*Expediente Público conversó con varios expresos políticos en sus primeras horas de destierro en Estados Unidos.
**Muchos de los nicaragüenses desterrados deben ahora reorganizar sus vidas en Estados Unidos buscando vivienda, comida y empleo.
Expediente Público
Un hotel de Virginia se convirtió en el improvisado centro de operaciones de la oposición política nicaragüense tras la sorpresiva liberación y destierro de 222 presos políticos de Nicaragua, este 9 de febrero ordenada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Los exiliados con celulares facilitados por el Gobierno de Estados Unidos, por fin, han podido comunicarse con sus familiares y amigos, algo que tenían vetado. Una parte se ha logrado reunir con sus familiares, e incluso abandonaron al segundo día el hotel donde fueron hospedados.
Sin embargo, más de cien personas no tienen parientes ni contactos en Estados Unidos, pese a la acogida migratoria y hasta ahora no han conseguido techo, por lo cual las organizaciones de la diáspora se organizaron para ayudarles lo antes posible.
Algunos salieron del lugar por su cuenta con familiares residentes, pero la mayoría permaneció en el hotel con funcionarios de migración y el Departamento de Estado que facilitan asesoría legal, médica y sicológica.
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Aunque no ha habido hasta ahora una conferencia de prensa de los desterrados, varios líderes opositores, defensores de derechos humanos y activistas reconocidos conversaron con Expediente Público, todavía desorientados después de un aislamiento de casi tres años y temerosos por sus familiares en Nicaragua.
“Me siento libre”
Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, acudió al lugar para reunirse con los excandidatos presidenciales Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro y dar palabras de aliento a los nicaragüenses que fueron expulsados por el régimen de Daniel Ortega de forma ilegal y violando derechos nacionales e internacionales.
Según el artículo 7.1 inciso D y artículo 7.2 inciso D, de los Estatutos de Roma, “es crimen de lesa humanidad” la deportación o traslado forzado de población ya sea por expulsión u otros actos coactivos de la zona en que una persona esté presente, en este caso, de ciudadanos nicaragüenses siendo desterrados de su propio país.
El mismo Ortega confesó en conferencia de prensa que él y su esposa fueron los ejecutores principales de esta medida.
Moisés Alfredo Leiva Chavarría, quien estuvo preso tres años y cuatro meses en Matagalpa, dijo que “de los que venían conmigo, seis no tienen donde vivir. No son figuras públicas, nadie los conoce, pero fueron acusados por rearmados”.
Sobre su situación personal, afirmó que “no tengo familia, ni nada, con los brazos cruzados vengo a un lugar que no es mi país, donde no tengo una cama donde dormir, sé dónde estoy parado, pero no sé dónde queda el supermercado o la farmacia”, expresó.
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Para Leiva su libertad es agridulce, porque su hermana no es considerada presa política, aunque era la persona que la apoyaba y ahora está condenada a diez años de prisión por eso.
“Me siento libre porque puedo ir donde quiero, porque puedo hablar y publicar en el teléfono lo que quiero, por eso me echaron preso, me golpearon, no fue una sola vez, tengo nombre y apellido de quienes me maltrataron”, aseguró.
Presos del norte
Alcides Zeledón, expreso político de Jinotega, quisiera estar en Nicaragua, pero agradece el apoyo recibido para su liberación. Le llamó la atención el cambio constitucional que le quita su nacionalidad nicaragüenses, sobre todo, cuando el régimen le entregó un pasaporte nuevo antes de expulsarlo del país.
Zeledón es parte del grupo de desterrados que por fortuna tiene una hija y amigos en Estados Unidos.
El empresario jinotegano vivió la represión en la década los ochenta, y considera que por apoyar las protestas de 2018 volvió a estar en la línea de fuego.
Estuvo preso 39 meses, a pesar de lograr tres órdenes de libertad, aseguró. Sin embargo, está feliz porque su madre sigue viva y podrá verla de nuevo.
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Proyectos de vida
El periodista de deportes Miguel Mendoza quien estuvo detenido desde el 2021 y fue condenado a 9 años de prisión, dijo sobre su caso que los jueces a servicio del régimen de Daniel Ortega nunca le pudieron probar ninguna noticia falsa porque trabajó siempre con mucha responsabilidad.
Explicó que lo que pretendía el régimen era silenciar a todas las voces disidentes, incluyendo a él. Ahora espera que las autoridades de Nicaragua no se ensañen con su familia. Afirmó que con 30 años trabajando en la crónica deportiva, esta continuará siendo la base de su trabajo.
