*¿Son válidas las leyes que se aprobaron con un Congreso en crisis? Expertos en materia legal aseguran a Expediente Público el paquete de normas aprobadas y derogadas no tienen legalidad mientras no se legitime la titularidad del Poder Legislativo.
**Jorge Cálix acordó con Manuel Zelaya, el coordinador del partido Libre en el poder, desistir del conflicto y ceder la titularidad del Congreso Nacional a Redondo.
Expediente Público
Dos semanas después de que dos juntas directivas fueran juramentadas el 23 de enero para dirigir el Congreso Nacional de Honduras, se puso fin a la disputa por la presidencia legítima de ese Poder del Estado entre Luis Redondo del Partido Salvador de Honduras (PSH) y el diputado expulsado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix. Este último «dio un paso al costado» y desistió de sus pretensiones de ser el presidente del Legislativo, según el documento del acuerdo que Libre hizo público.
Este lunes 7 de febrero fue confirmado el acuerdo entre el grupo de disidentes de Libre que respaldaban a Cálix y el coordinador del partido, el expresidente Manuel Zelaya, que despeja la vía para que Redondo ser considerado el presidente legítimo del poder Legislativo.
La crisis institucional se resolvió por la vía del diálogo político entre las dos fracciones, luego que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó meterse en el conflicto, ya que el miércoles 2 de febrero, en un comunicado de la Sala Constitucional declaró inadmisibles los recursos de amparo presentados a favor de Jorge Cálix y Beatriz Valle al igual que el recurso de inconstitucional presentado por la junta directiva de Luis Redondo en contra de Cálix y Valle.
La Sala de lo Constitucional argumentó que el recurso presentado por la junta directiva de Cálix “contiene deficiencias de planteamiento por no cumplir los requisitos exigidos en relación al tipo de acto a reclamar”.
Por otra parte, el recurso de inconstitucionalidad presentado por la directiva de Redondo, fue declarado inadmisible por no estar de acuerdo al tipo de procedencia de la inconstitucionalidad que señala el artículo 76 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.
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El abogado Marco Zelaya explicó a Expediente Público que la legalidad de una junta directiva deberá ser determinada por el pleno del Congreso Nacional como máxima autoridad como lo autorizan los artículos del 9 al 13 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
“Esta situación se debe manejar de forma política y no debe haber intervención de otro poder del Estado como la Corte Suprema de Justicia y esperamos que en los últimos días haya una reunión del pleno. Si la corte se involucrara, sería la intromisión de un poder sobre otro”, expresó.
Zelaya, señaló como problema las reuniones y decisiones legislativas en las que se han presentado iniciativas de ley, aprobaciones y derogaciones por parte de ambas juntas directivas, ya que han representado un «abuso».
Agregó que los proyectos y reformas presentados actualmente pueden ser objeto de nulidad y acarrear problemas jurídicos al no tener claridad sobre la legitima representación de titularidad del Poder Legislativo.
El jurista explicó que cada ley deberá seguir un procedimiento como el de la discusión, aprobación y sanción por parte de la presidente actual y posteriormente su publicación en el diario oficial La Gaceta, el cual da legalidad a los decretos, leyes y reformas aprobadas en el Congreso Nacional.
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Explicó que al haber sido publicado en La Gaceta la directiva de Luis Redondo y al contar con el reconocimiento del Poder Ejecutivo, cualquier ley enviada por él y publicada, tendría mayor fuerza de ley.
Para dar solución a la problemática, explicó que una vez legalizada la presidencia de Redondo, debe validarse todos los actos que se han realizado.
Usurpación e ilegalidad
Sin embargo, la diputada electa y Secretaría de la junta directiva de Jorge Cálix, Beatriz Valle dijo a Expediente Público que las sesiones convocadas por Luis Redondo son ilegales. “Están atropellando el derecho de otras personas, usurpando curules y haciendo sesiones a media noche”, manifestó.
En cuanto a las sesiones legislativas realizadas el 1, 2 y 3 de febrero por la directiva de Luis Redondo donde se presentaron y aprobaron leyes como la rebaja de 10 lempiras (41 centavos de dólar) al combustible, subsidios de energía gratis para los consumidores de menos de 150Kwh y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (Cicih), Valle las señaló como nulas.
No pueden aprobar decretos si no tienen quórum, necesitan 65 votos de diputados propietarios y no los tienen, además la Cicih no va a venir en medio de toda esta ilegalidad”, aseguró la parlamentaria.
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Falta de razonamiento en decisiones legislativas
En cuanto a la nulidad de los recursos de amparo presentados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el abogado y analista político, Saul Bueso, comentó a Expediente Público que las acciones tomadas por la Sala Constitucional incumplen su rol para solucionar una crisis institucional.
“La Sala Constitucional lo que ha hecho es lavarse las manos, pero se les olvida que no solo es una crisis de carácter político ya que también tiene implicaciones legales y mientras no se defina claramente quien es el presidente del Congreso Nacional, todo lo que se está aprobando al final va a ser nulo”, expresó.
La aprobación de la amnistía para los funcionarios, enjuiciados, perseguidos y encarcelados durante el golpe de Estado en el año 2009 en contra del exmandatario Manuel Zelaya Rosales, Bueso advirtió la gravedad de que se cree este tipo de leyes que generan más impunidad en Honduras.
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Debido a que la amnistía incluye delitos como Abuso de Autoridad, Fraude en Perjuicio de la Administración Pública, Terrorismo, Daños, Robo, Incendio, Privación Injusta de la Libertad, Enriquecimiento Ilícito y Falsificación de Documentos Públicos, el analista Bueso señaló dicha acción como un “abuso de poder y blindaje a los funcionarios del gobierno de Mel Zelaya”.
“Una ley de esas se debe discutir en tres debates para que haya mayor razonamiento y realmente no se sabe si los diputados están levantando la mano sin saber y no podemos esperar que estén votando y aprobando leyes sin hacer un análisis de la situación”, explicó Bueso.
Por otro lado, en cuanto a la Ley de Amnistía, el diputado electo y vicepresidente de la junta directiva de Luis Redondo, Rasel Tomé declaró en un medio local que esta será solamente aplicada a los delitos que tienen motivación política.
“No se trata de un pacto de impunidad, se trata de la aplicación estricta de lo que dice la Constitución y por supuesto que es una facultad y atribución que tenemos como Congreso para que los hechos no se repitan y para caminar hacia la justicia”, expresó el parlamentario.
En cuanto a la crisis política y las dos Juntas juramentadas el pasado 23 de enero, el analista Bueso mencionó que la única solución es que una o ambas partes sedan o permitan una tercería y se haga cargo de la presidencia del Congreso Nacional.
