*La Ley Electoral establece que las Juntas Receptoras de Votos (JRV) estarán conformadas por un presidente y dos miembros, teniendo cada uno su respectivo suplente, quienes tienen la atribución de realizar el escrutinio de votos.
**El conteo de los votos prácticamente estará a cargo del Frente Sandinistas de Liberación Nacional (FSLN) y del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), dos organizaciones políticas cómplices que en el pasado se repartieron los cargos en los poderes del Estado.
***El analista político Eliseo Núñez afirmó que se trata de un “modelo de fraude diferente” que garantiza la permanencia de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el poder.
Expediente Público
Este 31 de octubre, 80,754 miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) tomaron posesión de sus cargos. Son estructuras que por ley quedaron mayormente conformadas por partidarios del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido en el gobierno que contará en solitario los votos de las elecciones del 7 de noviembre en las que Daniel Ortega y Rosario Murillo buscan una reelección para permanecer en el poder hasta 2026.
Las JRV son el cuarto eslabón en importancia dentro de la estructura del Poder Electoral y están conformadas por un presidente o presidenta y dos miembros, teniendo todos ellos su respectivo suplente, que son nombrados por el Consejo Electoral Municipal (CEM) que toma en cuenta el resultado de la elección anterior, que en este caso favorece al FSLN, partido en el poder desde 2007 y acusado de múltiples fraudes electorales desde 2008.
Por ley, los partidos que hayan alcanzado el primero y segundo lugar en los pasados comicios generales, celebrados en 2016, llevan ventaja en la escogencia de presidentes y primeros miembros, con sus respectivos suplentes.
Los cargos fueron repartidos entre el FSLN, que obtuvo anteriormente el 72.4% de los votos y se quedó con la mayoría de designaciones, y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) que se convirtió en la segunda fuerza política del país tras unos comicios marcados por la elevada abstención.
Para el politólogo Pedro Fonseca Herrera, investigador del observatorio independiente Urnas Abiertas, en el actual contexto electoral que se desarrolla bajo un clima de represión, violación a los derechos humanos y persecución política, las JRV solo son el “medio” que forman parte del “circo” electoral de Ortega y Murillo.
“Las Juntas Receptoras de Votos en el año 2021, en este proceso electoral, no son más que un medio para que el partido de gobierno alcance su fin que es legitimar una vez más un triunfo electoral, que tiene de todo menos de triunfo, pero que le hace garante del poder político en el país”, dijo Fonseca Herrera a Expediente Público.
El segundo miembro y su respectivo suplente se designaron de las otras ternas que, para tal efecto, presentaron las otras organizaciones políticas colaboracionistas.
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En Nicaragua el partido de gobierno mantiene un control absoluto del sistema electoral, desde las JRV, los Consejos Electorales Departamentales, Regionales y Municipales y el mismo tribunal electoral que está integrado por magistrados fieles al Frente Sandinista.
Todo lo anterior provoca que la administración electoral esté, además de partidizada, dependiendo del oficialista FSLN y sus partidos colaboracionistas inscritos en la contienda electoral.
“Asumo también que hay intereses de por medio, por lo general, todos sabemos cómo funciona esta relación compra-venta que es clientelista por parte del gobierno y del Estado, por lo tanto, yo creo que las personas que conforman estas Juntas Receptoras son personas que reciben algún beneficio de ello, que tienen algún interés, por lo general, económico y que lamentablemente no cumplen su función de Junta Receptora de Voto, porque ni siquiera van a recibir votos”, agregó Fonseca Herrera.
Para este proceso electoral se habilitaron 13,459 JRV. Según el calendario electoral, el 7 de octubre fue el último día en el que los partidos presentaron sus ternas y el 14 de ese mismo mes se hizo el nombramiento, pero tomaron posesión a finales del mes.
Con la reforma electoral del 5 de mayo, las JRV quedan conformadas atendiendo el “principio de alternancia y equidad de género, de tal manera que cincuenta por ciento sea presidido por mujeres y cincuenta por ciento sea presidido por hombres”.
En Nicaragua existen 85 municipios donde el número total de JRV es impar, y en estos casos el artículo 26 de la Ley Electoral mandata que, donde por esta circunstancia no es posible lograr la misma cantidad de hombres y mujeres, se nombrará la mitad más uno a favor de las mujeres.
Igual repartición de los CED, CER y CEM
Los cargos de presidentes y primeros miembros de los Consejos Electorales Departamentales y Regionales (CED/CER) también fueron repartidos entre el FSLN y el PLC, porque la Ley Electoral establece que deben ser “designados alternativamente entre los partidos políticos que hubiesen obtenido el primero y segundo lugar en las últimas elecciones generales que se hayan celebrado”.
Urnas Abiertas, que ha dado seguimiento al proceso electoral, en su informe del mes de junio, advirtió que FSLN ya había acaparado estos cargos y pasaría igual con las JRV.
Los CED/CER son organismos electorales que ejercen la representación de la administración electoral en los departamentos y regiones autónomas respectivas con el fin de organizar y guiar el proceso electoral en dichos territorios y estos nombran a los CEM.
“La presidencia de dichas estructuras se distribuyó, según consultas ciudadanas hechas por Urnas Abiertas, en 10 al partido oficialista FSLN y 7 al PLC, y el primer miembro en 10 al PLC y 7 al FSLN”, denunció en su informe el organismo de la sociedad civil.
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Para el investigador de Urnas Abiertas en el actual contexto, Ortega enterró totalmente el principio de elecciones libres, justas y transparentes.
“Esto es lo que básicamente se le llama la partidización de las estructuras políticas o las estructuras del Estado, que también ha sido uno de los recursos principales del régimen para lograr el control que tienen. Esto es gravísimo sobre todo porque estamos hablando de un proceso electoral”, señaló Fonseca Herrera.
¿Qué funciones tienen las JRV?
El artículo 28 de la Ley Electoral establece las atribuciones de los miembros que conforman las JRV.
Los integrantes de las JRV verifican las credenciales de sus miembros, fiscales de partidos o alianzas participantes y demás miembros acreditados en cada junta.
Además, son ellos quienes verifican que las y los ciudadanos se encuentren registrados en la lista definitiva del Padrón Electoral y garantizar el ejercicio del sufragio.
Entre otras de sus funciones los miembros de las JRV, que en el actual contexto electoral están dominadas por el partido de gobierno, según la ley son quienes garantizan que los votos sean depositados en la urna o urnas correspondientes y realizan el “escrutinio”.
El escrutinio inicia una vez terminadas las votaciones y firmada el acta de cierre, en el mismo local de la votación, a la vista de los fiscales acreditados.
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Para este proceso se acreditaron 163,877 personas entre fiscales propietarios y suplentes para las 13,459 Juntas Receptoras de Votos del país, según información del CSE.
“El partido de gobierno sabe que si no fuese de esta forma los resultados serían completamente distintos, si no fuese de esta forma el partido de gobierno tendría que entregar el control y el poder político del Estado hacia otras estructuras y eso es lo que precisamente se quiere evitar”, insistió Fonseca Herrera.
El Padrón Electoral de este año está conformado por 4,478,334 ciudadanos nicaragüenses habilitados para votar, según información oficial.
El 26 de octubre 2021, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la “Ley especial para la vigencia de las cédulas de identidad vencidas”, con el objetivo de que las personas puedan ejercer su derecho al voto, “sin ningún impedimento”, pero en la actualidad se desconoce cuántas están en manos de la población, debido al hermetismo del CSE.
Acciones del “fraude”
Para el analista político Eliseo Núñez, existe todo un andamiaje sobre el cual se ha venido construyendo la ruta para el fraude electoral desde el Consejo Supremo Electoral (CSE), un tribunal dominado por magistrados sandinistas.
Una de las acciones encaminadas a la construcción de ese fraude es la disminución de los Centros de Votación, mencionó Núñez.
El 7 de julio los magistrados aprobaron las demarcaciones y ubicaciones de los Centros de Votación, donde funcionarán las Juntas Receptoras de Votos (JRV).
Para estas elecciones el CSE demarcó 3,106 centros de votación y según cálculos que hicieron organizaciones políticas se omitieron 1,203 de un total de 4,309 que se habilitaron en las últimas elecciones municipales de 2017.
El analista político explicó a Expediente Público que esa disminución de aproximadamente un 25% tiene como finalidad aparentar “mayor afluencia de votantes a ciertos Centros de Votación”, eso le permitirá al régimen “registrar en imágenes una participación mayor a la esperada”.
Por otro lado, la eliminación de los centros permitirá “alejar de los núcleos tradicionalmente opositores los Centros de Votación con el fin de evitar no solo el voto de estos, si no cualquier capacidad de protesta que puedan tener”.
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La reducción de la campaña electoral, en clara violación a la Ley Electoral, también tiene un claro objetivo, dijo Núñez.
La campaña electoral en el país centroamericano comenzó 35 días después de la fecha prevista. El 11 de agosto de 2021, el CSE emitió una certificación informando que sus magistrados acordaron “trasladar la fecha de inicio del período de campaña electoral para el 25 de septiembre próximo”, concluyendo el 3 de noviembre.
Para Núñez ese acuerdo solo pretendía “reducir el margen de probabilidad de movilización electoral para evitar cualquier tipo de protesta que pudiese causar un efecto dominó, facilitar la participación de los partidos colaboracionistas del régimen y reducirles así el gasto con lo que el sobrante de los reembolsos será mayor y por tanto representará una mejor recompensa”.
“Nos enfrentamos a un modelo de fraude diferente, es un modelo que no solo garantiza la permanencia en el poder del régimen, sino que sienta las bases para mostrar una aparente renovación del contrato social del país basado en los factores de participación, consentimiento de la población no sandinista y crecimiento económico”, agregó Núñez.
Aplazar comicios
El 27 de octubre de 2021, el observatorio ciudadano Urnas Abiertas exhortó al régimen a suspender y reprogramar las elecciones considerando “el desarrollo ilegal y fraudulento del proceso en su conjunto”.
Cualquier resultado de la elección del 7 de noviembre bajo estas condiciones no conducen a un “resultado que refleje la libre expresión de la voluntad popular como exigen los estándares democráticos”, agregó el observatorio.
Durante la presentación del informe “Nicaragua, elecciones 2021: Un plan doloso para acabar con la democracia”, expresaron que las votaciones están “viciadas de origen y, por tanto, ilegítimas”.
Urnas Abiertas apeló a que las elecciones sean “convocadas y organizadas conforme a derecho y a los principios internacionalmente aceptados”, que sean comicios que puedan contar con la presencia de misiones nacionales e internacionales de observación electoral calificadas.
El CSE reemplazó la figura de observación por la de “acompañantes electorales” y para este proceso se acreditó a más de 170 que vienen a ejercer la figura.
La vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo confirmó que son grupos provenientes de “Abjasia, Bélgica, España, Francia, Reino Unido, Irlanda, Italia, Osetia del Sur, Rusia (…) Argentina Canadá, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, y Trinidad y Tobago”.
Kevin Casas-Zamora, secretario general del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), organización que colaboró con Urnas Abiertas en la elaboración del informe, señaló durante la presentación del mismo que no hay ninguna duda que las elecciones son “ilegitimas”.
“Lo que ha pasado y que está pasando en Nicaragua nos dice que nuestros instrumentos para defender la democracia están en un estado comatoso porque esto no es algo que está pasando ahora en Nicaragua, es algo que ha pasado a lo largo de 15 años, ha sido un proceso de degeneración sucesiva”, señaló Casas-Zamora.
Daniel Zovatto, director regional de IDEA Internacional, recordó que la elección se llevará a cabo con siete figuras de la oposición presas y tres partidos políticos eliminados de la contienda electoral por el CSE.
“Si toleramos esto, si permitimos esto, si le damos carta de impunidad a esta farsa electoral cualquier cosa, y subrayo, cualquier cosa podemos esperar a partir de ahora, es mucho lo que hay en juego en Nicaragua el 7 de noviembre, no es solamente lo que compete a Nicaragua”, insistió Zovatto.
El proceso electoral en Nicaragua ha sido poco transparente. El 23 de octubre pasado, el CSE confirmó que la empresa Inversiones Papeleras S.A. (Inpasa) fue la encargada de imprimir 5.3 millones de boletas, pero a la fecha no confirma de cuánto es el gasto.
Después de la resolución del 20 de octubre de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la situación de Nicaragua, el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony J. Blinken, reconoció que en Nicaragua se prepara una «elección que no es más que una farsa sin ninguna credibilidad” en la que Ortega procura “instaurar una dinastía autoritaria que no rinde cuentas al pueblo nicaragüense”.
Estados Unidos prometió más sanciones en respuesta a las fraudulentas elecciones del 7 de noviembre.
Eurodiputados llaman a no reconocer elecciones
Los eurodiputados del grupo político Renovar Europa, Javier Nart y Soraya Rodríguez Ramos expresaron su preocupación por el “deterioro acelerado” de la situación de los derechos humanos en Nicaragua antes de las elecciones programadas.
En un comunicado la organización política demandó la liberación incondicional de todos los presos políticos, opositores y precandidatos presidenciales, además el restablecimiento del Estado de derecho.
“Renovar Europa hace un llamado al Gobierno de Nicaragua para que permita el retorno seguro y garantizado de todas las personas exiliadas, para derogar todas las leyes oprobiosas y los cuerpos paramilitares que acosan diariamente al pueblo de Nicaragua”, señaló Renovar Europa.
El eurodiputado, Javier Nart, vicepresidente de la delegación para las relaciones con los países de Centroamérica de Renovar Europa coincide con otras voces de la comunidad internacional que califican el proceso como una “farsa”.
“Las elecciones en Nicaragua son una farsa, por eso la Unión Europea no debe reconocer su resultado, ni el parlamento, ni el gobierno fraudulento resultante. Este será el resultado de un proceso electoral defectuoso llevado a cabo bajo un estado de sitio de facto en el que la libertad de expresión, organización y movilización de las fuerzas de oposición ha sido prohibida y sus líderes y candidatos han sido privados de libertad”, señaló Nart.
Por su parte, la eurodiputada Soraya Rodríguez Ramos, coordinadora del Grupo Renovar Europa en el Subcomité de Derechos Humanos, añadió que el régimen “ha acotado, aún más, los espacios de libertad en Nicaragua”.
Para Rodríguez esa situación ha generado las condiciones para que las “elecciones no puedan ser libres, ni justas a través de la persecución activa de toda disidencia”.
“Más allá del proceso electoral, hay demasiada impunidad acumulada en Nicaragua, especialmente desde 2018. La Unión Europea no puede encubrir un proceso electoral ilegítimo, pero, además, el Consejo debe hacer uso de todas las herramientas de política exterior para exigir responsabilidades por las graves violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades nicaragüenses e instar a la liberación de presos políticos detenidos arbitrariamente”, puntualizó la eurodiputada Rodríguez.
Las elecciones se realizan bajo un clima de represión, violación de derechos humanos y persecución política que tiene su origen en abril de 2018, cuando los nicaragüenses protestaron contra unas reformas a la Seguridad Social. La represión de la Policía Nacional y de grupos paramilitares dejó un saldo de 328 personas asesinadas, más de 2 mil heridos y otros 108,000 exiliados.
