Un reporte de investigación sobre la progresiva desnaturalización de la Policía Nacional, no solo revela las características y causas de esa descomposición institucional, sino que visualiza lo que debería ser una hoja de ruta para una reforma policial que restaure la legitimidad y funcionalidad social de dicha institución.
Expediente Público
La sumisión partidaria de la Policía en Nicaragua y su conversión en una fuerza política a favor de los intereses de una organización violenta en su origen y naturaleza, como es el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), es algo que ha quedado evidenciado de múltiples formas desde 2007, cuando el líder de ese partido, Daniel Ortega, regresó al poder mediante las elecciones del 2006.
La transformación policial se ha demostrado en las reformas legales para someterla al control de Ortega, en las asignaciones presupuestarias para agenciarse más fondos cada año, en los comportamientos abusivos de sus agentes y el manto de impunidad con que actúan, pero en donde más se hace visible por el poder de impacto de las redes sociales, es en los discursos de sus jefes y la ostentación de los símbolos del FSLN.
“¡Somos policía revolucionaria! ¡Policía Sandinista! Así que, les guste o no les guste. ¿Qué somos?”… Este mensaje es parte del adoctrinamiento del comisionado general Marvin Castro, jefe de la delegación departamental al resto de agentes uniformados en la ciudad de Jinotega, a unos 140 kilómetros al norte de la capital, Managua.
Policías que le bailan a Ortega
El discurso de sumisión partidaria y fanatismo quedó registrado en un video que se hizo viral en las redes sociales, en diciembre del 2019, recibiendo cientos de críticas porque reafirmaban que la Policía dejó de ser una institución apolítica que garantice la seguridad ciudadana, para ser el principal brazo represor del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.
Después de la rebelión de abril de 2018, que según organismos de derechos humanos dejó más de 300 muertos, jefes de alto nivel, agentes de línea y antimotines han sido filmados bailando canciones que enaltecen a Ortega.
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Y aunque hay cientos de denuncias de ejecuciones, abusos policiales, torturas y abusos sexuales en cárceles, detenciones arbitrarias y de acoso y persecución, la Policía hasta ahora no ha abierto ninguna investigación ni puesto ante la justicia a uno de sus miembros.
Al contrario: el adoctrinamiento ideológico del FSLN a la policía es algo que hoy enorgullece a los altos mandos de la institución.
El comisionado general Luis Barrantes, jefe de la delegación de la ciudad de Masaya, tampoco tuvo reparo en ser grabado expresando su fidelidad a Ortega y hacer que los oficiales bajo su mando lo hicieran también.
“¡Patria libre o morir! ¡Viva el comandante Daniel! ¡Viva la compañera Rosario!”, se escucha a Barrantes, mientras los demás oficiales le contestan: ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!, en el video compartido en redes sociales y medios de comunicación independientes, en julio de 2019.
Brutalidad policial documentada y comprobada
La obediencia a la personalidad de Ortega y Murillo y la abierta declaración de que responden al partido FSLN y no a las leyes y al Estado, es el punto más bajo del proceso de perversión y desnaturalización de la Policía en Nicaragua, que empezó cuando Ortega asumió el gobierno en el 2007, pero que tuvo su clímax desde abril del 2018, según una investigación por publicarse.
Los hechos documentados no da lugar a dudas: Policías en motos disparando contra los manifestantes y universitarios atrincherados en los recintos de las universidades en Nicaragua; antimotines golpeando y arrastrando a civiles, disparando a las marchas, plantones y barricadas; armas de guerra de alto calibre utilizadas por policías y paramilitares en las brutales jornadas de “Operación Limpieza”, que dejaron un baño de sangre en las protestas sociales; patrullas y antimotines impidiendo a opositores salir de sus casas.
Esta y otras más brutales, solo descritas en testimonios de víctimas de torturas y abusos sexuales en cárceles y centros de detenciones, son actuaciones documentadas que concretan el retroceso institucional de una policía que alguna vez tuvo alta credibilidad y confianza ciudadana en Nicaragua, para luego ser considerado el ente que comete más abusos, brutalidad y violaciones a los derechos humanos en ese país.
“Ese proceso de perversión y desnaturalización coloca a la Policía en una situación irreversible, en tanto perdió completamente la legitimidad y la confianza ciudadana, y vuelve indispensable la necesidad de efectuar una reforma profunda de la institución durante un eventual proceso de transición democrática”, dice parte de las conclusiones de la investigación “Transición y reforma policial en Nicaragua”, elaborada por la instancia civil con fines investigativos y académicos.
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En el documento se identifica una potencial agenda mínima de propuestas para la reforma policial de tal forma que se transforme en una “institución estatal de carácter nacional”, que esté en capacidad de resistir en el futuro a cualquier intento de politización por parte de otro régimen.
¿Reforma o refundación?
Los expertos e investigadores internacionales Mark Unger, Elvira Cuadra, Eric L. Olson y Carlos Basombrío, asesores para esta iniciativa, sugirieron una “hoja de ruta” de la reforma policial que pueda ser puesta en marcha una vez sea superada a grave crisis sociopolítica y se inicie un nuevo proceso de democratización en Nicaragua.
La conclusión de los expertos es que, debido al gran deterioro institucional de la policía en Nicaragua, “ya no se puede hablar de una simple reforma” que implique solo expulsar a los altos mandos, sino modificar las leyes para acabar con la subordinación directa de la Policía al Presidente de la República o nuevos códigos de conducta.
Lo que urge es “una refundación”, proceso “que necesita mayor fuerza política, legitimidad social, apoyo internacional y capacidad de doblegar la resistencia interna y el tiempo”, según los expertos.
Tres pasos esenciales
¿Quiénes deben hacerla? Actores independientes, sugieren los especialistas, ya sea a través de una comisión especial como sucedió en Honduras, o diseñando un modelo propio que responda al clamor de justicia para las víctimas de la represión y de sus familiares, que permita esclarecer la verdad y sancionar a los responsables de los delitos contra los derechos humanos, pero sobre todo, que siente bases sólidas para que no se repitan estas actuaciones.
Carlos Basombrío, peruano experto en reforma policial y exministro de Seguridad en Perú, señala en las investigaciones, que debido a que el país no puede quedarse sin la policía, el proceso de refundación implica tres pasos esenciales:
- Sacar a los actuales comisionados que integran el alto mando y a todos los involucrados en la represión.
- Evaluar a los oficiales de línea “para ver quiénes se van y quiénes no”.
- Y establecer un nuevo proceso de incorporación a la Policía.
Basombrío sugiere “poner gente que haya estado antes en la policía, a cargo de la gran refundación”, pero comprobando que sean personas comprometidas con la transparencia.
“La refundación de una institución tampoco es necesariamente una garantía, sí una opción, pero que requiere otras cosas, siendo la principal dificultad la política”, señala.
Reformas paralelas al Sistema Penal
Destaca el experto peruano que los cambios deben darse primero “en el marco de una estrategia de seguridad” del país. Lo segundo es que no puede ser aislada de un proceso del Sistema Penal.
En ese sentido, aconseja, es necesario también hacer cambios en el Ministerio Público, Procuraduría, Poder Judicial y Sistema Penitenciario, que igual están sometidos al FSLN y a Ortega.
Mark Ungar, académico con una sólida trayectoria en asuntos de seguridad, agrega que la reforma judicial es tan importante como la policial, además de la reestructuración y transparencia con la Fiscalía y de que “las unidades especiales de la Fiscalía también tengan apoyo”.
Debe incluirse una reforma del Código Penal, crear mecanismos específicos para que la gente tenga acceso a la justicia, y que tengan independencia con los nombramientos del personal de justicia y jueces de forma transparente y pública.
Ungar, también profesor asociado del Brooklyn College-City University of New York, destaca que una “lección” de la reforma policial implementada en Honduras, “es que las unidades de crimen organizado, unidad anti corrupción y unidad de violencia contra las mujeres, tienen recursos e independencia para hacer su trabajo”.
Errores que no pueden repetirse
La construcción de “una nueva policía” en Nicaragua no puede quedar en manos de los cuadros policiales “rescatables”, porque eso fue parte de las fallas en las tres anteriores reformas implementadas entre 1990 al 2006, por los gobiernos de Violeta Barrios de Chamorro, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, según los investigadores.
Elvira Cuadra, especialista en temas de seguridad, explicó que durante la transición democrática, especialmente a partir de 1992, se inició un proceso para romper los vínculos políticos de la Policía con el FSLN, siendo uno de los primeros pasos el cambio de la jefatura de la institución. Inició entonces el proceso de modernización y profesionalizarían con el objetivo de convertirla en una institución de carácter nacional.
Cuadra refirió que hasta el 2007, “la Policía mantuvo una posición de distancia política respecto al FSLN y a Ortega, específicamente”. Todo cambió con el regreso de Ortega a la Presidencia en enero de 2007, quien desde el primer momento les recordó el origen sandinista de la Policía.
“Ortega llevó adelante un proceso para subordinar políticamente a la Policía. Y lo logró, convirtiéndola en un aparato de represión al servicio de su proyecto político personal”, señaló Cuadra.
Para la especialista Cuadra lo que existe en la Policía es una “subordinación a Ortega y no al FSLN, porque el partido a estas alturas no tiene influencia ni tiene un proyecto político. Ese proyecto político es de Ortega y su grupo, incluyendo a su familia”, sostuvo.
Parte de un error de las anteriores administraciones fue permitirle a la policía la autonomía para conducirse internamente, lejos de los controles civiles de fiscalización.
Eso fue una debilidad, según los expertos, porque no se ejerció un verdadero control de rendición de cuentas por parte del Ministerio de Gobernación, ante actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos que involucraban a miembros de la jefatura como a oficiales de línea, ya que la mayoría de casos quedaron impunes.
Eso hizo más fácil a Ortega completar la cooptación de la Policía a sus intereses políticos.
2014: año de la inflexión
La investigadora Cuadra señala la aprobación de una nueva Ley de la Policía (Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social (872) en 2014, como el momento que marcó la subordinación plena de la institución.
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La Ley 872 eliminó los mecanismos de control civil cruzados de parte de otras instituciones y poderes del Estado, como la intervención de la Comisión de Gobernación de la Asamblea Legislativa en casos de corrupción o abusos policiales, pero a la vez estableció la relación directa entre la jefatura de la policía y Ortega como presidente, o como suelen decirle los mandos policiales, Jefe Supremo.
Además, la ley le otorgó autonomía e independencia respecto al Ministerio de Gobernación.
Otro paso en la degradación institucional de la Policía fue que en la Ley se incorporó el Régimen Especial de Seguridad Social, que le permiten a la entidad crear empresas y realizar negocios, bajo la figura del Instituto de Seguridad Social y Desarrollo (ISSDHU), que manejan los altos mandos policiales a como lo hace la jefatura del Ejército de Nicaragua con el Instituto de Previsión Social Militar (IPSM).
Aminta y el precipicio partidario
Dos sucesos siguientes provocaron aún más el desmoronamiento institucional de la Policía para convertirla en un órgano partidario.
En 2015 se aprobó la Ley de Seguridad Soberana “para reforzar la vigilancia y espionaje político sobre los ciudadanos y para criminalizar la protesta ciudadana”, rememora Cuadra.
El segundo suceso clave fue mantener a Aminta Granera como directora de la Policía durante más de 11 años, cuando la Ley de la Policía Nacional (228) mandaba a que el director pasara a retiro, una vez cumpliera con su periodo de cinco años en el cargo.
Granera asumió en 2006 y le tocaba retirarse en 2010, pero Ortega la mantuvo en el cargo pasando encima de la Ley 228, con el consentimiento de la jefatura policial.
En 2016, Ortega ratificó a Granera en el puesto para un tercer período que debería terminar en 2021, al eliminarse de la Ley la normativa para el retiro del director.
Francisco Díaz y la consumación del partidarismo policial
Sin embargo, en agosto del 2018, en medio de la brutal represión policial y de paramilitares a las protestas pacíficas iniciadas en abril de ese año, Granera dejó de ser la primera comisionada heredando una entidad con el mayor desprestigio ante la población y a nivel internacional y sometida al autoritarismo del régimen.
Inmediatamente Francisco Díaz, consuegro de Ortega y Murillo, fue nombrado director de la Policía, subordinándola aún más al poder político partidario del FSLN.
“Desde entonces y hasta la fecha, Nicaragua ha atravesado 9 fases de represión, donde la Policía ha jugado un papel crítico en el asesinato, lesiones, exilio, apresamiento y torturas a miles de ciudadanos. Los organismos internacionales de derechos humanos han calificado todas estas acciones de represión como ‘crímenes de lesa humanidad’”, exponen las investigaciones.
Sanciones la exponen como grupo criminal
La Policía de Nicaragua es la única en Centroamérica que ha sido sancionada por Estados Unidos por los crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidos contra civiles, quedando expuesta como una organización criminal.
La sanción anunciada el 5 de marzo del 2020, el gobierno de Estados Unidos la sustentó en que la Policía era responsable de un «importante abuso de los derechos humanos», al ser utilizada por el régimen de Ortega “como una herramienta en su violenta campaña de represión sobre el pueblo nicaragüense», dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin.
En un comunicado, Estados Unidos acusó al cuerpo policial de «usar munición contra manifestantes pacíficos y de ser partícipes de escuadrones de la muerte; además de llevar a cabo asesinatos extrajudiciales, desapariciones y secuestros”.
Además de la Policía como institución, también hay altos jefes policiales sancionados por Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá: el director general, Francisco Díaz, el subdirector, comisionado Ramón Avellán, Juan Antonio Valle, jefe policial de Vigilancia y Patrulla; Justo Pastor Urbina, comisionado de Operaciones Especiales, y Luis Alberto Pérez Oliva, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía y director de la prisión de El Chipote, donde manifestantes y familiares de presos políticos han denunciado que se practican la tortura y violaciones, entre otros abusos.
Apoyo de la sociedad será clave
Acabar con ese comportamiento partidario, violento y al margen de las leyes, para devolver la legitimidad y la confianza de la población hacia una Policía de Nicaragua apartidista, respetuosa de las leyes y los derechos humanos, requerirá de un compromiso político de todos los sectores de la sociedad.
Eric L. Olson, experto en seguridad y crimen organizado en América Latina y la política de los Estados Unidos en la región, y ex subdirector para América Latina en el Woodrow Wilson Center, dijo que las experiencias de reformas implementadas en otros países, como México y Honduras, pueden ayudar a identificar opciones de lo que puede funcionar en Nicaragua.
Sin embargo, Olson, también director del Programa Centroamérica-D.C. para la Fundación Internacional de Seattle, pidió analizar las reformas policiales que se han hecho en Latinoamérica, en un contexto más amplio para entender que no es tan sencillo el proceso y que no hay luces brillantes en la región que sean el faro que van a guiar a otras reformas, sino que es un proceso por construir en cada una de las naciones.
Restablecer la confianza ciudadana es un gran desafío para crear una Policía democrática, según Olson.
El riesgo del fracaso
El segundo punto, es que “cuando hay reformas y se logran ciertas cosas positivas, hay que entender que ese éxito no es permanente, hay que cuidarlo constantemente”.
No se trata solo de entablar las reformas en muchas áreas.
Hay que darle seguimiento al largo plazo, vigilar y continuar las garantías de esa reforma, de lo contrario se pierden como en Nicaragua en su momento, que la ciudadanía otra vez se vuelve escéptica y preocupada por la falta de disciplina y garantías en esa institución, a criterio del experto.
Se corre el riesgo de que el esfuerzo fracase, dice Olson, si no hay el liderazgo político de quienes conformen un nuevo gobierno en el país, de lograr transformar a la Policía en una institución apegada a las leyes y que su prioridad sea garantizar la vida de las personas, para finalmente alejarla de la sumisión sandinista que hay hoy.
