*El exmandatario de Panamá, Ricardo Martinelli fue condenado a más de 10 años de prisión por blanqueo de dinero.
** Este 7 de febrero el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua pidió al presidente Laurentino Cortizo garantizar la «pronta salida y traslado humanitario del asilado».
***Ortega-Murillo han expulsado a cientos de opositores que han pedido refugio en otros países, mientras brinda asilo a acusados de corrupción, incluyendo a dos expresidentes salvadoreños.
Expediente Público
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo otorgó asilo al expresidente panameño Ricardo Martinelli, en respuesta a una solicitud del exmandatario panameño, condenado por la justicia de su país a 10 años y ocho meses por blanqueo de dinero.
«Panamá está obligada a darle el salvoconducto a Ricardo Martinelli para que se vaya a Nicaragua, esa es una obligación positiva que tiene», dijo a Expediente Público, Alonso Illueca, profesor de Derecho Internacional y Derechos Humanos de la Universidad Santa María La Antigua de Panamá.
Sin embargo, Nicaragua no es parte de la Convención de Caracas, sobre asilo diplomático, «pero Panamá, como el Estado territorial, tiene una obligación, porque reconoce la figura del asilo diplomático», agregó Illueca.
A través del Ministerio de Relaciones Exteriores, el régimen Ortega Murillo confirmó que el expresidente Martinelli solicitó asilo en la Embajada de Nicaragua en Panamá por «considerarse perseguido por razones políticas y encontrarse en riesgo inminente su vida, integridad física y seguridad», señala un comunicado emitido este 7 de febrero de 2024.
A Martinelli lo condenaron en 2023 por su vinculo en el caso conocido como “New Business”, sobre la compra de un grupo editorial que, según el Ministerio Público, se adquirió con fondos que provenían de contratos con el Estado que se manejaban de forma irregular.
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La semana pasada la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia, tras rechazar un recurso de casación que presentó el exmandatario.
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«Nicaragua se puede apegar básicamente al hecho de que es una práctica recurrente del Estado panameño y que Panamá, por temas de derechos consuetudinarios, se encuentra obligado a otorgarle el salvoconducto al expresidente Martinelli», refirió Illueca.
¿Qué es la Convención de Caracas?
El experto en Derecho Internacional explicó que Nicaragua firmó, pero no ratificó la Convención sobre Asilo Diplomático, adoptada en Caracas en 1954, que establece que «todo Estado tiene derecho de conceder asilo; pero no esta obligado a otorgarlo ni a declarar porqué lo niega», según datos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Según el artículo 12 de la Convención, el «Estado asilante puede pedir la salida del asilado para territorio extranjero, y el Estado territorial está obligado a dar inmediatamente, salvo caso de fuerza mayor, las garantías necesarias a que se refiere el artículo V y el correspondiente salvoconducto».
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Según Illueca, aunque Nicaragua no ratificó la firma de la Convención y «por ende no es considerado Estado parte», existe ciertas situaciones que en la práctica obligan a Panamá otorgar el salvoconducto a Martinelli.
«Implicaría que Panamá no tiene ninguna obligación de entregarle un salvoconducto a Nicaragua, no obstante como es una figura consuetudinaria y Nicaragua, en la práctica, ha sido un sujeto activo y si ha aplicado el asilo diplomático y que Panamá se encuentra obligado», mencionó Illueca.
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Ortega pide hasta proteger a Ricardo Martinelli
En tal sentido, el régimen de Nicaragua solicitó al Gobierno de la República de Panamá «brindar las seguridades para la pronta salida y traslado humanitario del asilado Ricardo Alberto Martinelli Berrocal hacia el territorio de la República de Nicaragua”, destacó la nota del Ministerio de Relaciones Exteriores.
«Es irónico, porque el régimen de Ortega con su deplorable récord en materia de derechos humanos y también con su supuesta afinidad por la izquierda, le está dando asilo a una persona que ideológicamente está el espectro completamente opuesto», dijo Illueca.
«Deja en entredicho hasta el tema de política interna de Panamá y política interna nicaragüense y se demuestra una gran hipocresía de ambas partes», señaló el experto en Derecho.
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El 5 de mayo los panameños volverán a las urnas para elegir a un nuevo presidente, en la contienda estaba Martinelli, a quien la mayoría de encuestas colocaban en primer lugar.
Luis Eduardo Camacho, vocero del expresidente panameño manifestó que «la Sala Penal de la Corte Suprema, es un instrumento de persecución política y terrorismo judicial».
Nicaragua refugio de corruptos
Nicaragua bajo el mandato del régimen Ortega Murillo se convirtió en un centro de refugio para exjefes de Estado y políticos investigados por corrupción, tal y como evidencia el reciente caso con el exmandatario panameño.
Otros casos, como el del expresidente salvadoreño Mauricio Funes, a quien la Fiscalía acusa por supuesto peculado, enriquecimiento ilícito y malversación de unos 351 millones de dólares, también se encuentra asilado en el país centroamericano.
El expresidente Salvador Sánchez Céren, de El Salvador, señalado por corrupción por supuestamente recibir pagos irregulares en la administración Funes, de igual forma está refugiado en Nicaragua.
La figura del asilo, según Illueca, “ya sea territorial o diplomático siempre ha sido utilizado por un grupo de Estados latinoamericanos para escudar, bajo el manto de la soberanía del Estado, a personas que han sido acusadas de crimines atroces o corrupción y sin ningún tipo de pretexto o asidero jurídico real”.
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Lo irónico, a juicio del experto en derecho, es que Panamá hasta hace unos años sirvió como un “hub para los asilos”, como ocurrió con el expresidente ecuatoriano Abdalá Jaime Bucaram sancionado por Estados Unidos por uso inapropiado de fondos públicos.
“Panamá siempre había tenido un récord y siempre Panamá les daba asilo a estas figuras controvertidas y bastante alejadas del marco de la legalidad”, aseveró Illueca.
Miles de nicaragüenses buscan asilo
Aunque la administración del presidente Cortizo ha tenido una “postura bastante tenue” con respecto a la situación sociopolítica nicaragüense, Illueca considera que tras la decisión en el caso de Martinelli las relaciones diplomáticas entre ambos países podrían deteriorarse.
«Puede implicar un enfriamiento (en las relaciones diplomáticas) pero la realidad es que el partido sandinista y el actual partido de gobierno (de Panamá) tienen una relación histórica y cercana, no sé qué tanto pueda ser eso un factor disruptivo en las relaciones bilaterales», mencionó Illueca.
Desde 2018, miles de nicaragüenses entre miembros de la oposición, defensores de derechos humanos, periodistas, salieron de Nicaragua para pedir asilo en otros países como Estados Unidos, Costa Rica y España.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más estima que 605, 043 nicaragüenses se han visto forzados a salir del país. Este 9 de febrero, además, se cumple un año desde que el régimen desterró y desnacionalizó a 222 nicaragüenses.
