* En lo que va del año 2022 se contabilizan 7 capturas de hondureños solicitados en extradición por los Estados Unidos, acusados de traficar drogas.
* Sin embargo, no existe una estrategia de seguridad ni una ley que reglamente las extradiciones.
Expediente Público
Desde el 2014 hasta julio de 2022, un total de 31 hondureños han sido entregados al Gobierno estadounidense por delitos de narcoactividad. De ellos, cuatro han sido entregados bajo la administración de Xiomara Castro, lo que para algunos es considerado como una muestra de cooperación y compromiso de la administración estadounidense, pero a su vez denota debilidad en el sistema de justicia.
Dentro de las figuras arrestadas en 2022 (Castro asumió la Presidencia el 27 de enero), hay dos que destacan: la del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández Alvarado y el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla.
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Según datos de la Corte Suprema de Justicia -a diez años de haberse abierto el camino a la extradición en Honduras-, se contabilizan de forma pública un total de 39 procesos de extradición con Estados Unidos, con quien Honduras comparte un convenio desde 1909. Sin embargo, la Constitución de 1981 prohibía la extradición de hondureños, por lo que fue necesario reformarla en 2012.
Extraditar, una forma de cooperación con Estados Unidos
Según datos recopilados por Expediente Público, el 2022 ya figura como el segundo año con mayor captura de extraditables, con siete.
El año con más arrestos fue 2014, cuando se aplicó la extradición por primera vez, con ocho.
Este año ya se entregaron a los Estados Unidos a cuatro hondureños: Óscar Fernando Tobar (detenido en el 2021), Herlinda Montes Bobadilla y los ya mencionados: Hernández Alvarado y el “Tigre” Bonilla.
Están pendientes cuatro procesos de personas aprehendidas en el 2022. Los otros años de mayor incidencia son 2016, 2017 y 2021, con 5 cada uno.
Sin embargo, analistas abordados por Expediente Público señalan que es muy prematuro considerar como un avance significativo lo realizado hasta el momento en materia de extradición, puesto que no hay mayor diferencia con lo hecho por el Gobierno de Juan Orlando Hernández.
En una entrevista con Expediente Público, el director de políticas e iniciativas estratégicas de la Seattle International Foundation (SIF) Eric L. Olson, dijo que hasta el momento los dos gobiernos (de Hernández y Castro) han utilizado la extradición como herramienta de cooperación con Estados Unidos.
“El Gobierno de Juan Orlando sí extraditó bastantes personas a los Estados Unidos, así que creo que sería incorrecto decir que ellos no extraditaron y ahora sí están haciéndolo”, refirió.
Olson agregó que “para Estados Unidos recibir extraditables o personas solicitadas en extradición es una señal positiva”.
Otros intereses
Reconoció que la relación entre Honduras y Estados Unidos va más allá de la extradición, y así lo confirman las recientes visitas de funcionarios estadounidenses interesados en apoyar al país centroamericano en distintos temas, “pero que esta acción (las extradiciones) no deja de ser un momento positivo”, afirmó.
Esto a pesar de que Honduras ha tenido actitudes que generaron inconformidad en el Gobierno estadounidense, como la ausencia de la presidenta Castro en la Cumbre de las Américas, celebrada entre el 6 y el 10 de junio de 2022; o el gesto de entregar un reconocimiento al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.
Dicho reconocimiento se entregó en Tegucigalpa al embajador nicaragüense Sidhartha Marín, en junio de 2022, durante la ceremonia de conmemoración del 13 aniversario del golpe de Estado. En la placa podía leerse que el reconocimiento fue por “su apoyo a la democracia y a la resistencia del pueblo hondureño contra el golpe de Estado de 2009, que derrocó al gobierno democrático del presidente José Manuel Zelaya”.
La entrega se dio en un momento de fuertes cuestionamientos contra el régimen que encabeza Ortega por mantener al menos 190 presos políticos, promover elecciones sin oposición real, y por constantes abusos a los derechos humanos, lo que ha suscitado una fuerte oleada de exiliados. De hecho, solo en Costa Rica han solicitado refugio 142,702 nicaragüenses desde el alzamiento de 2018 hasta mayo de 2022.
Pero “todavía hay una oportunidad, una ventanilla para ir construyendo una relación positiva”, señaló Olson.
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Narcos para EE.UU., grandes señores en Honduras
Una de las condiciones que imponen las leyes hondureñas para llevar adelante el proceso de extradición, es que el solicitado no tenga cuentas pendientes con la justicia local. Varios de los que ahora están presos en cárceles estadounidenses eran políticos prominentes, como el mismo expresidente Hernández o el exdiputado Fredy Nájera. Otros eran de bajo perfil, pero vivían en fastuosas mansiones y conducían vehículos de alta gama. También había oficiales de policía metidos a ganaderos y empresarios. Ninguno tenía causas abiertas en los tribunales hondureños.
Para Olson esto denota que existen dificultades en aplicar la justicia, tanto en Honduras como en el resto de Centroamérica.
Esto sucede “porque las fiscalías y las cortes de Centroamérica, aunque hay excepciones, han sido muy afectadas por la manipulación, la debilidad institucional y no han logrado ese nivel de capacidad necesaria para enjuiciar. Y si la institución en sí no opera de manera independiente y no tiene la capacidad de tocar los poderes más fuertes del país, políticos y económicos, seguirán dependiendo de la extradición para solucionar sus problemas”.
A lo que sugiere que “para no tener que extraditar hondureños a Estados Unidos a enfrentar la justicia, pues mejor que se haga aquí (en Honduras) de forma legítima y honesta el enjuiciamiento de personas corruptas o que participan en el crimen organizado”.
Considera que si sale “a la calle y le pregunto a un hondureño: ¿Usted confía en los tribunales? ¿Usted confía en la fiscalía?… van a decir que no. Eso quiere decir que no hay confianza y no hay aceptación de los poderes jurídicos en el país y eso debilita la democracia de un país”.
Eslabones débiles
El director de Justicia y Seguridad de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Kenneth Madrid reconoce que en efecto “Honduras tiene un sistema de justicia débil” que requiere un abordaje diferente, comenzando por una “manera adecuada de elegir a la Corte Suprema de Justicia, que sea imparcial y que no obedezca a ningún partido político”, dijo a Expediente Público. Demandó esa misma integridad para los fiscales del Ministerio Público.
Por su parte, el analista y abogado hondureño Raúl Pineda sugirió que “la idea es que haya magistrados honestos que no sean impuestos por la influencia del crimen organizado, o como ha estado sucediendo, donde el crimen organizado pone enormes cantidades de dinero para estimular económicamente los votos de sus diputados”.
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son electos por los diputados del Congreso Nacional, dándole al órgano judicial una inclinación política. Históricamente la Corte ha sido integrada por magistrados afines a dos partidos, Liberal y Nacional, en una relación de 8 a 7, con predominio de quien esté gobernando en el momento.
Pero en los últimos años la vinculación no ha sido solo política, sino con el crimen organizado, luego que al menos dos exdiputados y un expresidente de la República, Juan Orlando Hernández, han sido procesados en las cortes estadounidenses por cargos de narcotráfico; mientras que dos exministros purgaron penas por lavado. El 18 de julio de 2022 el Congreso hondureño aprobó una nueva ley para nominar a los magistrados, pero esta ha sido criticada fuertemente porque no logró eludir la intervención política.
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Falta estrategia
Madrid, el representante de ASJ, considera que “en materia de capturas para extradición, yo diría que se está llevando un papel adecuado hasta el momento”.
Sin embargo, el abogado Keneth Madrid agregó que no se debe perder la perspectiva, ya que las acciones no están enmarcadas en una estrategia de seguridad. “No hay ningún documento, ninguna estrategia que venga abonada, es decir, no veo una estrategia de trabajo integrada en materia de extradición. Deben cumplir lo que la Constitución establece, y lo que países requirentes solicitan, de conformidad al procedimiento que se lleva en la Corte Suprema de Justicia”.
El abogado Oliver Erazo coincide en que no se percibe una estrategia, la extradición “no es una prioridad, simple y sencillamente el que se va pidiendo se va yendo, eso no es ninguna política”.
Erazo enfatizó a Expediente Público que lo idóneo era “haber creado una ley de extradición, eso era lo correcto. Al no existir la ley, lo que el pleno de la Corte hizo fue crear un auto acordado”, un procedimiento que instruye los pasos que se deben dar para hacer efectivo el tratado de extradición.
La extradición en Honduras dejó de ser una prohibición en el año 2012, cuando se reformó el artículo 102 de la Constitución de la República, durante el Gobierno de Porfirio Lobo Sosa, siendo presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández. Los delitos perseguidos son narcotráfico, lavado de activos y terrorismo.
Sin una ley que regule
Sin embargo, se omitió aprobar una ley de extradición, y el proceso se realiza por medio de un auto acordado aprobado por mayoría de votos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Para Olson, “sería bueno” tener una ley de extradición, como parte de los procedimientos y leyes del país. “Solo señalo que por lo menos se está haciendo con consentimiento y respeto a los procedimientos jurídicos, no lo están haciendo de manera extrajudicial por decir algo, pero sí que sería bueno tener ya planteada una ley de extradición. Sería valioso”.
Para el abogado Pineda es imperativo el establecimiento de esta ley. “Todo lo que tiene que ver con derechos humanos -y estamos hablando del derecho de libertad- debe mostrarse en una ley”. También señala que se debe ser cauto al formularla porque “pudiera eventualmente servir para complicar o retrasar un proceso de extradición que, hasta este momento, es bastante rápido y eficiente”.
Los principales requisitos por los que se puede efectuar la extradición están tipificados en el Tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos, y son: el delito tuvo que haberse cometido dentro de la jurisdicción del país requirente y debe estar penado en las leyes de ambos países.
La Corte Suprema, clave
Según una revisión a los procesos de los extraditados, Honduras tarda entre 3 y 4 meses en enviar a una persona, desde que se efectúa su captura hasta que queda en custodia de Estados Unidos.
El procedimiento establece que la orden de extradición se canaliza desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos a la Cancillería hondureña, la que a su vez la remite a la Corte Suprema. Los magistrados designan a un juez especial, quien verifica que la documentación recibida reúna los requisitos.
Una vez el acusado es habido lo presentan ante el juez, quien le da a conocer las razones de la captura y fija una segunda audiencia, en la cual concede la extradición, o al menos así ha sido en todos los casos que llegaron a esta instancia.
La extradición en Honduras tiene un apoyo abrumador entre la población. Así lo refleja el sondeo de opinión pública 2022, realizado por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC, de la Compañía de Jesús), donde el 77% se muestra de acuerdo, mientras que solo un 21.7% está poco o nada de acuerdo.
