*Funcionarios involucrados en actos de corrupción o actividades de narcotráfico, así como personas que acosan e intimidan a la sociedad civil y medios de comunicación, pueden ser incluidos en la “Lista Engel” que sanciona con revocatorias públicas de visas a los mencionados.
Expediente Público
Los países del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Honduras y Guatemala) están a la expectativa de la llamada “Lista Engel”, que el gobierno de los Estados Unidos podría publicar esta semana y que incluiría a personas involucradas en corrupción gubernamental, lavado de dinero, actos de violencia, acoso o intimidación dirigidos a investigadores de corrupción, gubernamentales y no gubernamentales, incluyendo medios de comunicación.
“La lista busca ejercer presión diplomática sobre los países de la región, en este caso, poniendo en evidencia la conducta ilegal de individuos en sus funciones oficiales, pero a la vez dejar en evidencia el endeble o inexistente sistema de contraloría interna en cada país”, explicó a Expediente Público el abogado y académico salvadoreño, Roberto Burgos, especialista en temas de transparencia y acceso a la información.
El documento es parte de la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte de los Estados Unidos o «The United States Northern Triangle Enhanced Engagement Act» (HR 2615), que fue aprobada por el Congreso norteamericano en diciembre del 2020.
Lista con fecha fija
Esta ley fue conocida como «Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos» y se crea la sección 353 «Sanciones específicas para combatir la corrupción en El Salvador, Guatemala y Honduras».
“No más tarde de 180 días después de la fecha de promulgación de esta ley y con una frecuencia no menor a una vez al año a partir de entonces, el presidente deberá presentar a las comisiones del Congreso correspondientes un informe sin clasificar, con anexo clasificado si es necesario, que identifique a cada persona extranjera que el presidente determine han participado a sabiendas en acciones que socavan procesos o instituciones democráticas, o en corrupción significativa u obstrucción de la investigación de tales actos de corrupción en El Salvador, Guatemala y Honduras», dice la Sección 353 de la legislación estadounidense.
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“La Lista Engel es un mecanismo de política exterior del Congreso de los Estados Unidos mediante la cual se enumera a funcionarios de países aliados o destinatarios de cooperación estadounidense, implicados en conductas ilegales y específicamente en casos de corrupción”, expone Burgos.
La publicación del listado llega en un contexto en que la administración del presidente norteamericano, Joe Biden, ha puesto como prioridad el combate a la corrupción en la región centroamericana, mientras se desmantelan comisiones internacionales de lucha contra la impunidad y hay un proceso electoral en curso en Honduras, donde habrá elecciones presidenciales el 28 de noviembre próximo.
El documento debe ser entregado al Comité de Relaciones Exteriores y al Comité del Poder Judicial del Senado, así como el Comité de Relaciones Exteriores y el Comité del Poder Judicial de la Casa de Representantes.
Será pública
La parte no clasificada del informe, según la ley, «se pondrá a disposición del público”, incluso mediante la publicación en el Registro Federal, el equivalente al Diario oficial de la Unión Americana.
“La administración Biden ha dado prioridad a la lucha contra la corrupción en Centroamérica, identificar a los corruptos y negarles unos beneficios en cuanto a la relación con los Estados Unidos un primer paso en este esfuerzo”, explicó a Expediente Público Cynthia Arnson, directora del Programa de América Latina del Wilson Center, en Washington, D.C.
El proceso
Una persona que sea incluida en el listado «debe ser identificada bajo uno o más de estos criterios específicos», »por al menos dos fuentes creíbles», explicó una fuente diplomática estadounidense bajo condición de no ser citada.
La publicación, los cuatro criterios y las sanciones son ordenadas por la misma ley. Las personas que sean incluidas perderán, por tres años, su visa o documento de entrada a los Estados Unidos de manera inmediata. Además, no podrán ser elegibles o tener beneficios migratorios.
“La acción internacional tiene que tener resonancia en la política doméstica de los países centroamericanos”, dijo Arnson, pero advirtió que “la prueba real es si los fiscales y los sistemas judiciales en general serían capaces de montar investigaciones serias y llevar casos a las cortes”.
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Expectativas en la región
Para Burgos el efecto que la publicación de la “Lista Engel” puede tener en el Triángulo Norte de Centroamérica “todavía está por verse”.
“Podemos ver desde alianzas imprevistas con la dictadura de Nicaragua, por ejemplo, hasta un acentuado y renovado nacionalismo por lo que el presidente (salvadoreño Nayib) Bukele considera una intromisión contra la soberanía salvadoreña”, señaló Burgos.
Para el analista, la publicación del listado en estos días no debería ser vista por los funcionarios como un resultado o gestión final.
«La diplomacia por la transparencia y la buena gestión gubernamental de los Estados Unidos va a continuar de no darse señales claras de que el mensaje ha sido comprendido”, advirtió Burgos.
El académico salvadoreño señaló que esto se traduce en condenas a futuro desde organismos multilaterales, limitaciones en el acceso a crédito en la banca internacional para el desarrollo y la reducción de espacios de cooperación en materia de seguridad e inteligencia hemisférica.
“En El Salvador, por ejemplo, la revelación de los enlistados vendrá a ser un paso más en un esfuerzo progresivo del Congreso estadounidense para corregir el rumbo antidemocrático de Bukele y que ya había sido criticado antes por su ataque a la libertad de prensa y a la falta de rendición de cuentas, en especial desde inicios de la pandemia”, subrayó.
Ya en abril pasado el Congreso estadounidense divulgó el listado de cinco funcionarios y exfuncionarios salvadoreños presuntamente involucrados en actos de corrupción o narcotráfico.
La lista la encabezaba Carolina Recinos, jefa de gabinete del presidente Bukele, así como el exministro de Seguridad Pública, Rogelio Rivas y el diputado Guillermo Gallegos, aliado del mandatario salvadoreño. La lista la completaban los dirigentes del FMLN, partido de oposición de izquierda, José Luis Merino y Sigfrido Reyes.
La noche del jueves 24 de junio, el derechista partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), publicó un comunicado en el que manifestó que, si un representante de su partido aparecía involucrado, sería separado de ese instituto político, algo que desató la burla en Twitter del presidente Bukele.
“¿Y si sale (el expresidente de ARENA, Alfredo) Cristiani en la lista, también lo van a sacar del partido? ¿O ya les dieron la lista por anticipado y saben que nadie importante de ARENA sale en ella?”, les cuestionó Bukele.
El mandatario salvadoreño también sostuvo que “el objetivo (de la “Lista Engel”) no es combatir la corrupción, sino influir en la política”.
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Impacto electoral en Honduras
En Honduras, donde habrá elecciones generales en noviembre próximo y el presidente saliente Juan Orlando Hernández ha sido duramente cuestionado por sus nexos con el narcotráfico, las expectativas sobre la próxima medida de la administración Biden también están sobre la mesa.
“No soy particularmente escéptico, pero tampoco soy demasiado optimista con respecto a los efectos en favor de la democracia que pueda tener la publicación de una lista semejante”, señaló a Expediente Público el analista político-social, Víctor Meza.
En abril pasado, seis diputados del Congreso Nacional fueron incluidos en una lista del Departamento de Estado por señalamientos creíbles de actos de corrupción o narcotráfico. Varios funcionarios han sido incluidos en listados similares y uno de los candidatos presidenciales, Yani Rosenthal, exconvicto, estuvo condenado a tres años de cárcel en Estados Unidos por lavado de dinero.
“No quisiera hacerme mayores ilusiones con respecto al impacto que pudiera tener esta lista en la vida política, pero debo advertir que sí trae un impacto que está relacionado con la vida pública, cualquier persona o funcionario o exfuncionario que sea mencionado en la lista y por alguna razón haya tenido ya indicios de enjuiciamiento judicial, es lógico que queda desacreditado de tal manera que prácticamente pierde su condición de sujeto político influyente en el mundo político local”, dijo Meza.
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En pleno panorama electoral
Para el analista, esto es “particularmente cierto” en Honduras “donde estamos involucrados en un proceso electoral bastante incierto y que desemboca en el mes de noviembre y que para nosotros tiene importancia suprema porque hay la posibilidad definitiva de sacudirnos de una vez por todas este régimen oprobioso, denigrante, un régimen que deteriora la imagen del país y nos hace tanto daño como nación”.
Meza advierte que la práctica habitual de la diplomacia norteamericana solo incluye los nombres de aquellas personas que ya están siendo judicializadas por actos de corrupción.
“Por lo tanto, todas aquellas personas que la ciudadanía tiene legítima sospecha que son corruptos, pero no han sido imputados ni han sido judicializados sus casos, los nombres de esas personas no pueden aparecer en una lista semejante porque se exponen a reclamos de carácter judicial que en los Estados Unidos pueden ser muy fuertes”, señaló Meza.
Según el analista, eso es lo que pasó en la publicación anterior de la lista en el caso de Honduras, en la que aparecieron cuatro o cinco nombres que ya estaban en prisión o que incluso ya habían fallecido como fue el caso del expresidente Rafael Leonardo Callejas.
En Guatemala ven una oportunidad
Para el analista político guatemalteco, Álvaro Montenegro, la “Lista Engel” es parte de los mensajes positivos que la administración Biden ha dado contra la corrupción.
“La Lista Engel es importante, demuestra que desde que tomó posición la nueva administración han respaldado la lucha contra la corrupción y la impunidad que es algo que en el gobierno anterior diezmó gracias a las negociaciones por convenios migratorios que hicieron los países por lo menos Honduras y Guatemala a cambio de expulsar a las misiones internacionales”, señaló Montenegro a Expediente Público.
Burgos dijo que la citada lista fortalecerá las iniciativas contra la corrupción en Guatemala.
“Creo que es un conjunto de acciones que vienen de Estados Unidos donde uno de los herramientas son las listas, pero también hay otras que pueden ser solicitudes de extradición y también estas nuevas herramientas que pueden darle un soporte a las fiscalías locales e incluso compartir información de lavado de dinero de negociaciones ilegales que están dando en bancos Estados Unidos y por lo que me parece que hay una oportunidad para combatir estas redes ilícitas tanto nacionales como transnacionales”, señaló Montenegro.
En abril pasado, el Congreso estadounidense también incluyó en su listado de funcionarios corruptos o que han sido involucrados en narcotráfico el exministro de Economía, Acisclo Valladares, el exjefe de gabinete del expresidente Álvaro Colom Gustavo Alejos, el exalcalde de Ocós, Carlos Danilo Preciado, así como los diputados del Congreso Felipe Alejos y Boris España.
