El regimen Ortega-Murillo desmontó la institucionalidad en Nicaragua y los mecanismos de control del gasto público son parte del engranaje partidario. La familia dictatorial administra el país con un alto grado de corrupción, afirman analistas.
Expediente Público
Nicaragua es el país centroamericano percibido como más corrupto, solo superado por Venezuela y Haití en América Latina. Esa es la conclusión del informe anual de Transparencia Internacional publicado el jueves y que ubica a Nicaragua en el puesto 159 de 180 naciones evaluadas. Transparencia Internacional dio un puntaje de 22 a Nicaragua, un retroceso de siete puntos desde 2012.
El IPC es una herramienta usada internacionalmente para medir la corrupción en el sector público en la mayoría de los países del mundo, en una escala de 0 a 100, donde 0 es la percepción de niveles altos de corrupción y 100 es la percepción de niveles bajos de corrupción. En ese sentido, el país mejor evaluado es Dinamarca con 88 puntos y el peor es Sudán del Sur, con 12.
El puntaje no es casualidad y en realidad es un reflejo del deterioro progresivo del regimen de Daniel Ortega en materia de transparencia y acceso a la información pública, según explica la abogada Dayra Valle, coordinadora del Colectivo Transparencia Nicaragua.
“Este retroceso que tiene Nicaragua en el índice de percepción de la corrupción no es de un año a otro, es una cuestión que hemos venido experimentando desde el 2012 a la fecha”, sostiene Valle.
“Desde el 2018 bajamos tres puntos hasta estar en la posición actual en la que estamos, un deterioro sustancial, entre los tres países de la región con un índice de corrupción altísima, solo superados por Haití y Venezuela”, explica la abogada, que también tiene un Máster en Gestión y Políticas Públicas.
La abogada Martha Patricia Molina, abogada del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, lo explica así: “En Nicaragua no existen instituciones Públicas ni separación de poderes. Todo es una mezcla de instituciones sin identidad que no se someten al imperio de la Constitución Política y las leyes sino que responden a los intereses y órdenes de dos personas. Daniel Ortega (presidente) y Rosario Murillo (vicepresidente y esposa del presidente)”. “Un país que no respeta el marco normativo, tiende a ser corrupto. Comprendiendo lo anterior entenderemos porqué somos calificados como el tercer país más corrupto junto a Venezuela y Haití”, agrega.
Familia-Partido-Gobierno-Empresas
Nicaragua es gobernada por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo desde 2007. Los hijos de ambos se han convertido además en piezas claves de los negocios gubernamentales y operadores políticos.
Valle lo define con una ecuación de cuatro variables: “Familia-Partido-Gobierno-Empresas”.
“Es una relación que pasa porque Ortega y su familia y el resto de socios de Ortega no solo ocupan puestos públicos, porque hay un amplio nepotismo, no solo sus familiares y allegados, sino porque muchos negoicos y empresas utilizando las figuras de ellos mismos y sus familias, usando testaferros”, señala Valle.
Según la abogada, esta relación familia-partido-estado-empresas, ha hecho que “toda esta gente esté metida en el sector privado”. “No hay un negocio donde no haya una mano o por lo menos un dedo vinculado a la familia presidencial o asociados a ellos”, asegura la especialista.
Según Valle se trata de “una amplia corrupción para otorgar desde contratos muy pequeños hasta contratos millonarios”, incluyendo pagar sobreprecios por compras que no se realizan, o pagar por compras de poca calidad.
Valle advierte que la situación de corrupción en Nicaragua “se ha seguido agravando a todos los niveles, desde el Gobierno central hasta las municipalidades .“Aquí es una Sodoma y Gomorra de hechos de corrupción y nos vemos atados de poder hacer algo. No considero que el gobierno tenga la voluntad de combatir la corrupción y no la tiene porque es el principal corrupto”, señala Valle.
La especialista describe la situación de corrupción en Nicaragua como “una puerta giratoria” donde las empresas que obtienen beneficios del Estado por la corrupción, también son empresas de la familia Ortega.
“Ellos están metidos en todos los negocios entonces no están interesados en combatir ni en apariencia ni de manera directa la corrupción”.
El desmontaje de los controles
Nicaragua ha sufrido un progresivo desmontaje de la institucionalidad, el balance de poderes y el sistema de control. Desde que Ortega volvió al poder en 2007, los allegados del gobernante sandinista fueron cooptando todas las instituciones públicas con una lealtad perruna hacia la familia gobernante.
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La abogada Martha Patricia Molina lo ilustra con el papel de la Contraloría General de la República, el ente rector del sistema de Control de la administración pública y fiscalización de los bienes y recursos del Estado.
“La Contraloría General de la República nunca investiga casos de corrupción. Es una institución de fachada”, dice Molina. La abogada lo ilustra citando el Informe Anual 2020 de la Contraloría que evidenció que de las 252 entidades públicas (99 instituciones gubernamentales y 153 municipalidades) solo logró fiscalizar 82.
Además, el cumplimiento de las leyes se volvió discrecional, un papel mojado. Ortega controla todos los poderes del Estado, todas las instituciones de control y no hay decisión judicial que pueda desafiar su voluntad.
“El deterioro del acceso a la información, la falta de transparencia, y el aumento de los niveles de corrupción en el país fueron en aumento conforme fue avanzando el tiempo, conforme fueron avanzando los años de la administración Ortega” explica Valle. Desde la llegada al poder de Ortega la Ley de Acceso a la Información Pública se convirtió en papel mojado e investigadores, organizaciones no gubernamentales, periodistas, diplomáticos extranjeros o ciudadanos comunes no pudieron acceder a ninguna información que incomodara el regimen.
No hay entrega de información pública, los informes anuales de las instituciones del Estado no se hacen públicos En los portales gubernamentales hay información desactualizada desde 2008 o 2012, o información incompleta. “Los funcionarios públicos de Nicaragua están señalados por ser corruptos, vulneran derechos humanos y apoyan a la represión. Entonces con funcionarios corruptos e instituciones públicas inexistente es imposible que el país avance y se aproxime a una calificación de 100”, señala Molina.
Incluso, instituciones técnicas son altamente cuestionadas por su veracidad como el Banco Central, Hacienda, que siguen publicando información pero han disminuido la calidad.
“Las instituciones públicas manejan y recolectan información que son completamente confidencial, que van directamente a El Carmen, la casa de la familia Ortega y casa presidencial de facto. “El deterioro se ve en la completa opacidad. El acceso a la información ha sido restringido y criminalizado. Ahora de manera descarada te dicen que no te darán la información”, dice Valle.
Con la crisis sociopolítica desatada por las protestas ciudadanas de 2018, el regimen de Ortega cerró filas y Valle lo describe como “una caída en picada”.
“Con la crisis de la pandemia ha sido más evidente, el Ministerio de Salud divulga información incompleta, poco veraz, escasa y de poco manejo”, ejemplifica Valle.
Deterioro mayor
Tanto Molina como Valle no creen que el regimen Ortega-Murillo tenga la más mínima voluntad de combatir la corrupción.
“El gobierno de Nicaragua no tiene voluntad política para hacer cambios ni mejorar la calificación del país. A ellos solo les interesa mantenerse en el poder por medio de la represión”, sostiene Molina. La abogada subraya que la puntuación obtenida por Nicaragua era la esperada, debido a la falta de institucionalidad en el sector público. También la nula existencia de información de las autoridades del Gobierno Central, Municipal y Regional hacia la ciudadanía”.
Por su parte, Valle pronostica que la situación de corrupción “irá en un deterioro mayor”. “El comportamiento que estamos notando del gobierno es que va a seguir sosteniendo la opacidad, un manejo discrecional y manipulado de la información”, señala.
“La mafia”
Transparencia Internacional centró su informe de 2020 en el impacto que la corrupción ha tenido en la gestión de la epidemia de coronavirus. Los países con niveles más altos de corrupción dedican menos recursos a la salud, lo que afecta los servicios públicos esenciales.
Para el abogado y economista nicaragüense, Enrique Sáenz, el informe de Transparencia Internacional refleja que “hemos venido para atrás, como el cangrejo”.
“Año con año retrocedemos en el escalafón. Según el mismo reporte Nicaragua es uno de los países que más ha retrocedido a nivel mundial en los últimos años”, escribió Sáenz en un artículo publicado en su blog personal.
Sáenz, actualmente exiliado en Costa Rica, lo describe así: “En resumen, tenemos en el poder una mafia señalada internacionalmente de cometer delitos de lesa humanidad en contra de su población, con el agravante de que también son señalados como los más corruptos de Centroamérica, y entre los peores de América Latina y a nivel mundial. Un status humillante y una imagen bochornosa que nos salpica a todos”.
