*Autoridades indígenas acceden a dialogar con la fiscal general, María Consuelo Porras, pero ésta se niega hasta que protestas desalojen el Ministerio Público.
**El lunes 16 de octubre un ataque a un plantón provocó la primera muerte de un manifestante en el municipio de Malacatán, San Marcos.
***Bernardo Rico, director del Instituto Republicano Internacional para Guatemala y Honduras, espera que el diálogo logre una solución para evitar que la crisis económica siga aumentando.
Luisa Laguardia / Expediente Público
La violencia en las manifestaciones y bloqueos realizados en Guatemala desde hace ya varias semanas como protesta por los intentos de la Fiscalía y algunos jueces en deslegitimar las elecciones del 20 de agosto de 2023, ya provocaron la primera muerte el lunes 16 de octubre en el municipio de Malacatán, San Marcos.
El descontento por el actuar de la fiscal general, Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) Rafael Curruchiche y el juez penal, Fredy Orellana provocó un estallido social en el país centroamericano debido a la criminalización de las elecciones con manifestaciones y bloqueos en puntos clave.
El mismo 16 de octubre, el Ministerio Público solicitó el desalojo de los manifestantes que continúan en la sede principal de la institución. El ministro de Gobernación se rehusó a hacerlo. Posteriormente, el MP pidió a la Corte Constitucional la destitución del ministro. Minutos más tarde, Napoleón Barrientos, presentó su renuncia al presidente Alejandro Giammattei quien la aceptó. El nuevo ministro juramentado es Byron Bor.
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Fiscal Consuelo Porras rechaza dialogar
La fiscal general Consuelo Porras rechazó una invitación de las autoridades indígenas a reunirse bajo la observación de medios de comunicación y la Fiscalía aseguró que no se reunirá hasta que les permitan ingresar a las instalaciones de su sede central.
“Una vez garantizado por parte de las Autoridades Ancestrales el libre ingreso y egreso de manera permanente” a las sedes del Ministerio Público en la capital y otras zonas “se puede llegar a dialogar”, condicionó Consuelo Porras en un comunicado la noche del miércoles 18 de octubre.
“No habrá marcha atrás si la fiscal no renuncia”, ha insistido Luis Pacheco, presidente de la asociación indígena que lidera las manifestaciones que tienen paralizada Guatemala.
En conferencia de prensa el mismo miércoles, la organización reclamó la intransigencia de las autoridades del Ministerio Público e incluso exigieron al presidente Giammattei declarar que la fiscal Porras “a abandonado el cargo”.
Según la información “el presidente (de la República) nos hizo saber que lleva tres días de no saber el paradero de la fiscal” y llevaría “una semana ausente por lo que es causal para que sea removida del cargo”.
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Recuento de los daños en Guatemala
La primera muerte tras un ataque armado de un grupo a los manifestantes, el incremento del precio de los alimentos de la canasta básica, el aumento de la violencia y la desestabilización económica están presentes en la crisis que vive Guatemala.
Ante esto el presidente de los 48 cantones, Luis Pacheco, dijo a Expediente Público que “esta es una lucha por Guatemala y depende de quien los vea los bloqueos son o no son legales”, expresó.
Los 48 cantones integran la asociación indígena organizada que lidera las protestas en Guatemala en rechazo a la criminalización del resultado de las elecciones que ganó Bernardo Arévalo con el Movimiento Semilla.
Pacheco es el alcalde de la comunidad Juchanep, en el departamento de Totonicapán.
Sobre la primera muerte, Pacheco, afirmó que “es lamentable, pero como lo hemos venido diciendo, nosotros no esperábamos estas represalias”, respondió.
Reclamó que la Fiscalía y el Gobierno “insistan en criminalizar la manifestación pacífica”.
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“Hay que dialogar”
Bernardo Rico, director del Instituto Republicano Internacional (IRI) para Guatemala y Honduras, expresó a Expediente Público que la solución a la crisis política y social guatemalteca parte de que las partes se sienten a dialogar.
Respaldó el rol de mediación de una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que preside Luis Rosadilla, exministro de Defensa de Uruguay.
“Y obviamente nunca la violencia es una solución. Hay que dialogar, lo cual están haciendo la gran mayoría, y de lo que yo tengo entendido hay un diálogo constrictivo entre el sector privado y los 48 cantones con la ayuda de la OEA”, dijo.
Sobre si el presidente Giammattei debe exigir la renuncia de la fiscal Consuelo Porras, el director del IRI en Guatemala señaló que si bien, es una decisión que solo el mandatario debe tomar, “pero parece que eso es ahora el punto de quiebre para que haya una solución pacífica a esta crisis”.
“El sector privado sólo puede hacer lo posible bajo su control, pero no es su deber ni papel pedir la renuncia de nadie. Eso tiene que venir del Gobierno actual, y la mejor forma de llegar a un acuerdo es a través del diálogo”, insistió Rico.
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Bloqueos versus economía
Para Rico si bien “cualquier ciudadano tiene derecho para manifestarse” llamó a que estas sean “pacíficas” a fin de evitar más muertes y enfrentamientos.
Agregó que “los bloqueos no son legales y no estoy de acuerdo con ellos por los daños económicos que está causando a todo el país, en particular la subida de la canasta básica para la gente de la clase media y media baja”, indicó.
Sin embargo, para Rico, las protestas que llevan más de dos semanas no deberían extenderse de forma indefinida, pero esto dependerá de qué tan rápido logren un entendimiento los manifestantes y el Gobierno.
Recordó que “lo que empezó como un pedido por parte de muchos guatemaltecos de simplemente dejar que el presidente electo tome posición y que no cancelen su partido, y que el ministerio público bajo la FECI deje de buscar recursos legales que sean fuera de las leyes constitucionales, se ha vuelto en una protesta más generalizada”.
Para Rico, “la situación está causando daños económicos reales para todos los guatemaltecos. Y en mi opinión eso lo tienen que tomar en cuenta todos los actores incluyendo al gobierno actual y los 48 cantones”.
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US$ 9 millones de pérdidas en la agricultura
Para José Andrés Ardón, director ejecutivo del Instituto para la Competitividad Económica (ICE), “las manifestaciones han dejado una repercusión importante en el ámbito económico sobre todo en las áreas de exportación, turismo y agricultura”.
Dijo a Expediente Público que en la agricultura se han perdido más de 70 millones de quetzales (unos US$9 millones), afectando alrededor de 75 mil familias porque muchos de ellos son pequeños agricultores.
Los transportistas
Eran las 9:45 de la mañana y Boris Hernández, piloto de tráiler, amanecía en su noveno día dentro del vehículo pesado que manejaba para dar sustento a su esposa y cinco hijos, sin poderse bañar, comiendo tortillas, sin dinero y desesperado por saber cuándo volvería a su hogar por los bloqueos en el municipio de Retalhuleu.
“Hasta el noveno día a las 11:30 de la noche nos dejaron pasar, pero fue duro. Estar en medio de la carretera, sin nada, con miedo y con incertidumbre es una de las peores experiencias de mi vida”, narró Hernández para Expediente Público.
Durante su espera, comenta que tuvo que caminar siete kilómetros diarios para usar el servicio sanitario.
“Yo iba rezando para que no me fueran a robar la mercancía o algo porque uno pobre y que le roben, se complica más la cosa”, expuso.
¿Deben destituir a la fiscal Consuelo Porras?
Respecto al planteamiento del presidente sobre que “las manifestaciones son legales pero los bloqueos son ilegales”, Pacheco rechazó que se les quiera trasladar la culpa de la crisis cuando, insistió, es del Gobierno y la Fiscalía.
“Al fin y al cabo hemos permitido el paso de necesidades básicas, ambulancias y gas”, aseguró Pacheco al preguntársele acerca de la violación a otros derechos con los bloqueos.
“Lógicamente personas que no están a favor de la democracia siempre van a buscar cómo determinar esto como un delito, porque a nivel internacional ven que hemos llevado una manifestación pacífica y sin violencia”, enfatizó.
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Más policías y militares en las calles
Con el aumento de los enfrentamientos violentos como los suscitados en San Marcos y en la ciudad capital frente al Palacio Nacional, el ministerio de Gobernación y el de Defensa han optado por desplegar más agentes de la Policía Nacional Civil y militares, según explicó el coronel Rubén Téllez del Ejército de Guatemala.
“Nosotros no tenemos un rechazo ante las manifestaciones, todo lo contrario, los ciudadanos están ejerciendo el derecho a manifestar. Sin embargo, sí seguimos la línea que destacó el señor presidente que los bloqueos sí son ilegales ya que privan a otros ciudadanos de otros derechos como el de la libre locomoción. A pesar de ello, en ningún momento el ejército o la Policía Nacional Civil los han desalojado”, expuso Téllez.
