*El presidente guatemalteco Bernardo Arévalo incrementaría protección a quienes denuncien corrupción y evidenciará destino de los fondos del Estado.
**Existen dos propuestas para fortalecer la lucha contra la corrupción ante la posición complaciente de la fiscal general Consuelo Porras, aseguran expertos.
Marysabel Aldana / Expediente Público
El Gobierno de Guatemala busca alternativas a la lucha contra la corrupción después de un año de disputa con la fiscal general Consuelo Porras.
Una propuesta legislativa tiene como objetivo proteger a los denunciantes de corrupción, quienes a menudo se enfrentan a represalias, criminalización y amenazas por su valentía al exponer actos ilícitos, según Santiago Palomo, secretario de Comunicación Social de la Presidencia.
La segunda iniciativa que se enviará al legislativo se enfoca en la creación de un registro de beneficiarios finales de recursos públicos.
Esta medida busca identificar a las personas que, a través de testaferros o empresas de fachada, se benefician de manera ilícita de fondos públicos, informó Palomo a Expediente Público.
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“Esta iniciativa busca establecer un marco legal que garantice la seguridad de los denunciantes y prevenga cualquier tipo de represalia, creando un entorno en el que las personas puedan reportar irregularidades sin temor a represalias”, mencionó Palomo.
Según el funcionario, las medidas incluyen la creación de un sistema de protección confidencial para los denunciantes, la implementación de sanciones para quienes intenten intimidarlos y la promoción de incentivos para fomentar las denuncias.
“Esta iniciativa responde a una realidad en la que los denunciantes de corrupción suelen quedar expuestos y vulnerables, lo que limita su disposición para reportar irregularidades”, enfatizó Palomo a Expediente Público.
El analista político, Alejandro Benítez, comentó también a Expediente Público, que esta medida es un avance significativo, pero advierte que “la eficacia de esta ley dependerá de la voluntad política para implementarla”.
Además, depende de “la capacidad de las instituciones para garantizar su cumplimiento. Sin un sistema judicial sólido y una supervisión independiente, esta propuesta podría quedarse en el papel”.
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Registro de beneficiarios contra la corrupción
“El objetivo es desmantelar las redes de corrupción que han utilizado estas prácticas para ocultar la verdadera identidad de los responsables de desvíos millonarios”, mencionó Palomo.
El registro, según la propuesta, sería obligatorio para todas las entidades que manejen recursos públicos.
Las instituciones encargadas de supervisar su cumplimiento tendrían acceso a información clave que, hasta ahora, ha estado oculta bajo el manto de la opacidad, según Benítez.
La analista en temas de transparencia, Claudia Méndez, destacó a Expediente Público, que esta iniciativa podría ser un hito en la lucha contra la corrupción, pero también coincidió en que su éxito dependerá de la colaboración entre las instituciones.
“Es una propuesta ambiciosa, pero para que funcione es crucial que se acompañe de un sistema de monitoreo robusto y que se eviten interferencias políticas en su implementación”, afirmó Méndez.
Los constantes desafíos para Arévalo
“Ambas iniciativas se enmarcan en los esfuerzos del presidente Bernardo Arévalo por restablecer la transparencia en Guatemala”, comentó Palomo.
“Desde su llegada al poder, Arévalo ha impulsado políticas para combatir la corrupción, incluida su solicitud de renuncia a la fiscal general Consuelo Porras”, agregó.
No obstante, el gobierno de Arévalo ha enfrentado una fuerte resistencia por parte de sectores que se oponen a sus reformas, a criterio de Benítez.
“Los desafíos que enfrenta Arévalo, han limitado los avances en temas de transparencia y ha puesto de manifiesto los retos estructurales que enfrenta Guatemala en la lucha contra la corrupción, porque la fiscal general (Consuelo Porras) sigue a la sombra”, comentó Méndez.
El politólogo Javier Morales señaló a Expediente Público, que, aunque estas iniciativas son prometedoras, no serán suficientes si no van acompañadas de un cambio estructural en el sistema judicial y en las instituciones encargadas de su ejecución.
“El éxito de estas propuestas no depende solo de las leyes, sino también de la capacidad del Gobierno para generar consensos y superar los bloqueos institucionales”, afirmó Morales.
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Deslice para ver más información
Fiscalía mantiene tensión
El Ministerio Público (MP), a través de su oficina de comunicación social, informó a Expediente Público que respeta estas iniciativas, pero recordó que, según la Constitución Política de Guatemala, dicha fiscalía es el único ente encargado de la investigación penal en el país.
“Este pronunciamiento refleja la tensión entre el gobierno de Arévalo y el MP, una institución cuestionada por su falta de independencia en casos de alto perfil”, criticó Méndez.
Para los analistas, esta postura del MP subraya los desafíos que enfrentan las propuestas legislativas en su implementación.
Sin una reforma profunda en el sistema judicial, estas iniciativas podrían encontrar obstáculos en su ejecución y en la rendición de cuentas de quienes se resistan a su cumplimiento.
Un futuro incierto para la transparencia
“A pesar de las iniciativas de protección a denunciantes y de registro de beneficiarios finales, estas solo representan un paso importante hacia la consolidación”, mencionó Morales.
Sin embargo, los expertos coinciden en que estas medidas deben ser parte de un esfuerzo más amplio para fortalecer el Estado de Derecho, reiteró la fuente.
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Para Claudia Méndez el principal desafío radica en construir un sistema judicial confiable. “Estas propuestas son un inicio, pero el verdadero cambio requiere un compromiso sostenido por parte de todas las instituciones del Estado”, concluyó.
Por ahora, para Morales, el futuro de estas iniciativas dependerá de la capacidad del Gobierno para superar las barreras políticas e institucionales que limitan su implementación.
“En un país donde la corrupción ha dejado una profunda huella en la sociedad, estas propuestas ofrecen una luz de esperanza, pero el camino hacia una Guatemala más transparente sigue siendo largo y complicado”, finalizó Benítez.
