* Preocupación y temor en sociedad civil de que se elijan magistrados sin cumplir criterios de evaluación y que TSC sea instrumentalizado para perseguir a miembros de la oposición.
Expediente Público
La convocatoria de la Comisión Permanente del Congreso Nacional al proceso de nombramiento de los nuevos magistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para el período 2023-2030 ha generado preocupación en representantes de sociedad civil que califican este hecho como una jugada política propia de regímenes autoritarios.
Esta comisión, en funciones mientras dure el receso legislativo, tiene como antecedente el polémico nombramiento el pasado 1 de noviembre del fiscal general y fiscal adjunto interinos en el Ministerio Público.
Después que los principales partidos políticos (Libre, Nacional, Liberal y PSH) no lograron ponerse de acuerdo para esa elección que requiere un mínimo de 86 votos, una comisión de nueve diputados decidió por miembros afines al Gobierno.
La convocatoria a los postulantes al TSC fue anunciada el pasado 21 de noviembre, día en que también fue nombrada una comisión especial para el nombramiento de los magistrados de un ente que es clave en la lucha contra la corrupción.
Entre los integrantes de la comisión especial están los diputados Angélica Smith y Rafael Sarmiento, a quienes Expediente Público consultó sobre aspectos del proceso de elección de los magistrados.
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“Ya nos informaron que hay varias autopostulaciones”, dijo Sarmiento; mientras que Smith, consultada sobre el cronograma, indicó que “luego se estará dando a conocer qué prosigue”.
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¿Quieren un TSC politizado?
El coordinador del Observatorio de Política Criminal del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), César Espinal, declaró a Expediente Público que ante el escenario actual y con el antecedente del Ministerio Público, se está orillando a nombrar de manera interina a los magistrados del TSC y sin cumplir criterios de evaluación.
Es de menciona que el CNA, que es un órgano de colaboración y apoyo del TSC, presentó en mayo de 2022 un anteproyecto de ley para la elección de segundo grado para funcionarios públicos, que busca garantizar la meritocracia en lugar de los favoritismos políticos.
“Para el CNA es un tema bastante preocupante en vista de que observamos que toda esa parálisis legislativa, el comportamiento de la clase política ha orillado a que no se cumplan plazos”, dijo.
El CNA pedía que se estableciera un proceso de elección de los magistrados del TSC dinámico y que tuviera una verdadera participación ciudadana, expresó Espinal.
De esa manera se hubiera procurado también una elección justa y enmarcada en principios que permitan elegir a personas idóneas y técnicas en el TSC, apuntó.
Piden respetar estándares de selección
Espinal fue invitado a uno de los conversatorios que la American Bar Association (ABA), este 28 de noviembre, con representantes de los partidos políticos, sociedad civil y medios de comunicación, sobre buenas prácticas en el proceso de selección de las autoridades del TSC.
Al igual que lo hizo con la Junta Nominadora de la Corte Suprema de Justicia en 2022, la ABA proveyó a representante del Congreso Nacional herramientas mínimas para el proceso de elección con base en estándares internacionales.
Aunque la primera etapa es la instalación de la comisión, esta es la única que se ha cumplido a la fecha, pero no se procedió a la elaboración de un cronograma de trabajo, definición del perfil ocupacional, elaboración de una matriz de evaluación y elaboración de preguntas para audiencias públicas.
En su intervención, el catedrático de la Universidad de Chile, Claudio Nash Rojas, consideró que la propuesta de la ABA cumple con el objetivo de aportar para evitar que haya corrupción en la selección de altas autoridades al dotar de objetividad “una decisión que puede tener amplios espacios de discrecionalidad”.
Comisión se excede en sus funciones
Para el director de Seguridad y Justicia de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), Kenneth Madrid, con la convocatoria para nombrar a los magistrados del TSC, la Comisión Permanente se está excediendo en las funciones que le otorga la Constitución ya que no tiene la facultad para hacer procesos de elección.
Esto se debe a que la Comisión Permanente esa convocando en un periodo extraordinario, con lo cual el pleno no votará por los tres magistrados, sino, será la misma Comisión Permanente que sólo está facultada para elegir a funcionarios de manera provisional.
De elegirse interinamente como se hizo con los fiscales, el 25 de enero, cuando inicie la legislatura ordinaria, los cargos “no se van a someter a votación y por lo tanto se quedarían de facto en sus puestos”, dijo la fuente.
Truco para escoger sin consenso
El plazo de los actuales magistrados finaliza el 7 de diciembre, pero las magistraturas del TSC no quedan vacantes si no hay sustitutos, ya que la ley orgánica del Congreso Nacional prevé su continuidad si el relevo no ha sido elegido.
Además, se pudo esperar a que se instalara la nueva legislatura para hacer esa elección.
Para Madrid, la única facultad que puede tener la Comisión Permanente es nombrar al representante de Libre en el TSC “porque es interino ante una falta absoluta”, ya que el anterior magistrado, Roy Pineda, renunció para integrar la Corte Suprema de Justicia.
Pero los otros dos magistrados deben continuar hasta que exista consenso, “por lo tanto este llamamiento que ha hecho la Comisión Permanente no es correcto”, reiteró.
Mencionó también que, en el anuncio de la comisión especial, integrada en su mayoría por diputados del oficialista partido Libre, se lee que es para el “nombramiento” de magistrados del TSC.
Esto es incorrecto porque no se nombran, sino, se eligen en segundo grado, “así que también ahí hay un error muy gráfico” por parte de la Comisión Permanente.
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Jugada política
Para Madrid, lo que está primando con la convocatoria de la Comisión Permanente para nombrar a los magistrados del TSC es una imposición, al no querer respetar que el Congreso Nacional no es el Poder Ejecutivo y que los funcionarios se eligen con los votos de cuotas partidarias que los habitantes dieron en las urnas.
“No hay respeto a la democracia, no hay respeto al Estado de derecho”, prosiguió Madrid, para quien se trata de un claro ejemplo de los regímenes cuando empiezan a abandonar la etapa democrática.
“Eso es lamentable porque vamos a seguir viendo acciones de estas”, sentenció en torno a lo que calificó como “un proceso de involución democrática” en que se encuentra el país, al grado que reconoció que está poniendo en duda que se realicen elecciones en 2025.
“¿Se imagina tres magistrados (en el TSC) del partido Libertad y Refundación?”, se preguntó también, para luego responder que estos se instrumentalizarían y se usarían como una herramienta para hacer persecución sobre enriquecimientos ilícitos y para generar pliegos de responsabilidad civil administrativo.
El TSC también pone en conocimiento del Ministerio Público actos o hechos con indicios de responsabilidad penal.
Tribunal necesario, pero no así
“Con esto yo no estoy diciendo que no hay que perseguir el delito”, aclaró, sino que “el miedo que tenemos como sociedad, que solo se vaya a perseguir a miembros de uno u otro partido” y que no se va a perseguir el delito de personas del partido Libertad y Refundación.
Según datos de 2023 del Foro Social de la Deuda Externa (Fosdeh), el 60.7% de los encuestados cree que la corrupción en Honduras ha empeorado, una percepción desalentadora que aumenta la predisposición a emigrar.
Para el caso, mencionó que el Ministerio Público, ahora que tiene a un fiscal general y un fiscal general adjunto interinos de un solo partido político, está siendo instrumentalizado y “estamos viendo requerimientos fiscales que son de índole político”.
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Una institución invisible
Una de las funciones del TSC es la de determinar el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos, pero a pesar de su rol determinante en la lucha contra la corrupción.
El exdiputado y analista Efraín Díaz Arrivillaga expresó que nunca ha tenido los recursos ni la independencia suficientes.
“Ha sido un órgano como muy invisible y su labor no ha conducido necesariamente a un control sobre el tema de la corrupción”, expresó.
Esto, en parte, por la falta de independencia que lo ha caracterizado.
