**Cinco salvadoreños, incluyendo tres funcionarios cercanos al presidente y dos exfuncionarios del FMLN, aparecen en una lista en las que se le vinculan con corrupción y narcotráfico.
**Las amenazas de sanciones sobrevuelan El Salvador en el punto más bajo de la relación bilateral con Washington.
Expediente Público
Martha Carolina Recinos de Bernal, la Comisionada Presidencial de Operaciones de Gabinete de Gobierno, en la práctica la jefa de gabinete del presidente salvadoreño Nayib Bukele y su colaboradora cercana por más de una década, fue incluida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos (EE.UU.) en una lista de funcionarios vinculados a presunta corrupción.
Recinos de Bernal encabeza un listado de cinco salvadoreños que aparecen en una carta remitida al congreso estadounidense por el Departamento de Estado este 17 de mayo, y que fue difundida en El Salvador.
La misiva la firma Naz Durakoglu, asistente interino del Secretario de Estado, Antony Blinken, para asuntos legislativos.
Hasta el cierre de esta publicación, no había reacción de Recinos al anuncio. Junto a ella aparece el exministro de Seguridad Pública, Rogelio Rivas, destituido por Bukele en abril pasado, así como el vicepresidente de la Asamblea Legislativa y aliado del presidente, Guillermo Gallegos Navarrete, el líder visible del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), que llevó al mandatario a la Presidencia en 2019.
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Además el listado lo completan dos exfuncionarios del gobierno de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019): José Luis Merino, exviceministro de Relaciones Exteriores, y Sigfrido Reyes, expresidente de la Asamblea Legislativa y expresidente de la Agencia de Promoción de Inversiones (PROESA), ambos reconocidos exdirigentes del partido izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Merino ha sido la cara visible del conglomerado Alba Petróleos, vinculado a Venezuela, investigado por lavado de dinero por la Fiscalía salvadoreña.
El presidente Bukele reaccionó con un tuit, en el que parece molesto, porque no se incluye en el listado a ningún exfuncionario de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), el partido de derechas que gobernó El Salvador entre 1989 y 2009.
“Dicen los ‘amigos’ que ya revisaron bien todos los archivos e información que tienen y que en ARENA no hay corruptos, NI UNO SOLO. Que tal vez vuelvan a revisar en el futuro, pero que creen que todos son santos. Por eso es que insisten que los regresemos al poder, por santos”, escribió Bukele en su cuenta de Twitter.
Los señalamientos
El listado del Departamento de Estado estadounidense señala a Carolina Recinos de Bernal como “involucrada en significativos actos de corrupción durante su periodo en el cargo”.
La funcionaria ha sido señalada en varios medios de comunicación por tráfico de influencias, supuestamente, al haber favorecido a sus hermanos en varios negocios y créditos estatales.
Recinos es una antigua militante del partido político FMLN que se convirtió en una estrecha colaboradora de Bukele, desde que éste fue alcalde en 2012 de Nuevo Cuscatlán, un pequeño municipio en el departamento de La Libertad, vecino de la capital San Salvador.
Recinos es una de las funcionarias más relevantes del gobierno salvadoreño, una vocera habitual ante medios de comunicación y el cuerpo diplomático.
Los vínculos de José Luis Merino
El segundo del listado es José Luis Merino, descrito en el documento del Departamento de Estado como “financista del FMLN, involucrado en actos de corrupción significativos durante su periodo en el cargo”.
No es la primera vez que Merino aparece en una “lista negra” estadounidense. En mayo de 2019 fue incluido en una lista de 11 funcionarios señalados de corruptos salvadoreños, entre los que figuraban los expresidentes Antonio Saca (2004-2009) y Mauricio Funes (2009-2014), actualmente refugiado en Nicaragua con protección del régimen del sandinista Daniel Ortega.
Merino fue mencionado como beneficiario del esquema de Alba Petróleos, un consorcio del cual el gobierno venezolano es propietario en un 60% a través de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
Alba Petróleos movilizó cientos de millones de dólares en El Salvador, creó un conglomerado empresarial que luego fue intervenido por la fiscalía salvadoreña por lavado de dinero. Actualmente todas sus operaciones en el país centroamericano están congeladas.
Merino también fue mencionado en los documentos del Departamento de Estado como presunto traficante de armas para la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y su nombre figuró en las computadoras de Raúl Reyes, el comandante de ese grupo armado abatido en un bombardeo en la frontera con Ecuador.
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El expediente de Rivas
El tercer personaje del listado es Rogelio Rivas, hasta abril pasado ministro de Seguridad Pública salvadoreño y un personaje considerado muy cercano al presidente Bukele.
El documento del Departamento de Estado lo señala como “involucrado en actos significativos de corrupción al premiar a su propia constructora privada con contratos sin competencia ni licitación para construir estaciones de policía y otros edificios que estaban bajo su capacidad oficial e infló los costos de los materiales”.
Rivas fue destituido sorpresivamente en abril del 2021 y los medios de comunicación salvadoreños revelaron que su despido estuvo relacionado con una iniciativa de promoverse como candidato presidencial para 2024, algo que Bukele no avalaba.
Dos expresidentes de la Asamblea
Los otros nombres los completan dos expresidentes de la Asamblea (2916-2018), Guillermo Gallegos, de GANA, el partido aliado de Bukele, y Sigfrido Reyes, del FMLN.
El diputado Gallegos es hoy un fuerte aliado del mandatario y el 1 de mayo del 2021 fue electo como uno de los tres vicepresidentes de la actual legislatura. También es señalado por el Departamento de Estado como “involucrado en actos significativos de corrupción mientras ha estado en su cargo”.
Gallegos ha sido mencionado por varias irregularidades, incluida la entrega de 500 mil dólares de fondos públicos a una ONG de su esposa, cuando él presidía el parlamento entre 2016 y 2018. Ha sido exonerado de todos los procesos en los que ha sido denunciado.
El diputado Gallegos fue también un personaje muy cercano al expresidente Antonio Saca y el principal promotor de su candidatura presidencial en 2014, cuando quedó en tercer lugar.
Por su parte, Sigfrido Reyes, quien presidió la Asamblea entre 2011 y 2015, era uno de los personajes más reconocidos del FMLN durante la década que ese partido gobernó El Salvador. Luego dirigió la agencia estatal de promoción de inversiones y tras una serie de procesos judiciales por corrupción y lavado de dinero, huyó del país y recibió asilo en México.
Muchos de los señalamientos de corrupción contra Reyes involucran fondos de Alba Petróleos, ya que habría recibido dinero de ese conglomerado de su partido para la construcción de viviendas de lujo, según los señalamientos de la Fiscalía salvadoreña.
“Que el Departamento de Estado repita las infundadas y ridículas acusaciones que fabricó el defenestrado Fiscal Raúl Melara, no las convierte en verdad. Las ‘fuentes de confianza’ de la Embajada de Estados Unidos son sus mismos agentes en la Fiscalía que montaron esta perversa persecución junto a Melara”, reaccionó Reyes en Twitter.
Relación en punto bajo
La revelación del Departamento de Estado llega en el momento más bajo de la relación del gobierno de Joe Biden con la administración de Nayib Bukele.
El pasado 1 de mayo, la nueva Asamblea Legislativa controlada por diputados aliados al mandatario, destituyó al fiscal general y a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema.
Estados Unidos reaccionó llamando “inconstitucional” las destituciones y pidió revertirlas, algo que el gobernante salvadoreño ha dicho que no sucederá.
Este 17 de mayo el influyente senador estadounidense Patrick Leahy, demócrata, se refirió al enfriamiento de las relaciones y lanzó duras críticas a Bukele.
“Todos estos eventos han creado una crisis que podría tener profundas consecuencias para El Salvador y para las relaciones bilaterales entre El Salvador y Estados Unidos. Mi preocupación no es solo sobre las consecuencias para la democracia en El Salvador, sino también sobre lo que esto podría significar para la economía salvadoreña y la capacidad de los salvadoreños de ganarse la vida dignamente”, expresó el senador demócrata.
“La supresión de la democracia limita y niega a un pueblo desesperado y golpeado –por la pandemia de Covid19, dos huracanes en 2020 y la violencia y la extorsión de las pandillas– la esperanza de una vida mejor, lo cual genera la desesperación que motiva la migración a la frontera sur de los Estados Unidos”, dijo Leahy en el senado estadounidense.
Leahy también hizo advertencias claras al gobierno salvadoreño sobre el financiamiento internacional y la cancelación de visados estadounidenses a funcionarios.
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Panorama gris para El Salvador
“El Salvador es un país soberano e independiente y el presidente Bukele fue elegido democráticamente. Bukele toma sus propias decisiones. Pero las decisiones que él y sus aliados toman en la Asamblea Legislativa, las cuales están destruyendo las instituciones democráticas de El Salvador y empoderando de nuevo a las Fuerzas Armadas, tienen consecuencias en las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador”, afirmó el senado Leahy en su intervención.
“Tienen consecuencias en nuestros programas de ayuda y en nuestro apoyo para financiar a El Salvador a través del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM). También tienen consecuencias en nuestras relaciones comerciales y en la emisión de visas”, subrayó Leahy.
No es la Lista Engel
El listado de funcionarios y exfuncionarios salvadoreños señalados de actos de corrupción divulgado este lunes por el Departamento de Estado no corresponde a la llamada Lista Engel, que podría incluir también a los involucrados en las destituciones de los magistrados José Armando Pineda, Carlos Avilés Velásquez, Aldo Enrique Cáder, Carlos Ernesto Sánchez, Marina Marenco y el fiscal general Raúl Melara.
La «Lista Engel» viene de un mandato del Congreso al gobierno de EE.UU. como herramienta útil para el combate de la corrupción, la migración y el narcotráfico desde la región centroamericana. El listado debe contener políticos de Guatemala, El Salvador y Honduras, que supuestamente estén involucrados en casos de corrupción y en el socavamiento de las instituciones democráticas. Posteriormente estas personas serán sancionadas por el Gobierno estadounidense.
Nayib Bukele fue electo presidente de El Salvador en 2019 con el 53.1 por ciento de los votos válidos y desde los comicios legislativos de febrero de este 2021, obtuvo control de la mayoría de poderes e instituciones de su país, despertando la alerta de organizaciones, países y foros internacionales que advierten una deriva autoritaria y declive democrático en la pequeña nación de Centroamérica.
