley de Agentes Extranjeros en octubre de 2020, “se han formalizado las barreras administrativas y burocráticas para impedir el buen funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil”.
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ONG podría perder personería
Ferrerons Galeano alertó que esa organización “corre el riesgo de perder su personería jurídica” porque el Ministerio de Gobernación “se niega a entregar la constancia de cumplimiento de la certificación a pesar de haber entregado la documentación requerida en diez ocasiones”. La Procuradora General de la República, Wendy Morales Urbina, ni siquiera opinó sobre el caso.
Durante meses las autoridades internacionales han pedido al Gobierno y al sector privado que tomen medidas contra la invasión de las tierras indígenas y afrodescendientes en la costa Caribe, pero no han recibido ninguna respuesta concreta.
Según la CIDH esto demuestra una colusión y complicidad del Gobierno y los actores del sector privado implicados en actividades como la minería de oro, la ganadería y la explotación forestal, tal y como reveló el informe de 2020 del Oakland Institute, “Nicaragua’s Failed Revolution: The Indigenous Struggle for Saneamiento”.
Las personas participantes también informaron sobre los efectos de los huracanes Eta e Iota, que golpearon la Costa Caribe norte de Nicaragua a finales de 2020 y cuyos impactos persisten al día de hoy.
A finales de febrero de este año, la Alta Comisionada de la Organización de Estados Americanos para los Derechos Humanos publicó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos sobre Nicaragua que, por primera vez, incluyó una sección sobre la situación de los pueblos caribeños en el que denunció las «invasiones recurrentes y los ataques violentos de colonos» contra los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como la incapacidad del Gobierno para investigar adecuadamente los ataques y las denuncias.
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País pierde millonaria inversión
El Estado también ha fallado sistemáticamente en implementar las medidas cautelares y provisionales otorgadas por la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a favor de doce comunidades indígenas donde se han denunciado abusos.
Una decisión que resalta la profundidad del problema, la tomó hace pocos meses el Fondo de Colaboración para el Carbono Forestal del Banco Mundial (FCPF por sus siglas en inglés) que retiró a Nicaragua de su cartera para invertir hasta 55 millones de dólares para la reducción de la deforestación tras determinar que será imposible “poner en marcha los sistemas necesarios para la gestión ambiental y social, el seguimiento y la evaluación, y la certificación independiente de los resultados”.
En el evento participaron representantes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan), el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (Calpi), el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (R&E) y el Instituto Oakland y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).
