*Las condiciones que permitieron drenar casi 200 millones de dólares a través de algunas organizaciones sin fines de lucro en Honduras siguen intactas, “lo que sí ha habido es un discurso” del gobierno, dijo el director de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández.
**Obstáculos y lentitud a la investigación penal han llevado a que varios investigados ya no estén en Honduras, a que muchos bienes hayan desaparecido y a que se perfeccione la forma para apropiarse dinero del Estado, dijo fiscal Luis Javier Santos.
Aimée Cárcamo
Expediente Público
A punto de cumplir su primer año, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro no ha impulsado una legislación ni un cambio de políticas públicas orientados a reducir los riesgos de que continúe el saqueo de recursos del Estado a través de algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s), una práctica que alcanzó su culmen en las pasadas administraciones de Juan Orlando Hernández (2014-2022).
Uno de los casos de saqueo ha sido el del programa “Techo saludable”, que incluía viviendas, techos, pisos, letrinas, filtros y ecofogones, y en el que más de 250 oenegés y alcaldías siguen sin liquidar casi 315 millones de lempiras ($12.7 millones).
El latrocinio a través de determinadas ONG´s usadas como mampara para la corrupción fue gigante e involucró a funcionarios y diputados de varios partidos políticos, incluyendo a Libertad y Refundación (Libre), que ahora está en el poder, en una cadena que llegaba hasta la figura presidencial.
No es casualidad que tres de los once casos judicializados por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) y la Misión de Apoyo contra la Corrupción en Honduras (MACCIH) estaban relacionados con el uso de ONG’s para drenar recursos públicos.
Desorden en registro de asociaciones civiles
La modalidad de corrupción a través de un puñado de ONG’s permitió a muchos obviar la Ley de Contratación del Estado para hacer proyectos de gran magnitud y drenar enormes cantidades de recursos, dijo a Expediente Público el director de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, quien también es presidente de la Fundación de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (Foprideh).
Se aprovecharon de la buena imagen que gozan la mayoría de las oenegés que sí cumplen con la transparencia y honestidad en la distribución de fondos, que llegan donde el Estado no llega, “especialmente las que se dedican a temas de asistencia”, y usaron la debilidad institucional para obtener fondos.
Además, provocaron un desorden, que todavía continúa, para “tratar de confundir al pueblo», ante la falta de clasificación de las asociaciones civiles que hay en Honduras, dijo Hernández.
“Lo que ellos hicieron es: interpretan la ley, y lo que hacen es que meten en una sola bolsa a todas las organizaciones no gubernamentales y ahí meten patronatos, juntas de agua, asociaciones de pobladores, cualquier instancia, no como dice la ley”, de organizaciones privadas de desarrollo, que ya establece cuáles son los criterios, dijo Hernández.
Actualmente, en la página de la Dirección de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (DIRRSAC) aparecen 16,981 asociaciones civiles, pero como ONG solo están registradas 823.
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Cambio de actores
El representante de sociedad civil dijo también que en el proyecto de presupuesto del 2023 “tienen más de tres mil millones destinados para las oenegés, esto es presupuesto desde el Legislativo, pero el gobierno actual también va a usar estas mismas instituciones”.
Usar oenegés no está mal, aclaró, si es con las que realmente “hacen un trabajo”.
El gobierno de Xiomara Castro eliminó la Secretaría de Inclusión Social y Desarrollo (Sedis), de donde se drenaron miles de millones de lempiras, y creó la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), “pero esta solo se convierte en un órgano rector y quien va a ejecutar van a ser obviamente oenegés”, expresó Hernández.
El problema es que “de repente van a ser las oenegés, tal como en el pasado, que son afines al gobierno, o sea, la misma situación y no ha habido ninguna legislación, ningún cambio en la política que reduzca esos riesgos”, planteó.
“La normativa es exactamente la misma, por lo tanto, los riesgos son exactamente los mismos”, lo que sí ha habido es un discurso, “pero esos discursos los hemos tenido siempre, con discursos no se va a lograr absolutamente nada”, acotó.
Hernández recordó que dentro de las oenegés que drenaron recursos no solamente había afines al Partido Nacional, sino también oenegés cuyos directivos eran líderes del Partido Liberal y de Libre.
Pero como se trata de criminalidad organizada, estas redes van a tratar también de cooptar todo en el escenario actual, concluyó.
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Corrupción desde el Estado
El saqueo a través de ONG´s repite un modus operandi que también funcionó en otros países como Colombia y Guatemala, “son como réplicas que se dan de personas que pasan inventando cómo drenar el dinero del Estado”, dijo a Expediente Público el jefe de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos.
La Uferco fue la unidad que sustituyó a la Ufecic cuando la MACCIH fue expulsada de Honduras.
“Yo le aseguro que de la mayoría de instituciones públicas se ha drenado dinero a través de ONG´s”, dijo Santos, al remarcar que el saqueo a través de esas organizaciones no sucedió desde una sola entidad, sino que “eso fue desde el mismo Estado”.
El jefe de la Uferco dijo que el inicio de esta práctica se remonta a los años 2010-2012, cuando en el gobierno de Porfirio Lobo (también del Partido Nacional) se hizo un inventario de las ONG’s “y se decía que iban a eliminar o que iban a cancelar la personería jurídica” a las que no estaban funcionando.
El fiscal Santos es del criterio de que ese inventario, en realidad, se hizo para identificar aquellas ONG´s que habían sido creadas y que no estaban operando “para apoderarse los corruptos de ellas y utilizarlas para drenar fondos”.
Obstáculos para investigar
La mayoría de ONG´s implicadas en las posteriores investigaciones están “dentro de esas dos mil organizaciones que identificaron en ese entonces” y a las que nunca se les canceló la personería jurídica, sino que a través de falsificación de documentos o de ofrecimientos de dinero “se apoderaron de ellas”.
Incluso Santos cree que hubo unas con la personería jurídica cancelada, pero aun así les dieron dinero del Estado.
“Nosotros estamos investigando estos casos, pero realmente es difícil porque se complica todo este procedimiento en beneficio de los investigados”, dijo Santos en alusión a varios mecanismos legales aprobados para dificultar la investigación penal.
Esos obstáculos han llevado a muchos investigados ya no estén en el país, a que muchos bienes hayan desaparecido y a que se perfeccione la forma para apropiarse dinero del Estado.
Aunque hay un discurso en todos lados de lucha contra la corrupción, “no hay nadie que tenga ese interés” o “no vemos que vayan por ese camino de hacerlo de forma expedita”, finalizó.
Plataforma clientelar
“Nosotros estamos investigando estos casos, pero realmente es difícil porque se complica todo este procedimiento en beneficio de los investigados”, dijo Santos en alusión a varios mecanismos legales aprobados para dificultar la investigación penal.
Esos obstáculos han llevado a muchos investigados ya no estén en el país, a que muchos bienes hayan desaparecido y a que se perfeccione la forma para apropiarse dinero del Estado.
Aunque hay un discurso en todos lados de lucha contra la corrupción, “no hay nadie que tenga ese interés” o “no vemos que vayan por ese camino de hacerlo de forma expedita”, finalizó.
Sedis, muy mal ejemplo
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De entre las instituciones del Estado utilizadas para drenar fondos a través de oenegés sobresale la Sedis, creada en el gobierno de Hernández en 2014.
“Era una gran plataforma clientelar, eran más de 400 proyectos, una institución monstruosa”, dijo a Expediente Público el ministro de Sedesol, Carlos Cardona.
Todos los fondos de la institución para proyectos sociales se tercerizaron a través de oenegés, precisó el funcionario.
Solo en el presupuesto general de ingresos y egresos del 2021, año electoral, esa secretaría recibió más de 2,338 millones de lempiras (casi $95 millones).
Cardona aseguró que Sedesol “no hace proyectos”, sino que estos serán ejecutados por el programa Red Solidaria. Este, se perfila como la principal herramienta de asistencialismo del gobierno de Xiomara Castro, con miras a futuros procesos electorales.
Puro discurso
De los programas de la Sedis, el principal era “Vida Mejor” creado en 2014, con el discurso de combatir la pobreza.
Parte de los fondos fueron manejados a través de la Fundación para el Desarrollo Integral de Honduras (Fundeih) y la Fundación para el Desarrollo Integral de la Mujer Hondureña (Fundeimh).
Ambas aparecen en una investigación sobre el saqueo de unos 70 millones de dólares en la última década, que incluye al Fondo Departamental, convertido en otro sinónimo de corrupción. A ellas fue vinculado el exministro de la Presidencia Ebal Díaz, quien se refugió de la justicia en Nicaragua, y la exprimera dama Ana García.
También las investigaciones “Red de diputados”, “Pandora” y “Arca abierta”, presentadas por la MACCIH entre 2017 y 2018, y que involucran a oenegés, están relacionados con el Fondo Departamental.
“Techo saludable”
Los recursos fueron tramitados a través del Fondo Departamental, terminaron en cuentas personales y tenían el finiquito del TSC, señala un informe de ASJ.
Fue a raíz de esas investigaciones, que alcanzaban al presidente del Congreso Nacional, que se aprobó el decreto 141-2017 para blindar de una investigación penal a diputados y funcionarios públicos que ejecutaran recursos públicos.
Uno de los casos de saqueo en Sedis dado a conocer por las nuevas autoridades tiene que ver con el programa “Techo saludable”, que incluía viviendas, techos, pisos, letrinas, filtros y ecofogones, y en el que más de 250 oenegés y alcaldías siguen sin liquidar casi 315 millones de lempiras ($12.7 millones).
Cardona refirió que el 90% están ligadas al Partido Nacional, incluyendo diputados y sus familiares o gente de confianza, y al Partido Liberal.
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Escenario preocupante
Pero la mora en “Techo saludable” palidecería ante lo que un funcionario de Sedis llamó “el agujero negro de la información”.
Mientras los montos en “Techo saludable” no superaron los 13 millones de lempiras ($526 mil), en el período 2014-2017 cada convenio era por unos cien millones de lempiras ($4 millones), lo que sumaría miles de millones de los que no hay rastro.
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Cambios de domicilio, direcciones falsas…
Expediente Público realizó un recorrido por varias direcciones de oenegés que participaron en el programa “Techo saludable”, obtenidas a través de una solicitud de información a la Secretaría de Gobernación y Justicia y Descentralización, y confirmó que en muchos casos los datos que tienen las autoridades son falsos o están desactualizados.
También corroboró algunas incoherencias entre el discurso oficial y el de algunos miembros de las organizaciones que sí fueron localizados.
Una directiva de una oenegé confirmó lo que en Sedesol han dicho, que la llamaron directamente de esa secretaría para ofrecerles un convenio, pero aseguró que sí ejecutó los fondos.
“A mí me molestó que el señor Cardona salió diciendo que nosotros nos habíamos robado ese dinero y no es así, el trabajo está hecho, lo que nosotros necesitamos es que nos vayan a revisar el trabajo de campo, nos reciban y nos abran plataforma para poder subir todo”, dijo la fuente consultada, quien aseguró que el gobierno aún le debe el 25% del convenio.
“Los que hemos hecho el trabajo como es, son a los que están ellos más bien fregando, porque ellos piensan que toda la gente que trabajó es que era nacionalista y que hicieron corrupción”, agregó.
Las declaraciones del apoderado legal de otra oenegé fueron también bastante parecidas, en el sentido de que se les estaba poniendo “en el mismo saco”.
Carlos Hernández recordó que, en el gobierno anterior, el ahora exministro Ebal Díaz dijo que iban a cancelar la personería jurídica a varias instituciones, aunque al final no hicieron nada.
Afines al partido de Xiomara Castro
“Ese más bien es un peligro que ahora vemos, porque en el afán de querer reducir el espacio cívico pueden quitar las personalidades jurídicas de asociaciones que son legítimas y dejar asociaciones que no son legítimas”, indicó.
Recordó que durante la elección de la Junta Nominadora para la selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia hubo organizaciones que no reunían los requisitos para participar, “pero como eran afines al partido en el poder, las habilitaron”.
La sociedad civil es una de las siete organizaciones integrantes de la Junta Nominadora.
En cambio, de Foprideh dijeron que estaba siendo investigada, “cuando Foprideh nunca en la historia ha usado recursos públicos”.
Convino en que era necesario eliminar oenegés creadas solamente para administrar recursos públicos, “pero hay que tener mucho cuidado también porque pueden aprovechar esto para tratar de eliminar algunas organizaciones beligerantes”, finalizó.
