*El centro de pensamiento Expediente Abierto presenta una propuesta de transición para el Ministerio Público ante un futuro democrático.
Expediente Público
El centro de pensamiento e investigación Expediente Abierto propone una hoja de ruta que, en un eventual retorno de la democracia nicaragüense, sería la base para una reforma del sistema de justicia penal en el país, particularmente el Ministerio Público.
En la actualidad, los fiscales están enfocados en quienes se oponen a las autoridades, en lugar de perseguir delitos de corrupción, por lo que implementar pasos pragmáticos en la actualidad sería irrealista. Sin embargo, se tiene una oportunidad única para reflexionar, con antelación, sobre ellos y definirlos con estrategia, señala el documento “Un Ministerio Público para la democracia: ideas para el mejoramiento en Nicaragua”, elaborado por Alexander Rodríguez Campos, experto internacional en Ministerios Públicos, en colaboración con el centro de investigación y pensamiento Expediente Abierto.
Expediente Abierto realizó desde el 2021 consultas a expertos y académicos nacionales e internacionales, actores sociales, económicos, políticos y religiosos, cuyo resultado es la hoja de ruta para la transformación del Ministerio Público.
Rodríguez es director de proyecto en Honduras del Centro Nacional para Tribunales Estatales (NCSC, por sus siglas en inglés), una organización no gubernamental con sede en Virginia, Estados Unidos, dedicada al fortalecimiento de la justicia y las cortes estatales en todo el mundo.
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El Ministerio Público es el órgano judicial encargado de la investigación y persecución penal. Los fiscales pueden llevar a juicio y evitar la impunidad de los crímenes, pero la utilización de las fiscalías con fines políticos, como en Nicaragua, genera un ambiente propicio para la impunidad de los delitos más graves. Entre ellos, los relacionados con la corrupción de funcionarios públicos.
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Modificar nombramientos
La propuesta de transformación sintetizada por Rodríguez parte de la selección de las cabezas que dirigen el Ministerio Público, como son el fiscal general y el fiscal general adjunto.
“El nombramiento de estos jerarcas por la Asamblea Nacional en Nicaragua compromete su independencia y objetividad y la de todos los fiscales. Para eliminar o disminuir esta influencia negativa es útil considerar la reforma constitucional para conformar un Consejo de la Judicatura que sea el órgano rector que nombra y remueve a los magistrados de la Corte Suprema y el fiscal general y el fiscal general Adjunto”, recomienda el texto.
Aunque ya existe el Consejo de Administración de la Carrera Judicial, a cargo del Poder Judicial, que preside un magistrado, se propone un órgano distinto e independiente del Poder Judicial.
La fiscal general Ana Julia Guido es una comisionada policial en retiro que ha sido sancionada por la comunidad internacional por dirigir lo que se califica como una fábrica de acusaciones falsas contra los opositores.
Depuración del Ministerio Público
Según el documento, es imposible e inviable hacer un proceso de depuración total. “No obstante, debe ser prioridad iniciar procesos de remoción de los fiscales y demás funcionarios que planificaron, aconsejaron, ejecutaron actos de persecución jurídica en contra de opositores políticos, ciudadanos o periodistas, sobre todo a partir de abril de 2018. También deben removerse del cargo y prohibirse a futuro la incorporación como fiscales de exmiembros de la Policía Nacional, el Ejército o el Poder Ejecutivo o Legislativo”.
Los nombramientos de fiscales al margen de concurso deben revisarse y a la vez convocar un nuevo proceso de selección, detalla la propuesta.
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Creación de una jurisdicción transicional
La hoja de ruta plantea, además, una reforma constitucional para crear una Jurisdicción de Justicia Transicional que debe estar integrada por investigadores, fiscales y jueces extranjeros, durante al menos seis años, para sentar responsabilidades por violaciones de derechos humanos.
Lo complejo del asunto es que no existen experiencias específicas de un régimen de transición, como el que podría suceder en Nicaragua. Solo hay experiencias de justicia transicional, por ejemplo, en Colombia, para investigar y juzgar violaciones de los derechos humanos por grupos paramilitares o de fuerzas armadas.
Diseño y aprobación de políticas de priorización de casos
Un estándar internacional exige que las fiscalías se dediquen a investigar, perseguir y llevar a juicio los delitos más graves. “Los delitos menores, por ejemplo, con pena de prisión menor a cuatro años, castigados con pena de multa o días multa, deben ser atendidos por otros mecanismos como la justicia restaurativa”, agrega la propuesta.
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Creación de Policía Técnica de Investigación o Policía Judicial
En Nicaragua, los procesos penales han sido diseñados para que los fiscales realicen la investigación jurídica de los delitos, pero para ello dependen de la coordinación con los órganos operativos de la investigación, en este caso, Auxilio Judicial de la Policía Nacional.
“Es indispensable crear una agencia de investigación judicial que sea profesional y responda únicamente a los intereses de la justicia. Esto se ha practicado con éxito en muchos países, donde el Poder Ejecutivo conserva el mando sobre una policía civil con capacidad de prevención del delito, y una policía que es la unidad o la agencia técnica responsable de esclarecerlos”, detalla el documento de reformas propuestas.
Para su conformación, además de la unidad de investigación o detectives, deben sumarse los laboratorios de criminalística de la Policía Nacional y la Dirección de Medicina Legal de la Corte Suprema de Justicia, cuyos miembros, equipos e instalaciones pasarán a formar parte de esta nueva institución.
Capacitación de fiscales
Actualmente el Ministerio Público posee una unidad de capacitación sin mayor incidencia en el desempeño institucional y que centra su accionar en el adoctrinamiento político y partidario. “La capacitación debe realizarse para mejorar las competencias y habilidades de los funcionarios”, agrega.
Creación de estándares de medición profesional
Un Ministerio Público reformado debe desarrollar criterios de evaluación anual de los fiscales, que tome en cuenta no solo criterios cuantitativos, sino también de calidad de las intervenciones de los fiscales en los casos, con esto se propondrá un plan individual de mejora, de ser el caso, y elaborará recomendaciones generales para capacitar o aplicar políticas institucionales.
Presupuesto institucional
La hoja de ruta propone la fijación constitucional de un porcentaje mínimo y fijo para distribuir anualmente, como se hace con el Poder Judicial, cuya asignación es de 4% del Presupuesto General de la República. “El monto debe definirse considerando las necesidades de las fiscalías, así como la incorporación de la policía de investigación, y sin perjuicio de que en el futuro pueda ampliarse con más partidas de presupuesto”.
Relación con la ciudadanía
Finalmente, es necesario establecer mecanismos de rendición de cuentas del Ministerio Público para que queden definidos en su ley orgánica, y establezcan la apertura al escrutinio de organismos como observatorios, universidades, agencias internacionales, dejando en reserva los datos que puedan afectar las investigaciones en curso.
Asimismo, la fiscalía debe mantener una política institucional de comunicación con la ciudadanía y los medios de comunicación para conocer sus expectativas y las necesidades de persecución en lugares o temas, indica la hoja de ruta.
El documento y los hallazgos que llevaron a esta propuesta serán presentados por Expediente Abierto este día, 23 de mayo, en una convocatoria virtual con medios independientes.
