*En la primera entrega de este reportaje, Expediente Público visitó la comunidad de Las Marías, donde los indígenas pech pierden su territorio a manos de los ”terceros”, como llaman a esos grupos de hombres armados que invaden con ganado La Moskitia hondureña, poniendo también en peligro la mítica Ciudad Blanca.
**¿Qué hay detrás del negocio de la ganadería extensiva en la principal reserva natural de Honduras?
Expediente Público
El viaje aéreo entre la cabecera municipal del departamento de Gracias a Dios, Puerto Lempira, y la comunidad de Brus Laguna dura cuarenta minutos. Por lancha, el trayecto tarda unas diez horas. Desde las alturas, el paisaje habla de un paraíso natural, a simple vista se comprende porque esta selva es considerada el Amazonas centroamericano.
La pista de aterrizaje en la comunidad de Brus Laguna no es más que un potrero lodoso lleno de baches y piedras. El piloto de la aeronave está acostumbrado a trabajar bajo esas condiciones, «es lo que hay», comenta después de aterrizar, mientras un par de militares se acercan tímidos a revisar las maletas.
«Nosotros vamos donde nos manden», comenta a Expediente Público uno de los dos jóvenes soldados, mientras intenta escapar del sol, refugiándose en la terminal del aeródromo de Brus Laguna, una instalación totalmente en ruinas.
Los militares han llegado hace unos meses a La Moskitia hondureña, a esta región que es el principal punto de acceso de la droga en Centroamérica. Los soldados se ven desacostumbrados al calor y a la humedad de la zona, «nos mantenemos tomando energizantes, pero acá son muy caros», responde uno de ellos, mientras coloca su fusil a un costado.
El municipio de Brus Laguna se encuentra en la zona cultural de la Reserva de la Biósfera del Río Plátano, considerada por muchos investigadores como la segunda selva tropical más grande y biodiversa del hemisferio occidental.
Pero la riqueza natural de la biósfera enfrenta un nuevo fenómeno: la ganadería extensiva. Desde hace unos cuatro años, grupos de hombres armados empezaron a entrar la selva con miles de vacas; algunos compraron a cien dólares la manzana de tierra, otros simplemente cercaron las propiedades de los indígenas, quienes habitan la biósfera hace varios siglos.
¿Les ha tocado presenciar algo raro en la zona? Los jóvenes militares, ambos provenientes de dos de los barrios más marginales y peligrosos de Tegucigalpa, esquivan tímidamente su mirada, pero uno de ellos se anima a responder: «no, hasta ahora no hemos visto nada, todo tranquilo».
Al respecto de la poca presencia militar en el principal punto de acceso de la droga, Migdonia Ayestas, la directora del Observatorio Nacional de la Violencia (ONV-UNAH) comenta que esta ha sido históricamente una estrategia del Estado en su colusión con el narcotráfico, “cuando tenemos un expresidente extraditado por sus vínculos con el crimen organizado, hace que se repiense por qué los gobiernos no han tenido interés en movilizar más efectivos a esta zona”.
La narcoganadería se apodera de la selva
El estudio «Narcotráfico y Control de Tierras en Guatemala y Honduras», realizado por un grupo de investigadores académicos de Estados Unidos, señala que la ganadería en La Moskitia es realmente un mecanismo para lavar dinero, un control territorial para traficar droga.
De acuerdo a la investigación, la ganadería extensiva en la región también es parte de un contrabando de ganado que mayoritariamente encuentra su destino en México, generando un millonario mercado ilícito que las redes criminales de la región aprovechan como una oportunidad de lucro.
“Es evidente que estos grupos tienen que lavar su dinero, por lo que compran grandes extensiones de tierra que producen con agricultura o ganadería, provocando una gran deforestación”, agrega Ayestas.
Actualmente no existe un censo de cuánto ganado hay dentro de la Biósfera del Río Plátano. Sin embargo, algunos investigadores calculan que en esta zona se estarían criando alrededor de 65,000 reses, tomando en cuenta las cifras de la deforestación.
Lo que no cabe duda es que, en La Moskitia, el dominio de los narcos es prácticamente absoluto. Controlan a las autoridades, la economía y el territorio. Susurran algunos pobladores, que en Brus Laguna estos grupos incluso se encargan de pagar los viajes aéreos de los enfermos que necesitan ser atendidos en algún hospital de otro departamento del país. Pero ese tipo de «ayudas» conlleva una regla tácita: nadie puede hablar sobre ellos.
«Tienen oídos por todas partes», asegura un pescador del río Plátano.
De acuerdo a investigaciones estadounidenses, las redes hondureñas como los Cachiros y el Cartel del Atlántico han estado presentes en La Moskitia durante hace muchos años, utilizando sus conexiones políticas para facilitar el tráfico de cocaína en la región. Algunos estudios indican que el mismo Tony Hernández, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández habría tenido propiedades en el municipio de Brus Laguna, donde solían recibir avionetas cargadas con droga.
Una prueba del dominio territorial de estos grupos es la construcción de centenares de kilómetros de vías clandestinas en las zonas más remotas de Olancho y Gracias a Dios, «narcocarreteras» que según medios hondureños son avaladas por el mismo gobierno hondureño, cuya pareja presidencial también es ganadera.
Un empleado gubernamental en La Moskitia, quien por razones de seguridad solicitó no mencionar su nombre, comparte su experiencia a Expediente Público.
«Trabajar en la zona es muy riesgoso, si uno investiga las carreteras ilegales, la pesca ilegal, los negocios ilegales, inmediatamente recibe amenazas. Hablamos que detrás hay grupos de poder, personas ligadas a diputados y a alcaldes. El problema es la debilidad de las instituciones, a uno no le dan ni la gasolina para movilizarse. Los técnicos no tenemos la forma de enfrentarlos. Han matado personas por defender el medioambiente».
El funcionario se refiere al ingeniero forestal Alexander González, asesinado a sus 33 años en 2014. Un crimen que evidenció los alcances de las mafias instaladas en La Moskitia, también la incapacidad del Estado de proteger a los defensores del territorio. Se trata de un delito olvidado hasta por los propios ambientalistas.
«El ejército tiene que entrar y sacar a las personas que invaden las tierras. Un líder indígena no puede ir a pelear contra un ganadero, lo van a matar. Tiene que ser un trabajo desde el Estado, pero en La Moskitia no ha cambiado nada con el nuevo gobierno», opina la persona entrevistada.
Migdonia Ayestas coincide con el exempleado del gobierno, y añade que el gobierno de Xiomara Castro debe ponerle nombre y apellido a los narcotraficantes que operan en La Moskitia, “además se debe de aumentar la presencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional de Honduras en la zona, así como elevar la calidad de vida de la población para evitar ser cooptadas por el crimen organizado”, explica.
La narcoganadería es cada vez más un patrón recurrente en las áreas naturales de América Central, desde Panamá hasta Guatemala. No solo ocurre en Honduras. Pero en el caso de La Moskitia, el territorio controlado por el narcotráfico también esconde una riqueza arqueológica de interés mundial: la mítica Ciudad Blanca.
Un poblador que se apresta a pescar en el río, murmura: «acá cerca hay una pista de aterrizaje de avión de los narcos, ahí encontraron bastantes piezas bien bonitas, de todos tamaños. Un cuñado mío trajo un pajarito de piedra de ahí, lo vendió por 13 mil pesos a un muchacho de Olancho».
Evidentemente, desde que el narcotráfico ganó terreno en la zona, las visitas turísticas desaparecieron en Las Marías, en esa pequeña comunidad indígena de origen pech que se encuentra en el corazón de la selva. Hace varios años el pueblo recibía a centenares de aventureros cada año, pero este número cayó drásticamente. Aun así, la comunidad mantiene un Comité de Ecoturismo.
Como director del comité, Mariano Lewis pregunta los detalles de la visita de la expedición. Tiene 68 años, pero aparenta mayor edad. De tez oscura, ojos claros y con una escasa dentadura, este hombre es hijo de una miskita y de un inglés que llegó a La Moskitia a buscar oro a principios del siglo pasado.
Para generar confianza, Geydy Rodríguez Wood explica en miskito su presencia: originaria de Brus Laguna cursa un doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), donde investiga la leyenda de Ciudad Blanca y la iconografía de las piezas arqueológicas encontradas en La Moskitia.
Después de una breve conversación, Mariano Lewis asiente y lleva a Rodríguez Wood a la casa de Dany Chavarría, uno de los ladinos del pueblo.
El saqueo
Después de escuchar con cierto recelo, Chavarría acepta la petición de Rodríguez Wood. Pero consciente que la ley penaliza a quienes se apropian del patrimonio histórico y enfatiza: «las piedras las trajimos de la montaña para protegerlas de los saqueadores».
¿Quiénes saquean los sitios arqueológicos? Los pobladores mencionan de nuevo a los terceros, a esos vecinos incómodos que controlan el comercio ilegal en la zona. «Ellos no tienen ningún arraigo cultural con el territorio», añaden.
Hace un par de años, Bernardo Torres presenció el saqueo de una numerosa cantidad de piezas desde una finca cercana a su aldea: «las encontraron los ganaderos, luego las montaron en mulas, otras a lomo. Yo quise traerlas, pero ellos no lo permitieron, tienen armas».
Los investigadores del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) explican que las redes de contrabando son complejas. Los objetos pueden salir de la selva en animales de carga, pero luego el negocio se sofistica.
Ronny Velásquez, antropólogo del instituto y catedrático de la Universidad Central de Venezuela, asegura que muchas piezas de La Moskitia ahora se encuentran en Inglaterra, Estados Unidos y en Japón. «Los saqueadores en las montañas las venden barato, pero afuera del país terminan valiendo mucho», afirma.
«Las carreteras ilegales dan lugar a la destrucción de los bosques, a la ganadería extensiva, al narcotráfico y ahora también al saqueo de piezas arqueológicas», añade Velásquez.
Pero no todos los compradores de las piezas son extranjeros. «He visto colecciones enteras en casas de políticos y empresarios. Recuerdo sobre todo la de la familia Goldstein -históricamente uno de los grupos económicos más poderosos del país-, ellos tienen anaqueles completos con esos objetos», comenta a Expediente Público un periodista que pidió mantener su anonimato.
El saqueo en La Moskitia se agudizó a partir de 2015, después que arqueólogos estadounidenses, National Geographic y el cineasta estadounidense Steve Elkins excavaran 120 piezas de la selva, anunciando junto al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández el «descubrimiento» de Ciudad Blanca.
«La mediatización convirtió la zona en un foco de atracción, pero no se crearon las condiciones necesarias de protección», señala a Expediente Público la antropóloga Gloria Lara Pinto, quien hace algunas décadas estudió sitios arqueológicos en La Moskitia «que hoy están totalmente destruidos».
Los investigadores estiman que las piezas se encuentran en un rango de 42 mil Km2. «Ciudad Blanca es el mito de una ciudad fabulosa escondida en la selva, pero realmente lo que hay son cientos y cientos de sitios arqueológicos en esa región, es decir, cientos de Ciudades Blancas», explica Lara.
El Estado hondureño apenas tiene inventariados 504 piezas provenientes de la zona, almacenadas en la Fundación Kaha Kamasa, un centro de investigación adscrito a la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACIT), un ministerio que no tiene ningún peso en el gobierno.
Pero la cantidad de objetos registrados es insignificante. La falta de interés de las autoridades impide que los investigadores realicen más expediciones para estudiar y rescatar las piezas. Sin presupuesto es imposible acceder a la selva, el ejército presta los helicópteros, pero el IHAH no puede ni pagar la gasolina. Con estas dificultades, las últimas visitas oficiales las realizaron en 2018.
«La zona está inundada de piezas», comenta Chavarría, quien asegura ubicar cuatro sitios arqueológicos que nadie más conoce: «hace tres años los encontré por casualidad. Yo les llamo los cuatro cementerios. Ahí hay muchos objetos. Si nos apoyan, vamos ir a traerlos. Pero estamos en contra de que se lleven las piezas a Tegucigalpa o a Catacamas, es una riqueza que nosotros le podemos sacar provecho, porque acá estamos olvidados». Su deseo es montar un museo en Las Marías.
Las historias abundan. Edilberto Gutiérrez Lafitte se sienta en el comedor del pueblo. De ojos azules y barba blanca, este buscador de oro dice que halló unas tumbas al interior de la selva: «me topé con una gran cantidad de piedras, todas de un mismo tamaño y figura, amontonadas alrededor de una enorme piedra tallada. Yo creo que son tumbas. Hay mucha belleza en las montañas, pero tal vez ya saquearon las piedras de mayor valor».
Algunos habitantes intentan ganar algo de dinero. «Estas las hallé trabajando, cuando las saqué con la pala se me quebraron un poco. ¿Ustedes quieren comprarlas?», pregunta una campesina. En sus manos muestra unos pequeños objetos de cerámica con forma de incensarios.
Un grupo de soldados caminan cansados por las veredas de tierra de la comunidad de Las Marías, donde se encuentra uno de los dos destacamentos que hay en la zona. La presencia militar en la zona es raquítica, incapaz de manejar los problemas, “ellos tendrían que desalojar a los invasores, pero no hacen nada”, exclama una indígena miskita.
En la tercera y última entrega de este reportaje, Expediente Público abordará los hallazgos encontrados hasta ahora en la Ciudad Blanca, en este tesoro mundial que se encuentra en peligro, entre el narcotráfico y la desidia del Estado hondureño.
