*Gobierno de Juan Orlando Hernández está intentando dejar protegidos financieramente con prestaciones y con cargos en organismos políticos a personeros de confianza. Es el caso de Lisandro Rosales, a quien le “cancelaron” como canciller a partir del 27 de enero, cuando asume la presidenta Xiomara Castro.
**Ley del Servicio Civil de Honduras prohíbe y considera ilegal las prestaciones a los secretarios y subsecretarios de Estado y sus empleados de confianza.
***La eventual integración de Juan Orlando Hernández al Parlamento Centroamericano no le asegura inmunidad ante posible extradición a los Estados Unidos por cargos de narcotráfico, de acuerdo a analistas.
Expediente Público
El aun canciller de la secretaria de Relaciones Exteriores de Honduras, Lisandro Rosales, ha recibido fuertes críticas luego de exigir sus prestaciones y derechos laborales, tras que se divulgara en las redes sociales la cancelación de su cargo por parte de la Presidencia de Juan Orlando Hernández (JOH), quien lo pretende beneficiar con prestaciones sociales que la legislación laboral veta a los altos funcionarios en cargos de confianza en el Estado.
El acuerdo de su cancelación del cargo fue firmado el 28 de noviembre pasado y será efectivo a partir del día 27 de enero del 2022 y publicado en “La Gaceta” el diario oficial de la República ese día. El hecho que a Rosales se le «cancele» como canciller el día que Xiomara Castro asume la Presidencia de Honduras, evidencia un protectorado del aun mandatario Hernández con personeros de su círculo de fieles, de acuerdo a analistas consultados por Expediente Público.
Esta acción ha provocado indignación y repudio en parte de la población hondureña debido a que, según el artículo 3 de La Ley del Servicio Civil, las prestaciones sociales no son derechos aplicables para un grupo de servidores públicos, entre ellos los funcionarios de confianza como el canciller.
Rosales fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores por el presidente Juan Orlando Hernández mediante acuerdo ejecutivo del 27 de enero del 2018.
De hecho, actualmente ocupa dos cargos ya que desde el 2017 es director general del Sistema de Emergencia 911, ministro de Desarrollo e Inclusión Social y fue cónsul de Honduras en Nueva York, Estados Unidos (2014).
«Deben despespedirnos con nuestros derechos adquiridos conforme a la Ley del Trabajo», alegó el canciller Rosales en una entrevista el 10 de enero del 2021.
El economista y diputado electo del Partido Libertad y Refundación (Libre), Hugo Noé Pino expresó a Expediente Público que las prestaciones laborales que se piensa dar a los ministros, viceministros, presidentes y directores de organismos descentralizados del Estado se podrían catalogar “como un abuso de autoridad”.
“La constitución señala claramente que los puestos de la administración pública de libre nombramiento por parte del presidente de la República, son cargos que se pueden renovar y remover en cualquier momento”, expresó.
Cuestionó que un gobierno criticado por su falta de transparencia termina sus funciones recompensado con millones de lempiras a muchos funcionarios de cargos públicos.
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Pino explicó que los alegatos de los exfuncionarios de JOH son basados en un decreto aprobado por el Congreso Nacional (Parlamento), pero que ninguna ley secundada se encuentra por encima de la Constitución, que prohíbe tales indemnizaciones.
“Desde el punto de vista legal y ético, lo que están haciendo es algo que el pueblo hondureño repudia y deberían de pensar o tener conciencia de que ese repudio también fue expresado en las urnas el pasado 28 de noviembre”, expresó el diputado electo. En las elecciones nacionales pasadas, el Partido Nacional perdió las elecciones frente a la alianza encabezada por Libre.
Leyes prohíben beneficios a altos funcionarios
Por otro lado, el economista del Foro Social de la Deuda Externa (FOSDEH), Ismael Zepeda explicó a Expediente Público que los derechos adquiridos van en conformidad al Código del Trabajo y dentro de la administración pública se encuentra definida la parte técnica y operativa de las instituciones que tienen acceso a prestaciones, así como a la acumulación de pasivos laborales.
“En un cargo como el de Lisandro Rosales, pedir prestaciones no es permitido, no es legal porque no están regidos por el servicio civil y tampoco por la misma Ley de la Administración Pública y no acumulan pasivos laborales”, mencionó Zepeda.
¿Inmunidad en el Parlacen?
Tras el fin de su mandato presidencial el próximo 27 de enero, Hernández entraría a formar parte del Parlamento Centroamericano (Parlacen), como lo estipula el Tratado Constitutivo del citado foro en el artículo 2 de la integración que conforma el parlamento. Hernández en reiteradas ocasiones ha expresado que cuando deje de ser presidente de inmediato asumirá la diputación en el Parlacen.
Tras el juicio de su hermano Juan Antonio Hernández en una corte de Nueva York, donde fue condenado a cadena perpetua más 30 años por trasladar cocaína a los Estados Unidos, el presidente Hernández fue señalado por complicidad al cartel de Los Cachiros, hecho que ha causado especulaciones sobre una futura acusación y socilitud de extradición por parte de Estados Unidos.
En una entrevista al medio internacional EL PAÍS el mandatario afirmó que su integración al Parlacen no es para asegurar inmunidad en caso de ser reclamado por el gobierno estadounidense, sino porque según el tratado del organismos regional permite que al terminar el mandato los presidentes puedan incorporarse a la institución política.
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El analista político Rafael Jerez explicó a Expediente Público que el Tratado Constitutivo del Parlacen y su reglamento contienen disposiciones de la inmunidad a sus parlamentarios.
“Los diputados del Parlamento (Centroamericano) tienen la misma inmunidad que poseen los legisladores de los países de los que provienen esos diputados, (por tanto) Hernández tendría la misma inmunidad de un diputado hondureño, digamos que en estricto derecho sí tiene inmunidad”, informó.
Asimismo, explicó que en caso de que Estados Unidos solicitara la extradición del mandatario se realizaría un procedimiento y dependería de dónde se encuentre Hernández físicamente.
“Hay argumentos en derecho que harán engorrosa la extradición, pero hay elementos que demuestran que han iniciado procesos de esta naturaleza aun cuando hay inmunidad en el Parlacen”, explicó Jerez.
Por otro lado, el periodista Jeff Ernst por medio de su cuenta de Twitter explicó que la integración de Hernández como diputado al Parlacen no lo protegería de una posible extradición a los Estados Unidos.
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Entre algunos puntos planteados explicó que ante la ley de los Estados Unidos la integración al Parlacen no le concede ninguna inmunidad.
Asimismo, hizo mención al caso del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, quien fue arrestado en Florida en el año 2017 siendo diputado del Parlacen y posteriormente extraditado hacia Panamá para enfrentar cargos de corrupción.
Como conclusión, afirmó que no existe ley o tratado internacional o nacional que impida la posible captura y extradición de Hernández en Honduras, pero la influencia del mandatario en el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia podría protegerlo mientras los mandatos de los mismos continúen.
¿Nicaragua como posible refugio?
Juan Orlando Hernández fue uno de los tres presidentes que estuvieron el 10 de enero en la toma de posesión de Daniel Ortega para un cuarto mandato consecutivo en el Gobierno de Nicaragua. El canciller Lisandro Rosales acompañó a Hernández.
«Se quiere coraje para estar presente aquí en Nicaragua», señaló Ortega para exaltar a Hernández, quien ocupó sitios preferenciales en la tarima del acto en Managua, la capital nicaragüense, junto a los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel y de Venezuela, Nicolás Maduro.
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Hernández se muestra como un aliado político pero también de los negocios de los regímenes de Ortega y Maduro, tal como lo reveló la investigación de Expediente Público de la forma en que políticos y empresarios, dirigidos por el nicaragüense Francisco «Chico» López, quien dirige la empresa Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa) han logrado montar una red de negocios en Honduras que cuenta con la protección del gobierno, sus socios de bajo perfil y su círculo familiar.
El traspaso de los negocios de Albanisa de Nicaragua a Honduras buscarían evadir las sanciones que Estados Unidos impuso por corrupción y lavado de activos a la empresa así como a López, exponiendo al Estado hondureño a ser afectado por esas sanciones.
En cuanto a la duda planteada sobre una posible extradición y Nicaragua como posible refugio para Juan Orlando Hernández, el analista político Jerez expresó que podría ser una posibilidad debido a las relaciones, apoyo y visitas al país nicaragüense.
“Es muy notorio que hay un interés político personal de Hernández al sostener una relación con Nicaragua debido a las acusaciones que ha enfrentado y las especulaciones sobre un proceso en su contra”, expresó.
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Asimismo, el periodista Jeff Ernst en sus redes sociales explicó que según la Convención de Viena en los artículos 9 y 31, un diputado del Parlacen no podrá ser detenido en un estado parte que no sea de su origen, pero sí por cualquier razón y en cualquier momento, podría ser declarado persona no grata en un país y por lo tanto expulsado.
“Si Juan Orlando Hernández estuviese en Guatemala, el gobierno chapín podría declararlo persona no grata y así ordenar su expulsión o esperar que su inmunidad sea retirada. Ahí es donde entra Nicaragua, quizás es el único estado parte que podría rehusar expulsarlo”, expresó vía Twitter.
