* Dejan temporalmente sin efecto varios incisos del reglamento de la Ley de Contratación del Estado de Honduras, para “mejorar” ejecución presupuestaria.
**Al 31 de octubre de 2023 apenas habían ejecutado el 30 por ciento de su presupuesto, en lo que resta del año tratarán de utilizar el 70 por ciento restante, señala exdiputado Aníbal Cálix.
**Reforma a la Ley de Compras abre la puerta para la corrupción, declararon analistas consultados.
Aimée Cárcamo / Expediente Público
La reciente medida implementada por el gobierno de Honduras para mejorar la baja ejecución presupuestaria en las instituciones estatales es considerada por expertos consultados por Expediente Público como un retroceso en los procesos establecidos para transparentar y prevenir la corrupción en las compras públicas.
Se trata de la suspensión de la obligatoriedad de tres incisos del artículo 44 del reglamento de la Ley de Contratación del Estado, anunciada por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) y vigente entre el 3 de noviembre al 31 de diciembre de 2023.
Los tres incisos regulan la figura del Comprador Público Certificado (CPC), cuya implementación fue anunciada en 2017, cuando la ONCAE y las universidades públicas acordaron el desarrollo de un diplomado para especializar a funcionarios relacionados con las compras del Estado, y finalmente creada mediante decreto ejecutivo en abril de 2018.
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El decreto en mención también otorga a la ONCAE la potestad para regular, vía circular, los artículos 44-A, 44-B y 44-C y fijar las fechas en que su aplicación será obligatoria, por lo que se trata de una regulación controlada para cumplirse a discreción del gobierno de turno.
Mientras dure la suspensión, los procesos de compras públicas no requerirán del refrendo, firma y sello del CPC, sino que los gerentes administrativos de cada institución serán los encargados de garantizar el cumplimiento de la Ley de Contratación del Estado y su reglamento.
Es de mencionar que los incisos que temporalmente han dejado de ser obligatorios se refieren a las atribuciones de la ONCAE.
Estas son la de llevar el registro de los contratos e informar y resolver cuando haya causas que prohíban el mismo, como en el caso de funcionarios o empleados de los poderes del Estado, instituciones descentralizadas, municipalidades u organismos que reciban fondos públicos. Los contratos con el Estado son un botín codiciado que representa entre el 13 y el 20 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
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Le quita transparencia
En un comunicado que lanzó a raíz de las críticas, la ONCAE aseguró que la suspensión temporal no exime de responsabilidad a las gerencias administrativas de cada institución para asegurar el cumplimiento de la ley.
En el mensaje se reiteró que la finalidad es agilizar las compras de las instituciones, con lo que se busca mejorar la ejecución presupuestaria, que hasta junio pasado era la más baja de Centroamérica, según un análisis del centro de pensamiento Expediente Abierto.
Pero para el analista y exdiputado por el Partido Anticorrupción (PAC), Aníbal Cálix, “no puede ser positiva una medida que le quita transparencia a un proceso de adjudicación”, por lo que una medida de esa naturaleza “debe causar siempre suspicacias”.
El peligro, además de que no se cumplan los procesos de compra correctamente, es que en un mes y medio el Gobierno de Honduras pretende ejecutar “lo que no ejecutó en seis meses”, lo que significa hacer las cosas a la carrera “y lo más probable es que se van a hacer mal o de manera corrupta, dijo Cálix a Expediente Público.
Para el caso, señaló que hay instituciones que al 31 de octubre apenas habían ejecutado el 30 por ciento de su presupuesto, por lo que es de inferir que en lo que queda de este año tratarán de utilizar el 70 por ciento restante.
Aunque el Gobierno de Honduras rechazó que existiera una baja ejecución presupuestaria, el 2 de agosto en Consejo de Ministros la presidenta Xiomara Castro dijo estar “sumamente preocupada” por los bajos índices del gasto.
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Una figura importante
Sobre la figura del Comprador Público Certificado, Cálix explicó que “es parte de de esa ola de procesos éticos, transparentes, que le llaman de cumplimiento” para asegurar que las operaciones se hagan correctamente.
Continuó que en otros países, obviamente más avanzados en su legislación y en el combate de la corrupción e impunidad, esas figuras son por ley indispensables para todos aquellos negocios del Estado que exceden ciertas cantidades.
Incluso, en algunos países la empresa a la cual se le adjudica el contrato tiene que estar certificada por un proceso de cumplimiento, añadió Cálix, quien es uno de los fundadores del capítulo de Honduras de la Organización Mundial de Cumplimiento, que busca inculcar la cultura de procesos éticos, transparentes y que cumplen con la norma internacional.
Una de las justificaciones que ha dado el oficialismo, a través del diputado por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Hugo Noé Pino, es que los CPC vienen de la administración del expresidente Juan Orlando Hernández y obstaculizan la inversión pública en el actual gobierno.
En ese sentido, Cálix calificó de inconcebible la excusa de que el Gobierno de Honduras, que ya tiene casi dos años en el poder, no cuenta con compradores certificados de su partido, ya que el período de entrenamiento de esos funcionarios es de unos tres meses.
Debieron “haber capacitado a todas las personas para que hicieran su trabajo bien y de manera eficiente”, atajó.
¿A quién quieren beneficiar?
“Además de generar escepticismo entre los actores sociales del país, también genera opacidad y especulación entre los mismos proveedores del Estado”, dijo por su parte el oficial de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Alejandro Kafatti.
Consideró que se vulnera la equidad en la competencia entre los diferentes proveedores del Estado y que por el tiempo reducido para la aplicación de la medida pareciera que la decisión se tomó para beneficiar a alguien, la pregunta es a quién.
Además, opinó que la decisión de la ONCAE viene a restar credibilidad al gobierno de una lucha efectiva contra la corrupción y por la transparencia, ya que se está debilitado el proceso de compra y contrataciones.
Y consideró que hacer eficiente la ejecución de los fondos públicos “no debe ser justificante para no poder hacer las cosas correctamente o con transparencia y revisión de cuentas”.
Se debilita la institución en Honduras
La ONCAE fue creada en 2001 con la Ley de Contratación del Estado y está adscrita desde 2022 a la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, una dependencia del poder Ejecutivo.
En mayo de este año, la ONCAE presentó un informe de las irregularidades en la compra de pasajes aéreos en la Secretaría de Planificación Estratégica, algunos de los cuales fueron comprados a ferreterías, lo que, para el economista independiente, Ismael Zepeda, es un indicativo de corrupción o desconocimiento de los procesos administrativos de compras.
De allí que le parezca una contradicción lo dispuesto por la ONCAE de eliminar procesos de compra, una medida extrema que genera alerta y sospecha porque va en detrimento de procesos transparentes e idóneos.
“Creo que esa vía fácil que está planteando el gobierno con ir disminuyendo pasos de esos procesos es muy contradictorio a la necesidad, más bien, de transparentar, rendir cuentas y del combate a la corrupción”, declaró a Expediente Público.
Aunque busquen justificarlo, es un retroceso, insistió Zepeda.
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A su criterio, figuras como la del Comprador Público Certificado deben fortalecerse para agilizar los procesos de compra y cumplir con la transparencia que prometió la actual administración, pero que más bien va en retroceso.
Además de dar pasos hacia atrás, consideró también que se trata de un debilitamiento institucional, ya que se le quita a la ONCAE el manejo del proceso de compras y se le disminuyen sus capacidades.
Zepeda fue más allá, al indicar que la ONCAE podría quedar como una figura decorativa, “si no es que la eliminan en los próximos años”.
A lo anterior se suma el mensaje que publicó el pasado 12 de noviembre el diputado Pino, miembro de la comisión de presupuesto del Congreso Nacional sobre la aprobación de una nueva Ley de Compras y contrataciones del Estado, lo que podría ser una confirmación de los peores temores en la lucha contra la corrupción.
