portada

Fase final en selección de magistrados del CSE y proceso de reformas en Nicaragua

*La opositora Coalición Nacional presentó candidatos a magistrados a través del partido indígena Yatama, mientras el Frente Sandinista aun no revela los nombres de sus propuestos.  


Expediente Público

Esta semana concluyó en la Asamblea Nacional (parlamento) de Nicaragua el período para recibir propuestas de candidatos a magistrados y a las reformas al sistema electoral. La Comisión Especial para Asuntos Electorales, integrada por cinco diputados sandinistas y dos liberales, cerraron el proceso y se disponen a entregar, a más tardar este viernes 30 de abril, a la directiva parlamentaria un dictamen donde recomienden a las personas que deben nombrarse como magistrados, así como los cambios en la Ley Electoral.

Ese proceso de consulta en la Comisión Especial se dio sin que el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) revelara quiénes son las personas que quiere en el CSE. Aunque fuentes legislativas aseguraron a Expediente Público que el presidente Daniel Ortega solo moverá a tres de los actuales siete magistrados propietarios del CSE, mientras consideran irremplazable a Lumberto Campbell, presidente en funciones de la institución que dirigirá el proceso de las elecciones previstas para el 7 de noviembre del 2021 en Nicaragua.

Campbell está sancionado por Estados Unidos por “abusos de derechos humanos, fraude electoral y corrupción”.

Los diputados se preparan para aprobar las reformas electorales y nombrar a nuevos magistrados a partir del 4 de mayo próximo. El desfile que hicieron los representantes de 18 partidos políticos con personería jurídica en la Comisión Especial, servirá al gobierno y al FSLN para intentar legitimar que los funcionarios que se nombres en el órgano electoral y las nuevas reglas de los comicios tienen el aval incluso de la oposición.

Lea también: Nicaragua en la encrucijada: elecciones o fraude

¿Quiénes son los candidatos de la oposición?

La Coalición Nacional, bloque opositor integrado por cuatro movimientos y dos partidos políticos, presentó su lista de candidatos a magistrados del Consejo Supremo Electoral, por medio del diputado Brooklyn Rivera del partido indígena Yatama (Hijos de la Madre Tierra). Yatama es parte de la Coalición.

Los candidatos a magistrados propietarios propuestos son Anexa Alfred Cunningham de origen misquito, abogada con postgrados en Derechos Humanos y Pueblos Indígenas en la Universidad de Arizona y Carlos III de España. Nardo Sequeira Báez, exdiputado liberal de Chontales y expreso político; María Fiallos, abogada y miembro del Grupo Promotor de Reformas Electorales (GPRE); Uri Rojas Videa, abogado y asesor jurídico legislativo; Yáder Loza Jarquín, exdirector de Hagamos Democracia; Álvaro Montenegro Mallona, empresario y exembajador en Naciones Unidas; y Nelson Álvarez Salinas, del Movimiento Campesino.

Los suplentes nominados son Francisco Antonio Sequeira Sequeira, ingeniero, exasistente del Tribunal de Apelaciones de Juigalpa y expreso político; y Marianela Martínez Téllez, abogada y miembro de la Junta Directiva del Partido Restauración Democrática (PRD).

Sobre los candidatos a magistrados se desconoce quiénes continuarán en el puesto, pero según fuentes legislativas, el gobernante Frente Sandinista  nominará a Francisco Bautista Lara, quien fue entre 2001 y 2005 subdirector general de la Policía Nacional, con el cual sería otro exmiembro de dicha institución en el aparato estatal.  Bautista Lara fue embajador de Nicaragua ante el Vaticano por cinco meses (septiembre del 2020 a febrero del 2021).  Además, como candidato podría estar Valdrack Jaentschke, vicecanciller removido en febrero de 2021, así como de otros 15 cargos en el gobierno de Ortega.

El Partido Liberal Constitucionalista (PLC) no ha hecho pública su lista de candidatos, mientras los partidos minoritarios presentaron algunos nombres, Guillermo Miranda por Alianza por la República (APRE), Fanor Avendaño por la Alianza Liberal (ALN) y Martín Solórzano por el Partido Conservador (PC).

La Alianza Ciudadana, otro de los bloques opositores, no presentará candidatos porque no tiene representación en el parlamento, solo los diputados y el presidente Ortega pueden hacer propuestas a estos cargos según la Constitución y la Ley Electoral nicaragüense.

La Asamblea Nacional elegirá siete magistrados propietarios y tres suplentes para dirigir los comicios de 2021, y por un periodo de cinco años, debido al vencimiento del cargo de todos los funcionarios actuales.

Desde la renuncia del presidente del CSE, Roberto Rivas en 2018, por sanciones de Estados Unidos, el puesto se mantiene vacantes, de los seis magistrados propietarios, cinco son sandinistas y uno de ellos está sancionado, el otro fue nominado por el PLC, pero se plegó al FSLN, de los tres suplentes uno es sandinista y los otros dos del PLC y PC.

Lea más: Reformas electorales: Nicaragua se juega el futuro

Reformas no son las que se demandan

Al concluir el proceso de consultas sobre las reformas a la Ley Electoral, el lunes 26 de abril, con la participación de Ciudadanos por la Libertad (CxL), uno de los principales grupos opositores, se pudo señalar que los cambios planteados por los diputados sandinistas no son los que demandan la sociedad nicaragüense.

CxL rechazó 25 artículos de las reformas sandinistas propuestas el 12 de abril y oficializó su posición que este anteproyecto es inhibitoria, consolida el bipartidismo, elimina la observación, excluye y da amplia discrecionalidad al CSE y sus órganos.

Kitty Monterrey, presidenta de CxL, manifestó en una conferencia de prensa posterior al encuentro con los parlamentarios, que la acompañaron Óscar Sobalvarro y Rodolfo Quintana.

“No podría decir cuál es el resultado porque fuimos a una comisión de mudos, nadie hablaba, básicamente lo que hicieron fue agradecer que llegáramos y (preguntar) qué teníamos que decir”, contó la política.

“Nuestro secretario procedió a presentar 25 objeciones a la reforma, a continuación, presentamos otras 25 propuestas, preguntamos cuál era el formato, si se abría algún tipo de discusión y me dijeron que no”, contó Monterrey.

La reunión de media hora concluyó con la pregunta si había voluntad política para permitir la observación electoral, solo el diputado sandinista Edwin Castro dijo que eso ya estaba estipulado en la ley, aunque en la reforma se cambió esta modalidad por la de “acompañantes”, según Monterrey.

Sobre la posición del Frente Sandinista no caben dudas pues fueron sus diputados los que pasaron la propuesta de reformas a la Ley.

Puede interesarle: Oposición unánime: propuesta de reforma electoral solo garantiza fraude sandinista en las elecciones en Nicaragua

Sandinistas aprovechan

La diputada sandinista María Auxiliadora Martínez, presidenta de la Comisión Especial para Asuntos Electorales, calificó el proceso como “amplio, incluyente y pluralista, este es un ejemplo más de democracia, esto es un gran ejemplo de democracia, consideramos que esta es una de las leyes más y mejores consultadas”, dijo.

La consulta tuvo la participación de 31 dirigentes de 18 partidos políticos con personería jurídica, quienes están obligados a participar con o sin garantías para no perder su legalidad.

“Acabamos de concluir la sesión de trabajo de hoy (lunes 26 de abril), tuvimos la consulta de 3 partidos políticos Camino Cristiano Nicaragüense, Partido Ciudadanos por la Libertad (CXL) y el Partido de Restauración Democrática (PRD)”, expresó Martínez.

“Los aportes han ido alrededor de una coincidencia en el tema del 4%, la cedulación, padrón electoral, permisos para las movilizaciones, han sido de manera unánime los aportes que han dado la mayoría de los partidos políticos”, dijo la legisladora sandinista.

Sin embargo, este proceso excluyó a la sociedad civil y ha sido arduamente criticado porque se realizaron apenas cuatro sesiones para discutir las reglas que definirán si las elecciones en Nicaragua serán en base a los estándares internacionales que den confianza a sus resultados, o al contrario serán otro fraude como el que se le acusa al FSLN de cometer desde los comicios municipales del 2008.