*En ausencia de Oscar Chinchilla, quien viajó a Nicaragua, el fiscal adjunto Daniel Sibrián ejerce las funciones administrativas del Ministerio Público de Honduras, pero el Congreso advierte que su tiempo ya caducó y que incurre en responsabilidad penal.
**Presidenta Xiomara Castro dice que titularidad del Ministerio Público está acéfala, mientras exfiscal general Edmundo Orellana sugiere que Sala de lo Constitucional decida si Chinchilla y Sibrián deben seguir hasta que se elijan sus sucesores.
Aimée Cárcamo / Expediente Público
El Ministerio Público de Honduras se encuentra en una nebulosa inédita en su historia con la tardanza del Congreso en elegir al fiscal general y fiscal adjunto para el período 2023-2028.
Detrás de ese retraso estarían diputados imputados o investigados por el Ministerio Público, por lo que una salida del conflicto sería su exclusión del proceso de elección.
“Tienen temor, pánico, de ir a la cárcel, ese es el verdadero problema”, dijo a Expediente Público el exfiscal general, Edmundo Orellana, sobre el atraso en la elección de la máxima figura de una institución que es clave en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Suscríbase al boletín de Expediente Público y reciba más información
¿Qué pasa con el Ministerio Público de Honduras?
Las nuevas autoridades del ente acusador del Estado debían asumir el pasado 1 de septiembre, día en que vencía el período del fiscal general, Oscar Chinchilla, y el fiscal adjunto, Daniel Sibrián, pero tras cuatro intentos fallidos el Legislativo seguía sin nombrar a los sucesores.
“En tanto no se elija un nuevo Fiscal General y un Fiscal General Adjunto, de acuerdo al artículo 4 del decreto 67-2022 vigente (…) quedan delegadas las fiscalías especiales y los fiscales en particular por el tiempo indefinido; en tanto la acción penal pública de los delitos comunes está garantizada”, declaró el presidente del Congreso Luis Redondo ese mismo día.
El decreto en mención, aprobado en mayo de 2022, permite a la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) ejercer la acción penal pública sin la aprobación previa del fiscal general.
Redondo publicó en redes que Chinchilla y Sibrián habían perdido la investidura de sus cargos y carecían de legitimidad, que en el marco del decreto 67-2022 se fortalecería técnica y financieramente a la Uferco y que seguirían buscando los consensos para elegir a un nuevo fiscal general y fiscal adjunto.
También ese día, la presidenta Xiomara Castro publicó en la red X que la titularidad del Ministerio Público está “acéfala”.
Deslice para ver más información
Deslice para ver más información
Deslice para ver más información
Deslice para ver más información
¿Ministerio Público acéfalo?
Las declaraciones de Redondo fueron interpretadas como que el jefe de la Uferco, Luis Javier Santos, asumiría provisionalmente la función del fiscal general.
“No es que la Uferco asume la representación del Ministerio Público (…) porque eso es ilegal”, aclaró a Expediente Público el abogado y analista político Joaquín Mejía.
Lo que sí es cuestionable para Mejía “es por qué el Congreso Nacional dice que ahora sí le van a dar recursos a la Uferco y antes no se le dio”.
Cabe mencionar que Santos fue uno de los aspirantes al cargo de fiscal general, pero la Junta Proponente lo dejó fuera del proceso y está pendiente un recurso de amparo en la Sala de lo Constitucional.
Tras vencer su período, Sibrián entregó su renuncia el 1 de septiembre y Chinchilla viajó a Nicaragua dos días después para asumir como magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia, aunque su salida fue interpretada como una huida.
¿Quién dirige el Ministerio Público?
A pesar del discurso del Legislativo y el Ejecutivo, al frente del Ministerio Público está el fiscal adjunto, Daniel Sibrián, como confirmó la relacionadora pública de esa entidad, Lorena Cálix.
“Para efectos del respeto al marco de la legalidad, lo que se está aplicando en este momento es lo que dispone la ley del Ministerio Público, por un lado, la Ley Orgánica del Congreso Nacional y por supuesto la Constitución de la República”, declaró Cálix a Expediente Público.
El artículo 80 de la ley orgánica del Congreso Nacional manda que los funcionarios elegidos por ese poder del Estado sigan en sus puestos mientras no sean nombrados sus sustitutos.
Al no estar Chinchilla, se está aplicando también lo que dispone el artículo 18 de la Ley del Ministerio Público: en ausencia del fiscal general lo sustituirá el fiscal adjunto.
Congreso no lo reconoce
El Congreso Nacional respondió el 4 de septiembre que no daría trámite a la renuncia de Sibrián porque es extemporánea y carece de destinatario legal, y que su periodo “ya caducó” e intentar prolongar dicho término “implica responsabilidad penal”.
En reacción, el 5 de septiembre, la Fiscalía General Adjunta recordó en un comunicado un fallo de 2017 de la Sala Constitucional a favor de la constitucionalidad del artículo 80 de la ley orgánica del Legislativo, por lo que esa norma es aplicable y por tanto “esta autoridad se encuentra en funciones por Ministerio de Ley, hasta que se nombre el titular que haya de sustituirlo”.
Ese mismo fallo fue también el argumento que dio la designada presidencial, Doris Gutiérrez, para defender que Chinchilla y Sibrián deben continuar mientras no se elija a sus sustitutos.
La Asociación de Fiscales se pronunció también para que se aplique la ley orgánica del Legislativo y si los fiscales general y adjunto “no quisieran continuar en el cargo”, asuma el director de fiscales, con base en la Ley del Ministerio Público.
A la polémica se añadió el anuncio de Redondo de nombrar una comisión especial para investigar a los extitulares del Ministerio Público.
“El Artículo 205 numeral 21 de la Constitución es clara”, dijo a Expediente Público el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, en el sentido de que el nombramiento de una comisión de investigación es una atribución del Congreso Nacional y por lo tanto “tenía que nombrarla el Pleno”.
Deslice para ver más información
Deslice para ver más información
Deslice para ver más información
Asunto de interpretación
Para el exfiscal Orellana, aunque “todos deseamos que se vayan” por su “trágica gestión” en el Ministerio Público, Chinchilla y Sibrián tienen que seguir mientras no lleguen sus sustitutos.
De su lado, Mejía opinó que se debe aplicar de manera automática el artículo 233 de la Constitución “que implica que ellos cesan en sus cargos a los cinco años”, y también el artículo 18 de la ley del Ministerio Público, para que no quede acéfala la institución, por lo que “asume el director de fiscales hasta que se elija a las nuevas autoridades”.
Para Orellana, el problema podría ser de interpretación y, si es así, se preguntó por qué no ha sido llevado a la Sala de lo Constitucional, para que decida si se van o se quedan.
La otra solución es que se excluya de la elección del fiscal general a los diputados que están siendo investigados o imputados por el Ministerio Público, pero para eso “se necesita aplicar la ley y en Honduras lo que no nos gusta es aplicar la ley”.
Orellana señaló que esos diputados se oponen “radicalmente a que se elija el nuevo fiscal” y están maniobrando para que siga el actual fiscal general, pero también para negociar impunidad en caso de que sea inevitable la elección.
Los votos
La elección del fiscal general requiere de 86 votos, pero el partido Libertad y Refundación (Libre) solo tiene 50 diputados, por lo que, aunque lograra un acuerdo con el Partido Salvador de Honduras (PSH) (10 diputados) y el Partido Liberal (22), siempre necesitaría del Partido Nacional para alcanzar ese número.
Una opinión similar dio el exdirector del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), Ismael Moreno, acerca de la paradoja de que entre “quienes eligen” estén “aquellos a quienes se deba investigar”.
En ese sentido, Redondo hizo un llamado para que los diputados que tengan conflicto de intereses se abstengan de participar en la elección, a lo que la diputada del PSH, Maribel Espinoza, le respondió que él también está siendo investigado y que por lo tanto debería de abstenerse.
Lea también: En Honduras la burocracia se queda con el presupuesto que debería usarse en inversión pública
Orellana también expresó que la actual situación en el Ministerio Público plantea un problema a futuro, porque el próximo fiscal general tendrá que proceder criminalmente contra aquel que resulte en la posición que desde su perspectiva no es correcta.
Esto es, que si piensa que los titulares debieron irse, entonces va a proceder criminalmente contra el que no se fue, que en este caso es Sibrián; pero si estima que los fiscales debían continuar, deberá procesar al que se fue, o sea Chinchilla.
Otro problema a futuro
En esa línea, si el fiscal Sibrián sostiene que él todavía es titular, desde ya debe proceder contra Chinchilla, si no pierde legitimidad, planteó.
Mientras tanto, ante el estancamiento en la elección del fiscal general, el vicepresidente del Congreso Nacional, Rasel Tomé, planteó la posibilidad de un plebiscito para que el pueblo elija y se reunió el 4 de septiembre con autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) para analizar la idea.
Para Mejía, cualquier cosa que se haga fuera del artículo 233 de la Constitución acerca de ese proceso de elección es inconstitucional, mientras que Orellana calificó la propuesta como “un absurdo”.
