*Hasta junio de 2023, Honduras presentaba la ejecución presupuestaria más baja de Centroamérica; gasto se financia primordialmente con fuentes internas, es decir, tesoro nacional y recursos propios.
** Banadesa, Instituto Nacional de la Mujer, Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios, el Instituto de Crédito Educativo y el Programa de la Red Solidaria, entre instituciones con más baja ejecución.
***Para el economista Ismael Zepeda, la baja ejecución presupuestaria impacta negativamente en la población hondureña, cuyo esfuerzo se está desperdiciando ya que sus impuestos son los que nutren al Gobierno.
Aimée Cárcamo / Expediente Público
Hasta julio de 2023, la ejecución presupuestaria total en el Gobierno de Honduras llegó apenas al 43.24 por ciento, según revela un informe del centro de pensamiento centroamericano Expediente Abierto, que pone en evidencia una baja capacidad de gestión de los recursos públicos por parte de la administración que encabeza la presidenta Xiomara Castro.
El documento, que se basa en los datos publicados por la Secretaría de Finanzas en su sitio web sobre la ejecución mensual del presupuesto de gastos de la administración pública, analiza la ejecución de enero a julio del 2023 del presupuesto nacional de Honduras, con énfasis en los sectores de Seguridad, Educación y Salud.
Detalla que hasta el séptimo mes del año, las instituciones del sector público descentralizado habían logrado utilizar el 49.20% de los recursos asignados, mientras que las del sector centralizado alcanzaron el 39.34%.
“Lo que hemos logrado encontrar es que Honduras posee bajos niveles de ejecución mensuales”, dijo a Expediente Público el economista Leonardo Labarca, miembro del equipo de Expediente Abierto, para quien claramente es un tema de planificación.
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El informe establece que para ejecutar el 100% del presupuesto al final del año se tendría que realizar un gasto efectivo de un 8.5% mensual, que para julio debía acumular un total de 59.5%; sin embargo, la ejecución del Gobierno en relación a ese porcentaje ha sido un 16.26% menor, con apenas 10 instituciones por arriba del 58% y 79 con menos del 50%.
El análisis trasciende a pocas semanas de que el poder Ejecutivo presente al Congreso Nacional el nuevo presupuesto para el 2024, que según la Constitución deberá ser en los primeros 15 días de septiembre, para que sea aprobado en diciembre, es decir, en el último mes del año fiscal.
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Bajos niveles históricos
En comparación con el resto de Centroamérica, Honduras se encuentra rezagado en cuanto a la ejecución presupuestaria ya que hasta junio de 2023 había alcanzado un 37.74%, mientras los demás países del istmo superaban el 40 por ciento.
Pero históricamente, el país centroamericano posee bajos niveles de ejecución, como muestra también el informe.
“Si se ven las cifras históricas, Honduras posee una ejecución presupuestaria al finalizar el año de 88.3%, que son cifras bajas”, precisó Labarca en referencia a la ejecución promedio del gasto público registrada entre 2010 y 2022.
Solo el 2015 y el 2019 Honduras tuvo una ejecución de más del 90% llegando a un 93.73% en el año 2019, en el segundo mandato del presidente Juan Orlando Hernández (Partido Nacional).
Otro dato interesante del informe en relación a los datos históricos desde 2010 es que la ejecución mensual del gasto no es constante y que enero registra la menor ejecución presupuestaria (5%) y en diciembre se hacen esfuerzos mayores con una ejecución por lo general de más del 15%.
Viendo hacia atrás, el nivel de ejecución al mes de julio de 2023 del Gobierno de Castro está por debajo de los niveles históricos en los que, con excepción de 2010, el promedio de la ejecución acumulada era de casi un 46%, como señala el documento.
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Un presupuesto al alza
El presupuesto aprobado para 2023 fue de 392,519.73 millones de lempiras ($15,892.7 millones), equivalente al 47% del Producto Interno Bruto (PIB) proyectado para el presente año, de los que el 59.75% se destinaron a la administración central y el 40.25% al sector descentralizado.
Ese monto total es superior en un 27% a lo ejecutado durante todo el 2022, pero además entre enero y julio de 2023 el presupuesto tuvo un aumento neto de 1,573.21 millones de lempiras (casi $63.7 millones).
El informe de Expediente Abierto consigna que el gasto se financia primordialmente con fuentes internas, que son los denominados “Tesoro Nacional” y “Recursos propios”, y en menor proporción se encuentran las fuentes externas como préstamos y donaciones.
Según el documento, los cambios observados en el presupuesto de gastos se ven reflejados en una reducción de unos 6,548.03 millones de lempiras (unos $265 millones que representan un 13.43% menos respecto a lo aprobado inicialmente) en la fuente “Crédito externo”, que viene a ser cubierta primordialmente por aumentos en los “Créditos internos” o deuda interna y con recursos del “Tesoro nacional”.
Al respecto, el economista hondureño Ismael Zepeda razonó sobre la contradicción del Gobierno de incrementar el presupuesto, a costa de más deuda, si no tiene la capacidad de manejarlo de manera operativa, eficiente y eficaz.
“Lo que se debe poner en discusión es que si tienen la capacidad, y se está viendo que no tienen, de manejar el presupuesto general de la República”, por lo que el esfuerzo de la población, cuyos impuestos nutren al gobierno, está siendo desperdiciado, opinó a Expediente Público.
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Por qué la baja ejecución
Sobre las posibles causales de la baja ejecución, Zepeda refirió “una planificación estratégica débil o casi inexistente” y la necesidad de una Secretaría de Finanzas fortalecida o más eficiente ya que no hay una gestión adecuada para los desembolsos.
Para el economista, también tiene que ver el personal con la contratación de personal nuevo que hubo con el cambio de Gobierno, entre ellos gerentes y administradores de las Unidades de Planificación Estratégicas (UPE) de cada secretaría, entre otros, que están siendo “realmente” muy lentos y eso se ve reflejado en el presupuesto.
Mencionó también el discurso en el actual Gobierno, que ante los informes sobre su baja ejecución presupuestaria ha defendido que los recursos no se están “robando” como en el Gobierno del Partido Nacional.
Pero para el economista es “igual de preocupante” que el presupuesto se vaya en corrupción, sueldos elevados y privilegios, como ocurrió en gobiernos anteriores, “como en estos momentos (el partido) Libre al no gastarlo”.
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Impacto de la baja ejecución
A criterio de Zepeda “el impacto siempre lo está teniendo un pueblo que no ve la mejoría” en sus condiciones de vida en materia de salud, educación, infraestructura, vivienda, empleo, entre otros, debido a la ineficiencia e ineficacia del Gobierno para ejecutar un plan de inversión pública, a pesar de la fuerte campaña oficial de que se está mejorando.
“No digo que no es así, pero (esa mejora) podría ser más alta, si en todo caso se ejecutara de la mejor manera el presupuesto”, explicó.
Citó el caso puntual del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), cuya baja ejecución “significa que no se están dando los recursos necesarios a los productores agrícolas”.
Según el informe de Expediente Abierto, Banadesa es una de las instituciones con menor ejecución presupuestaria, apenas el 7.86%.
Otras instituciones con menos del 20% de ejecución presupuestaria son la Secretaría de Asuntos de la Mujer (19.86%), Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios (17.09%), el Instituto de Crédito educativo (5.77%) y el Programa de la Red Solidaria (5.21%), este último está entre las 18 instituciones con mayores recursos asignados.
La eficiencia y la eficacia de la ejecución presupuestaria es importante “porque al final es el motor del Estado, siendo el administrador del Estado el gobierno”, adujo Zepeda.
En cuanto al gasto por objetivos/funciones, el informe detalla que el mayor nivel de ejecución es del sector de Protección social con el 51.36% y el menor corresponde a servicios públicos generales con el 36.28%, mientras que la ejecución del gasto social ha sido del 47.86%.
“Aquí podemos ver que el gasto social está teniendo un nivel, no de lo más óptimo, pero es de lo rescatable”, dijo al respecto el economista Labarca.
Seguridad, salud y educación
El presupuesto general está dirigido a 112 instituciones, 77 de la administración central y 35 del sector público descentralizado.
De ese total, 18 instituciones absorben el 85% del gasto total, de las que 10 son de la administración central, entre ellas la Secretaría de Seguridad.
Esa dependencia recibió en 2023 un aumento del 27% respecto al presupuesto ejecutado en 2022, equivalente al 2.60% del presupuesto de gasto total de este año, que lo ubica en el puesto 13 de las instituciones con mayores fondos asignados.
No obstante, el nivel de ejecución presupuestaria hasta julio, de 46.54%, es el más bajo con respecto a años anteriores ya que en promedio, desde el año 2010 al 2022, al séptimo mes ha sido de un 51.38%.
Mientras que en las secretarías de Salud y de Educación la ejecución del presupuesto hasta julio es 37.06% y 53.95%, respectivamente.
