* Expertos de la ONU afirman que al acusar a Alemania e Israel ante la Corte Internacional de Justicia, el régimen de Daniel Ortega reconoce la “competencia internacional” en crímenes de la humanidad.
** En conferencia de prensa en Costa Rica, Ángela Buitrago, integrante del GHREN de la ONU, afirmó que participación del Ejército es investigada para incluirlo «con pruebas».
**Hay una “actividad jerarquizada”, es decir las órdenes las imparten Daniel Ortega y Rosario Murillo hacia todos los niveles de la cadena.
Expediente Público
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) llamó a terceros países a ejercer acciones para establecer responsabilidades penales en contra de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y otros altos funcionarios del Estado, que forman parte de la cadena de mando que incurrió en crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua.
El GHREN presentó este 5 de marzo en Costa Rica el segundo informe en el que concluyen que todas las personas identificadas en la estructura organizada del régimen represor deben ser sometidos a investigaciones judiciales por su posible responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad.
Ángela María Buitrago Ruiz, integrante del GHREN hizo «un llamado urgente a que se activen todas las competencias de los países en dos niveles fundamentales (a nivel estatal como personal)”.
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¿Cómo acusar a Daniel Ortega y Rosario Murillo?
El informe destaca que, Nicaragua también debe responder por su “posible responsabilidad del Estado”. Ortega y Murillo presiden la cadena de mando como enlaces políticos de varias estructuras del Estado, y como enlaces de inteligencia con otras instituciones y funcionarios.
“Lo que nosotros estamos viendo es que hay una actividad jerarquizada a través de las órdenes que se imparten de presidencia o vicepresidencia hacia todos los niveles”, sostuvo.
“Estamos hablando, incluso, de poderes como Gobernación, Asamblea (parlamento), Poder Judicial, Penitenciaría, Policía y otros que significa que estamos minando, una estructura verticalizada que a la vez cumple órdenes y ejecuta un comportamiento que ha sido previsto y planeado”, señaló Buitrago.
Daniel Ortega acude a La Haya, ¿puede ser demandado?
La jurista colombiana integrante del GHREN explicó a Expediente Público que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo al acusar a Alemania ante la Corte Internacional de Justicia, por “facilitar” que se cometa un “genocidio” en Gaza y violar normas del derecho internacional, está abriendo una puerta ante esa jurisdicción.
“Lo que hay que mirar es que (la demanda de Nicaragua) es el reconocimiento de la jurisdicción universal que está en cabeza de la Corte Penal Internacional. Por esa razón, lo que está haciendo con eso es el reconocimiento de la competencia internacional”, señaló Buitrago.
La Corte Penal Internacional, sin embargo, no podría juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua, debido que Nicaragua no ha ratificado el Estatuto de Roma como sí lo ha hecho Alemania.
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En entrevista con Expediente Público, Buitrago destacó que desde 2018 a la fecha, el régimen desarrolló un “espiral de violencia” que atenta contra los derechos humanos de las personas en el país centroamericano.
La ruta hacia la acción penal
Aunque han pasado casi seis años desde las protestas de abril 2018, Buitrago recordó que existe en Argentina una investigación contra Daniel Ortega y Rosario Murillo, y otros miembros de la cúpula de la estructura del régimen, que también está señalada en el informe del GHREN.
Este proceso en Argentina podría activar los mecanismos de la jurisdicción extraterritorial para acusar penalmente a los responsables.
“Argentina ha iniciado lo que se llama la indagación y está realizando pruebas sobre este hecho. Sin lugar a duda, nosotros hemos instado a las autoridades internacionales y a los grupos internacionales, y a los países, para que ejerzan las acciones correspondientes frente a las graves violaciones que se enmarcan dentro las convenciones contra la apatridia y contra la tortura”, recordó Buitrago a Expediente Público.
La jurista colombiana explicó que las “formas de acceder a la justicia son muchas”. A nivel regional la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Comisión Interamericana; mientras que, a nivel internacional el camino es la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
«Empezamos a ver cómo también hay una posibilidad de ejercer lo que se llama una jurisdicción extraterritorial o universalidad que lleva a que, cualquier país que haya tenido un nacional o un extranjero, que haya cometido una grave violación de derechos humanos, puede ejercer las acciones correspondientes”, destacó la jurista.
¿Qué países actuarían?
Sobre la jurisdicción universal para la aplicación extraterritorial, el abogado Juan Carlos Arce, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, explicó a Expediente Público que «depende de muchos factores”, pero principalmente de qué país lo “tenga incorporado dentro de su legislación” como es el caso de Argentina.
“Costa Rica también tiene incorporada la jurisdicción universal y otros países tiene que ver con las condiciones políticas del país. Es decir, tiene que haber una voluntad política, no solamente condiciones legales, jurídicas, sino también una un factor político que determine que el país tiene un interés en la búsqueda de una justicia que va más allá de sus fronteras”, señaló Arce.
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Según el abogado del Colectivo, el caso de la estudiante brasileña de medicina Raynéia Lima, asesinada por un paramilitar en el contexto de las protestas, en Managua, abre una posibilidad de justicia en el marco de la jurisdicción universal.
«El proceso de la doctora Raynéia se ha abierto en el marco de la jurisdicción universal, es decir, hay en este momento puertas que están abiertas, otras que posiblemente se van a abrir de cara a dar salida a las demandas de justicia de las víctimas”, señaló Arce.
En términos generales, Buitrago recordó que hay solicitudes en otras jurisdicciones, pero “todavía no hay ninguna causa abierta desde el punto de vista técnico”.
Ejército en la mira del GHREN
Sobre la posible vinculación del Ejército de Nicaragua en las violaciones de derechos humanos, Buitrago dijo a Expediente Público que “se sigue profundizando”, debido a que el mandato les obliga a rendir cuentas, basados en un “nivel de prueba aceptable para creer y poder ejercer una credibilidad sobre la responsabilidad en cadena de mando”.
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“Estamos profundizando en elementos probatorios, pero toda la estructura se ha mirado (…). Hemos tocado todas las estructuras y hemos investigado todas las estructuras, seguimos profundizando”, mencionó Buitrago.
Organismos de derechos humanos apuntan al Ejército de Nicaragua como una de las instituciones señaladas de cometer ejecuciones extrajudiciales de campesinos, incluso desde antes de 2018.
Arce destacó que el Ejército “ha tenido un rol fundamental para el sostenimiento de la dictadura”.
“Todos sabemos que proporcionó las armas para la operación limpieza, es decir, las armas que utilizaron las fuerzas paraestatales no salieron de una pulpería, salieron de los almacenes del Ejército, de los depósitos, del Ejército. Aquí hace falta profundizar en las responsabilidades que han tenido en la comisión de gravísimos crímenes contra la población incluida la población campesina”, señaló Arce.
“Está analizado a través de las declaraciones todo el conjunto de detenciones, hostigamientos, amenazas, expulsiones, apatridias que sufre este grupo poblacional (los campesinos)”, mencionó Buitrago.
Testimonio de las víctimas
El Grupo de Expertos realizó 642 entrevistas con víctimas, testigos y otras fuentes de información para establecer pruebas de responsabilidad en la cadena de mando, y se enfocó en aspectos claves de la evolución de la situación general de los derechos humanos en Nicaragua desde marzo de 2023 dirigida a universidades, campesino, indígenas y afrodescendientes, y la iglesia.
“Los ciclos se siguen aumentando en el tema de la violación de los derechos humanos y graves violaciones de los derechos humanos y las consecuencias son innumerables en torno a todo lo que está pasando en Nicaragua”, señaló Buitrago.
La jurista colombiana mencionó que hay personas en condición de apatridia como la defensora de derechos humanos, Vilma Núñez, que no se les reconoce ningún derecho, incluido el derecho a la salud.
“Nicaragua no nos permite el ingreso. A Nicaragua le hemos pedido una serie de información que no ha sido entregada en ningún caso, ni contestadas por Nicaragua sobre muchos de estos elementos”, señaló Buitrago.
Ampliar investigación
En ese sentido, Arce destacó que las víctimas del régimen tienen un rol fundamental y les corresponde acercarse al Grupo de Expertos para “aportar las evidencias necesarias”.
“El testimonio es importante, pero también es sumamente relevante aportar otro tipo de evidencias que ojalá existan para poder dejar claro (por ejemplo) cómo fue y hasta dónde llegó la participación del Ejército en la comisión de los crímenes de lesa humanidad”, manifestó Arce.
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Arce destacó que hace falta investigar situaciones de violaciones a la población indígena nicaragüense, sobre todo la del Caribe Norte, que en “los últimos años ha sido víctima de una serie de atrocidades y violaciones gravísimas a los derechos humanos”.
“El principal elemento de este informe es la identificación más detallada de una cadena de mando, es decir, una cadena de autores que no solamente son los autores materiales, sino también los autores intelectuales”, dijo Arce.
Se profundizará las investigaciones y se ofrecerá otra actualización en septiembre de este año.
El segundo informe corrobora la información sobre tortura y los tratos o penas crueles, inhumamos o degradantes encaminados a desmantelar los esfuerzos de la oposición activa, sino también para eliminar todas las voces críticas.
