*Lenguaje ambiguo, la falta de certeza y la posible injerencia del gobierno en el nombramiento de las personas que integrarán el mecanismo de la CICIH preocupan a la Oficina en Washington para asuntos Latinoamericanos (WOLA).
Expediente Público
¿Existen las condiciones para la instalación de la CICIH en Honduras? La respuesta es que todavía no y que los obstáculos para la creación de un mecanismo internacional contra la impunidad, imparcial e independiente, provienen del mismo gobierno, según se concluye del análisis de distintos sectores.
El pasado 22 de agosto, el gobierno hondureño entregó formalmente a la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford, el borrador del Memorando de Entendimiento para la instalación de una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), con los comentarios y propuestas al documento original enviado por el organismo internacional y cuyo contenido trascendió de forma extraoficial en julio de este año.
El Memorando consta de 17 puntos y divide en dos fases el proceso para la instalación de la CICIH.
La primera incluye el envío de un equipo de expertos, pero hasta después de firmado el documento, para realizar el diagnóstico de las capacidades con que cuenta el país para la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Además, la asistencia técnica en relación a las reformas legales necesarias; diálogo con el Ministerio Público y otras instituciones del sistema de justicia; y apoyo técnico para la implementación de la nueva Ley de la Junta Nominadora, aprobada a mediados de julio por el Congreso Nacional.
La segunda fase, que empezaría una vez ratificado el acuerdo bilateral de cooperación entre la Naciones Unidas y el gobierno, incluye la identificación de los funcionarios que integrarían el mecanismo, la ubicación de las oficinas y los recursos financieros.
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Puntos en conflicto por la CICIH
Dos de los 17 puntos en particular han generado debate en Honduras. Y es que mientras la ONU plantea que el mecanismo internacional tenga facultades para “realizar investigaciones de forma independiente así como constituirse como acusador privado”, el gobierno propone que este pueda “acompañarnos en la realización de investigaciones para el ejercicio de las acciones de forma independiente”.
La acusación penal en Honduras corresponde al Ministerio Público y para que la CICIH pueda fungir como acusador privado es preciso reformar la Constitución, lo que requiere de mayoría calificada, es decir, que voten a favor 86 de los 128 diputados del Parlamento compuesto por seis bancadas. Además, es preciso que la reforma sea sancionada por el Congreso actual y el siguiente.
“Honduras, para poder desmontar las estructuras de corrupción e impunidad que prevalecen en el actual momento, requiere una CICIH que sea un acusador privado”, ya que le permitiría “tener una iniciativa para investigar y consecuentemente judicializar los casos de su interés”, dijo a Expediente Público la abogada constitucionalista Ana Pineda.
La reforma a la Constitución, particularmente al artículo 232 que regula el Ministerio Público, se puede introducir perfectamente “si hubiera voluntad política”, consideró la jurista y docente universitaria.
Para que la reforma sea aprobada a tiempo para la instalación de la CICIH debe introducirse antes del 25 de enero de 2023, cuando termina la actual legislatura.
“En cualquiera de estos días se aprueba y se publica la reforma a la Constitución (…), después del 25 de enero del 2023, que es cuando inicia la otra legislatura, se ratifica y se publica. Con eso se sortea la dificultad que algunas personas están alegando de que eso no es posible hacerlo”, sostuvo Pineda.
Querellante adhesivo
Como salida a la polémica, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo están considerando una figura que no existe en la legislación hondureña: la del querellante adhesivo, una propuesta que también cuenta con el respaldo de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
“La CICIH no podrá ser acusador privado, pero sí se le puede dar vías para convertirlo en un querellante adhesivo”, dijo a un medio hondureño el ministro asesor en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, Edmundo Orellana.
A diferencia de un acusador privado, que no necesita al Ministerio Público, el querellante adhesivo “puede sumarse a las investigaciones” de aquel, pero también realizar sus propias investigaciones”, explicó el abogado Joaquín Mejía Rivera, investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ).
Recordó que con la aplicación de esa figura jurídica sería parecido a lo que ocurrió con la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala (CICIG), que actuó como querellante adhesivo en varios procesos.
Sin embargo, Mejía Rivera fue enfático en decir que “no queremos una ‘MACCIH2.0’”, en alusión a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, que operó entre 2016 y 2020 en el gobierno de Juan Orlando Hernández, con facultades limitadas. “Queremos una CICIH independiente, autónoma, que pueda tener la capacidad de realizar sus propias investigaciones y adherirse también al Ministerio Público”, remarcó.
Cambios en el Código Procesal Penal
Como querellante adhesivo, la CICIH tendría mayores facultades de las que tuvo la MACCIH, la cual “no tenía la capacidad de perseguir penalmente. El querellante adhesivo sí lo puede hacer”, dijo a Expediente Público el abogado especialista en constitucionalismo comparado, Rafael Jerez.
Esa figura “se tiene que delimitar en el Código Procesal Penal para que la CICIH se pueda adherir, como su nombre lo dice, a los requerimientos fiscales que el Ministerio Público presente, pero que trabaje de la mano”, agregó.
Para Jerez, esa figura jurídica es el escenario ideal para una CICIH ya que así se fortalece el trabajo conjunto y también al Ministerio Público, que conserva las funciones que la Constitución le reconoce.
“Y no se relega a la misión como sucedió en alguna medida con la MACCIH, no porque la Ufecic no trabajara con ella, sino por las limitaciones en las competencias que tenía”, dijo sobre ese mecanismo que lideró la Organización de Estados Americanos (OEA).
La Ufecic era la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción, que fue cerrada por el Ministerio Público tras la partida de la MACCIH. En su lugar crearon la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco).
Recordó que en el caso guatemalteco, “vimos cómo se retira la CICIG y la Fiscalía Especial contra la Impunidad se debilita a tal punto que sus fiscales salieron del país, exiliados. Ahora están persiguiendo a periodistas. Entonces, esto se evita fortaleciendo la institución del Ministerio Público”.
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Elección de comisionados de la CICIH
El otro punto del Memorando de Entendimiento que ha generado rechazo en diversos sectores es el relacionado con la elección de los integrantes de la CICIH.
Y es que el gobierno propone que la identificación y el nombramiento de los funcionarios nacionales e internacionales que la integrarían sean nombrados por el mismo Estado.
Para el abogado Mejía Rivera, ahí es “donde está el problema, no puede ser que los comisionados y comisionadas de una posible CICIH sean escogidos por el gobierno de la República, tienen que ser escogidos por Naciones Unidas”.
De lo contrario, “le restaría total confianza y no podríamos hablar de una CICIH con independencia”, acotó el letrado.
Preocupación por ambigüedad del gobierno
“Preocupa que la ambigüedad sea algo que está caracterizando el proceso de instalación de la CICIH en Honduras”, dijo la directora para Centroamérica de la Oficina en Washington para asuntos Latinoamericanos (WOLA) Ana María Méndez durante un conversatorio realizado el 6 de septiembre.
“Es muy delicado porque vemos, por ejemplo, que no hay certeza en temas que son indispensables”, expresó Méndez en el evento “¿Existen las condiciones para la instalación de la CICIH en Honduras?” que organizó la Fundación Ayudamos Honduras en la plataforma de Twitter Spaces.
Además de que el gobierno se ha referido a la CICIH como un acompañante de la Fiscalía, está la posibilidad de que nombre o tenga injerencia en el proceso de nombramiento de la persona que estaría a su cargo, lo cual es visto con preocupación desde WOLA.
“Son términos muy ambiguos que al final dejan en duda cuál sería el rol de esta comisión y si realmente tendría suficientes poderes”, dijo Méndez, quien trabajó también con la CICIG en Guatemala.
Quien presida a la CICIH es clave
Un elemento importante fue darle a ese mecanismo suficiente autonomía e independencia. En el caso de la CICIH, eso se manifestaría en el nombramiento de la persona que va a estar a cargo y en garantizar que quienes la integren ejerzan libres de presiones políticas.
“Es importante que como parte de esa autonomía e independencia se defina muy bien” que la CICIH) “sería un ente de Naciones Unidas”, acotó Méndez.
Otro tema importante, a su criterio, es la definición de alcances que tendría la comisión en cuanto a sus investigaciones. Es decir, si además de la corrupción incluirá también cuestiones de narcotráfico. También, que existan condiciones legales e institucionales mínimas, como plantea el Memorando de Entendimiento acerca de la necesidad de abrogar, derogar, reformar o aprobar algunas leyes.
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CICIH en manos de los políticos
La CICIH “es una demanda ciudadana que trasciende a este gobierno”, dijo también en el conversatorio la directora del Programa de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Úrsula Indacochea.
Señaló que la condición de entrada para el mecanismo es la voluntad del gobierno. “Tenemos que valorar que estamos teniendo esta segunda oportunidad (después de la MACCIH) que hay por lo menos en el discurso, todavía no en la práctica”, consideró la abogada de nacionalidad peruana.
A su criterio, todavía no existen condiciones en Honduras para la instalación de una CICIH, “pero creo que está en manos de los poderes políticos completar esas condiciones que hacen falta”.
La prueba de fuego para esa clase política será la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general, que se realizará en enero y agosto de 2023, respectivamente.
“Ahí vamos a saber si realmente la CICIH va a tener condiciones para operar”, opinó.
Ciudadanos exigirán cuentas
Indacochea recordó que la ciudadanía se da cuenta cuando el cambio no es real. Recomendó a la presidenta Xiomara Castro cambiar la forma de hacer política y contener “los apetitos” de su bancada en el Congreso para cooptar la Corte Suprema y respetar lo que ha sido aprobado en la Ley de la Junta Nominadora.
“Pero también al Congreso Nacional hay que recomendarle, pues tiene decretos todavía que conformaron lo que en su momento se llamó el ‘pacto de impunidad’, que tienen que ser derogados”, añadió.
“Vemos con mucha expectativa el caso hondureño” y que iniciativas como el mecanismo de la CICIH, que iniciaron en Guatemala y luego florecieron en Honduras y El Salvador, “tengan este final feliz” y “que tengamos una historia de éxito en la región de la que podamos aprender y sacar lecciones para el resto de países de América Latina”, donde el deterioro de la democracia por causa de la corrupción es enorme.
“Y creo que iniciativas como esta realmente pueden ser un parteaguas o una buena medicina para poder enfrentar esta situación”, puntualizó.
