* El ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, reconoce a Expediente Público, que Honduras debería tener un tratado para llenar los vacíos en los procesos legales de la extradición de hondureños solicitados por gobiernos extranjeros.
**Según analistas, la extradición es “un instrumento disuasivo”. El fortalecimiento del Estado de derecho y las instituciones de seguridad son cruciales para menguar la “fiesta de extraditados” hacia Estados Unidos.
Expediente Público
Expertos y funcionarios abordados por Expediente Público afirman que la extradición es la disposición penal que más temen los narcotraficantes de Honduras. Sin embargo, no basta con ese instrumento, sino que se deben fortalecer los entes de justicia en el país, enfatizan.
Honduras es de los pocos países en Latinoamérica que no cuenta con una ley constitucional de extradición que establezca las condiciones y garantías que se ameritan, sino que se ejecuta bajo un auto acordado que regula el proceso, el cual consiste en la designación de un juez natural para que conozca el proceso de extradición.
Hay dos figuras jurídicas que juegan un papel importante en las condiciones establecidas en las leyes de extradición de algunos países latinoamericanos: un marco legal vinculante que, a falta de un tratado o convenio entre países se puede aplicar el principio de reciprocidad; y la obligación de extraditar, que es el compromiso del Estado de detener y enviar a los procesados para que sea viable la realización de la justicia penal del Estado requirente.
Tal es el caso de Bolivia, Cuba y Surinam, en el que se establece la negativa a las solicitudes de extradición de sus residentes, salvo bajo el principio de reciprocidad, el cual dicta que “la extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley”.
Según analistas, esos son los motivos principales por las que es imprescindible la ley de extradición en un país, porque así cada uno tiene la potestad de determinar sus condiciones y garantías y evitar transgresiones.
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Fortalecer el Estado de derecho
En una entrevista con Expediente Público, para conocer su enfoque sobre la extradición en Honduras, el ministro de Seguridad, Ramón Sabillón dijo que “la primera regla es darle cumplimiento a los acuerdos establecidos con los diferentes países respetando la normativa nacional en los principios de Estado de derecho, así como los derechos de cada persona y también en atención a las condiciones bajo el principio de oportunidad”.
Al consultarte sobre la inexistencia de una ley de extradición, el funcionario en primera instancia dejó claro que el tema de crear y aprobar leyes no es de su competencia, sino que “ya depende de otros actores del Estado”. Sin embargo, expresó que a su criterio sí debería “elevarse un tratado y en el futuro irse delineando bajo otros puntos que habría que revisarlos”.
Para el funcionario hondureño, el fortalecimiento de la justicia, así como la del Estado de derecho debe ser prioridad, agregando que “debemos aspirar a que haya justicia en Honduras”. No obstante, considera que no se deben “desconocer los compromisos de Estado con otros países, otros tratados que previo al procedimiento legal pasan a ser normas”.
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El ministro de Seguridad descartó que proceder a la captura de extraditables solicitados por Estados Unidos sea una forma de quedar bien con ese país, pues también ejecutan detenciones de ciudadanos requeridos por otras naciones, solo que estos reciben menos cobertura por parte de los medios.
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La policía tiene más libertad para operar
Sabillón fungió como director de la Policía Nacional desde diciembre del 2013, bajo el mandato del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014) y fue destituido en noviembre de 2014, en el gobierno de Juan Orlando Hernández (2014-2022). Al hablar sobre las diferencias que percibe entre esos gobiernos y el actual refirió: “Hay un cambio, por ejemplo, en la aplicación de la ley. (Actualmente) hay una libertad en la policía de aplicar los procedimientos y la aplicación de normas de orden público y eso antes no lo había, había bastante control”.
Asimismo, el titular de Seguridad, enfatizó el compromiso del actual gobierno con la Policía Nacional. “Ella (la presidenta Xiomara Castro) está enfocada en el fortalecimiento de la Policía como un ente, una institución volcada a la seguridad democrática” y considera que uno de los eslabones que ya se está implementando es la “Policía Comunitaria, que la debemos de fortalecer y es un proceso que debemos seguir y no debió ser abandonado”.
Aseguró que los “derechos naturales, seguridad y dignidad humana, así como todo aquel andamiaje jurídico que es protector de la persona, esa es la visión de la misma presidenta, proteger integralmente al ciudadano hondureño”.
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Apoyo a los operadores de justicia
“Yo soy del criterio de que es vergonzoso que vengan de otro país, ya sea Estados Unidos o cualquier otro, a llevarse connacionales nuestros para juzgarlos allá, teniendo nosotros un Poder Judicial, una fiscalía y una policía que perfectamente bien pueden actuar aquí en Honduras”, expresó a Expediente Público, el criminólogo Gonzalo Sánchez.
Sin embargo, el experto también considera que la extradición podría ser un instrumento disuasivo, teniendo en cuenta que muchos narcotraficantes le temen a la justicia estadounidense y que “el hecho de que sepan que van a ser juzgados allá los preocupa” (…) porque saben que allá sí se aplica la ley como debe ser”.
Para Sánchez, la extradición no deja de ser un arma de doble filo, ya que si bien es disuasiva, en contraste asegura que las penas en Estados Unidos son más bajas. “En algunos casos, si la persona colabora, y está involucrando a otras personas, le bajan considerablemente la pena”.
En ese sentido, el fortalecimiento de instituciones como la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y la Policía Nacional, debe ser una prioridad en la agenda del país ya que son los que “imparten justicia”, sugirió el experto.
“Yo creo que cuando aquí hasta cierto punto se termine la corrupción y el narcotráfico, ya no va a haber necesidad de que los hondureños sean juzgados en otro país”, agregó.
A su criterio, una buena seguridad ciudadana y jurídica, abona inclusive a promover las inversiones. “El punto es que para que haya buena inversión tiene que haber seguridad ciudadana, y eso solo la proporciona una buena prevención del delito, una buena investigación, un sistema de justicia fortalecido”.
Extradición, estrategia que abona buena imagen al gobierno de Castro
Sabillón y Sánchez expresan que la extradición no solo acredita una buena imagen del gobierno de Castro ante la comunidad internacional, sino que también es el reflejo de la buena voluntad del Estado para combatir la corrupción y criminalidad.
A criterio del ministro de Seguridad, todos los países están en su derecho de promover sus resultados, y en su opinión estos hablan por sí mismos. “Finalmente los resultados son los indicadores de que uno está haciendo las cuestiones bien”.
Asimismo, para el experto criminólogo, hay dos cosas necesarias para demostrar que el gobierno hace las cosas bien. Una es “la extradición”, que para él es menester que se mantenga; y la otra es la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (Cicih). “Lo importante es que entre para darle seguridad y más credibilidad al Gobierno de la República, porque ahí estaría demostrando que sí tiene voluntad política para combatir la corrupción y el narcotráfico”, finalizó.
