* Investigación de Freedom House detalla que 55 regímenes represivos en el mundo bloquean la libertad de desplazarse a sus opositores.
**Las dictaduras como la de Nicaragua son ejemplos de estas medidas coercitivas que van desde la anulación de ciudadanía, negación de documentos e impedir entrada o salida del país.
Expediente Público
“Al menos 55 gobiernos en todo el mundo restringen la libertad de movimiento para castigar, coaccionar o controlar a personas que consideran amenazas o adversarios políticos”, resumen un estudio de la fundación estadounidense Freedom House.
La investigación “Sin Entrada y Sin Salida: Controles Autoritarios sobre la Libertad de Movimiento”, indica que las nuevas cuatro principales tácticas de represión son la revocación de la ciudadanía, el control de documentos como el pasaporte, la negación de servicios consulares y la imposición de prohibiciones de viaje.
Las restricciones a la libertad de movimiento pueden ser una forma menos visible de control autoritario, revela el informe bajo autoría de Amy Slipowitz, Jessica White y Yana Gorokhovskaia.
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“A menudo (estas prácticas) son informales o impuestas de manera arbitraria, dejando a los afectados sin medios efectivos para impugnarlas. Además, estas restricciones suelen combinarse con otras formas de represión, como la confiscación de bienes, campañas de difamación y cargos penales falsos”, sostiene Freedom House.
Como consecuencia de estas restricciones existe una pérdida de estatus legal de la persona afectada, separación familiar, imposibilidad de acceder a oportunidades educativas o profesionales y el sufrimiento psicológico.
Control e imposición de miedo
Estas restricciones de movilidad a los opositores en los 50 países de estudio interfieren con la capacidad de las personas para expresar su disidencia y participar en el activismo a favor de la democracia. Además, se envía un mensaje a posibles críticos de los regímenes de que podrían enfrentar consecuencias similares.
Junto a la investigación documental, las autoras entrevistaron a 31 opositores de Bielorrusia, Nicaragua, India, Ruanda y Arabia Saudita, víctimas de esta forma de represión.
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“Los gobiernos democráticos deben buscar responsabilizar a quienes aplican estas tácticas y revisar sus propias políticas migratorias para asegurarse de que no contribuyan aún más al sufrimiento de quienes enfrentan restricciones coercitivas a su libertad de movimiento”, recomienda el estudio.
Castigo colectivo y daño emocional
También destaca el informe de Freedom House, que los familiares de disidentes enfrentan restricciones arbitrarias a su movimiento “como una forma de castigo colectivo, chantaje o intimidación”.
La investigación plantea especialmente el daño sicológico de este tipo de castigo a los opositores.
Los entrevistados compartieron el impacto mental y emocional de no poder entrar o salir de sus países de origen, por lo que muchos viven con una ansiedad constante por el bienestar de sus familias.
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El problema es que los controles de movilidad se suman a otras formas de persecución política transnacional. “Las personas enfrentan regularmente múltiples tácticas represivas al mismo tiempo”, se destaca.
A menudo sufren campañas de difamación o las catalogan como amenazas a la seguridad nacional, lo que puede desacreditar aún más su trabajo y afectar su salud psicológica.
El informe recoge el testimonio de un opositor de origen nicaragüense que afirmó que “es realmente doloroso” que sus familiares sean separados a la fuerza debido al apellido que los vincula.
“Mi hermano, que vive en EE. UU., tiene familia en Nicaragua, tiene hijos. Y solo por ser mi hermano, no puede regresar a ver a sus hijos en Nicaragua. Y sus hijos, que son mis sobrinos, no pueden viajar porque también llevan mi apellido”, según el testimonio.
Un entrevistado ruandés que vive en el exilio describió la preocupación constante de que algo pueda sucederle a su familia en Ruanda: “La parte emocional es muy grave y no desaparece. (…) La gente te dice que el tiempo lo cura, pero en realidad no funciona así”.
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Recomendaciones de Freedom House
Las autoras de la investigación Slipowitz, White y Gorokhovskaia recomiendan a los gobiernos democráticos y organizaciones de la sociedad civil a mantener la condena a estas acciones contra la libertad de movilidad como forma de represión política.
Se pide insistir en la liberación incondicional de los presos políticos, quienes en la mayoría de los casos quedan apátridas al ser desterrados de sus países, como sucede en Nicaragua.
Los gobiernos deben proveer visas y estatus legal a estas víctimas de represión y sus familiares, así como establecer sanciones coordinadas y dirigidas, son otras recomendaciones.
Particularmente, para mitigar el abuso de solicitudes de extradición y notificaciones de Interpol, así como otros métodos de cooperación legal internacional, Freedom House plantea que los gobiernos deberían implementar un proceso de verificación adicional para las solicitudes emitidas por países conocidos por llevar a cabo represión transnacional, concluye el estudio.
