* El expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) estaba asilado en la Embajada de Nicaragua en la capital panameña, pero el Gobierno actual le concedió un salvoconducto diplomático.
** El exmandatario fue condenado por blanqueo de capitales en julio de 2023 y debía cumplir 10 años de cárcel, pero el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo le concedió asilo.
Eric Lemus / Expediente Público
El Gobierno de Panamá otorgó este jueves 27 de marzo el salvoconducto al exgobernante Ricardo Martinelli para que pueda salir hacia Nicaragua, donde el régimen Ortega-Murillo le concedió asilo.
Martinelli, de 73 años, evade una condena de julio de 2023 por blanqueo de capitales, luego que el gobierno de José Rafael Mulino negoció la salida del imputado, en medio de críticas tanto a nivel social como político.
El Ministerio de Relaciones Exteriores panameño, Javier Martínez-Acha Vázquez, leyó un comunicado en el que informó que emitieron el salvoconducto diplomático por «razones humanitarias».
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Martínez Acha informó que “el salvoconducto (…) tiene un plazo de vigencia improrrogable que termina a la medianoche del 31 de marzo de este año”.
La cancillería también informó que una vez Martinelli sea acogido por Nicaragua podrá “continuar su defensa en condiciones más favorables que las actuales como acceder, en libertad, a tratamiento ambulatorio que mejora significativamente su calidad de vida”.
Repudio nacional
Martinelli posteó en redes sociales, el mismo día de la decisión, «hoy con mi hijo, mi familia y mis allegados he tomado la decisión de aceptar el salvoconducto como asilado político en la hermana República de Nicaragua otorgado por mi Gobierno».
La coalición política Vamos, que aglutina a 20 diputados independientes en la Asamblea Nacional panameña, repudio la decisión de Mulino porque considera que «lo correcto era agotar la vía diplomática con Nicaragua para garantizar la ejecución de la sentencia».
Mediante un comunicado difundido a través de las redes sociales, Vamos sostiene que «de no existir colaboración, Panamá pudo recurrir a mecanismo de solución pacífica de controversia, como la Corte Internacional de Justicia».
El dirigente ambientalista Cholo García opinó a Expediente Público que la salida de Martinelli hacia Panamá le quita «un problema político a Mulino», quien llegó al poder tras ser delegado por el exmandatario, que intentó regresar al poder.
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El excandidato presidencial por el Movimiento Otro Camino (MOCA), Ricardo Lombana, fustigó la decisión del ejecutivo porque, en su opinión, «la impunidad no es solo para Martinelli. La impunidad es para todos; prueba de ello (es que) el gobierno anterior nos robó a dos manos… ¿y qué pasó?», inquirió.
«Martinelli se robó más de US$3,000 millones de dólares por la compra y venta de acciones de la minera Petaquilla Gold. Junto a sus hijos tuvo información privilegiada y le dobló el brazo a los propietarios para hacerse del negocio y luego ofertarlo a su conveniencia», recuerda García a Expediente Público.
Coimas y abuso de poder
El exgobernante panameño fue condenado a diez años de cárcel e inhabilitado para los comicios presidenciales de marzo de 2024, pero, en su representación, delegó la candidatura política a quien ahora es el jefe de Estado.
Mulino, que también fue condenado a pagar una multa de US$19 millones de dólares en el caso judicial “New Bussiness”, fue considerado un elemento de confianza del entorno de Martinelli.
La Fiscalía de Panamá sostiene que ambos políticos participaron en un entramado de corrupción con la compra de la Editora Panamá América S.A.
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Martinelli, un empresario que encabezó la presidencia de la nación centroamericana entre 2009 y 2015, también es recordado por cambiar en 2011 la ley a favor de la minería metálica a cielo abierto.
Pero un año después el pueblo originario Ngäbe Bugle, que habita la provincia de Chiriquí en la costa atlántica, paralizó el país y el exgobernante tuvo que desistir de las inversiones.
Rumbo a Nicaragua
El expresidente panameño eludirá la justicia tal como hicieron previamente los mandatarios salvadoreños Salvador Sánchez Cerén, que vive nacionalizado nicaragüense, y Mauricio Funes, que falleció este 2025 víctima de un cáncer hepático.
Martinelli pidió asilo en Nicaragua el 7 de febrero de 2024 argumentado que “es un perseguido político” y que su vida “corría peligro”.
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Sin embargo, el septuagenario había sido condenado a pagar una multa de US$19,2 millones de dólares por la compra de la Editora Panamá América, utilizando dinero público.
El politólogo panameño Alonso Illueca dijo a Expediente Público que «si existe un compromiso real del gobierno (de Mulino) en la lucha contra la corrupción, corresponde solicitar una circular roja a la Interpol para prevenir que el asilado viaje libremente a distintas jurisdicciones».
Previamente, este jueves 27 de marzo, Martinelli había denunciado a través de su cuenta en X la presencia de fuerzas policiales afuera de la sede diplomática nicaragüense.
«Que estarán tramando en mi contra al tener Unidades Alpha de la Policía Nacional afuera de la Embajada de Nicaragua», publicó el político, sin saber que el desplazamiento era parte de la logística previo a la emisión del salvoconducto que le permitirá recuperar la libertad, pero bajo la tutela del régimen de Ortega-Murillo.
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En la comparecencia ante los medios, el canciller panameño puntualizó que «dado que los tiempos de la justicia no siempre coinciden con los tiempos que exige la salud, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha decidido reconocer el asilo otorgado por el gobierno de la República de Nicaragua a favor del señor Ricardo Martinelli Berrocal».
Por su parte, el diputado del partido Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho, que actúa como portavoz de Martinelli, aseguró que el político no quiere irse de Panamá.
Sin embargo, defiende que el salvoconducto diplomático «implica el reconocimiento de la condición no solamente de asilado, sino de perseguido político».
El régimen de Nicaragua todavía no se pronuncia al respecto, ni la familia Martinelli se ha referido a su posible salida de Panamá, que se espera en las próximas horas.
