*Investigación de la Fundación Arias expone las limitantes que enfrentan los migrantes en Costa Rica. Sobre los nicaragüenses evidencian las pocas opciones de trabajo y beneficios sociales, además de ser víctimas xenofobia. Muchos deciden aceptar eso ante la alternativa de regresar a Nicaragua y enfrentar las cárceles del régimen de Daniel Ortega, según informe.
**Número de refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses en Costa Rica se duplicó en ocho meses, totalizando más de 150,000 desplazados en 2022.
Expediente Público
El instinto de supervivencia ante un estado constante de persecución del régimen del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega y los problemas políticos, sociales y económicos, son razones suficientes para que el fenómeno migratorio de nicaragüenses hacia Costa Rica se haya intensificado en los últimos años.
El informe “Acceso a derechos esenciales: regularización migratoria, salud, trabajo y educación”, de la Fundación Arias de Costa Rica, facilitado a Expediente Público indica que la principal limitante para acceder a derechos y atención en temas básicos para las personas migrantes, está sujeto a la tenencia del documento de regularización migratoria.
Sin embargo, existen barreras financieras que impiden la implementación eficiente al registro de migrantes y refugiados. A su vez, estos impedimentos hacen que sean insuficientes los recursos humanos para atender la gran demanda que exige el sistema migratorio de Costa Rica.
La migración de nicaragüenses hacia Costa Rica es histórica pero con períodos de mayor intensidad. El último se vio incrementado tras las manifestaciones contra el régimen de Daniel Ortega desde abril de 2018.
Según documentaron organismos de derechos humanos, al menos 355 nicaragüenses perdieron la vida en esas protestas. El miedo a quedar como presos políticos o ser asesinados por policías y paramilitares del Frente Sandinista marcaron el exilio de miles de nicaragüenses.
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Éxodo masivo
En los primeros cinco meses del 2018 solo 134 personas solicitaron refugio en Costa Rica, pero en junio de ese año empezaron a llegar las solicitudes en masa.
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De acuerdo a los datos de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), en el 2018 se reportó un total de 23,138 solicitudes de asilo, cifra que aumentó en el 2019 a 31,624.
Para el año 2020, inicio de la pandemia del COVID-19, donde se produjo el cierre de fronteras, la cifra de solicitudes se quedó en 12,689 pero se incrementó nuevamente a 59,450 en el año 2021.
Según las cifras de marzo de 2022 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Costa Rica, el número de refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses se ha duplicado durante los ocho meses anteriores, totalizando más de 150,000 desplazados. Una cifra que representa el 3% de la población total de Costa Rica.
Un sistema ineficiente
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La directora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Ilka Triminio, explicó a Expediente Público que “las personas que plantean una solicitud de refugio, muchas veces tienen citas que se las dan para mucho tiempo después, muchos años después”.
También mencionó que las filas de personas solicitantes son muy grandes, y que el número de funcionarios en la Dirección General de Migración y Extranjería no es suficiente para atender la gran demanda de trámites, sobre todo de solicitudes de refugio.
“Cuando estas solicitudes se atrasan, son lentas, no les terminan de dar la documentación. Esto les implica a ellos una cadena causal de problemas”, indicó.
Otro problema es que por la falta de información, a los migrantes nicaragüenses se les vencen sus pasaportes, documento que les permite tener un estatus migratorio para vivir temporalmente en Costa Rica. La renovación o reposición de este documentos suele llevarse a cabo con mucha lentitud.
“En algunos casos no se les atiende y en otros casos estas personas tienen un temor enorme por hacer la solicitud y que eso devenga en una persecución, encarcelamiento, una detención (por parte de Nicaragua). Entonces, con la pérdida del pasaporte, también se le genera un problema de movilidad. Primero, Costa Rica no es su país” y si tienen intención de marcharse, a Estados Unidos u otro país, se ven coartadas sus aspiraciones.
“Luego, el tema de la bancarización, que hoy es fundamental. Entonces, esto le limita, por ejemplo, la recepción de ingresos, trámites básicos”, enfatizó Triminio.
De los 150,000 requerimientos de asilo, el gobierno de Costa Rica no ha logrado tramitar ni siquiera el 10% de solicitudes, porque según los datos de la Dirección de Migración, solo se han resuelto 13,134. De ellas, 5,531 se aprobaron y 7,603 se denegaron.
Costos elevados
Otro factor son los costos de estos procedimientos, Fundación Arias indagó al respecto y expone que, por ejemplo, algunas modalidades implementadas, como el sistema de citas, resultan onerosos y muchas de estas personas carecen de teléfono para realizar el trámite. Además, el tiempo en línea tiene un costo elevado.
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Ejemplificó que el costo de la llamada es de 390 colones el minuto (0.57 dólares), y se puede realizar sólo mediante una línea “Kölbi”. Para otros servicios, deberán de acceder vía web, lo que quiere decir que deben poseer acceso a internet. Kölbi es una empresa de telefonía de Costa Rica.
En lo que respecta al costo de los trámites, varía según la categoría a la que se opte (por ejemplo, residencia permanente o temporal). En la gran mayoría, hay que pagar 125 colones (0.18 dólares) más 2.50 colones (0.0037 dólares) por cada folio para documentos, algo definido por la Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público.
En el caso de una residencia permanente con vínculo con costarricense (consanguíneo de primer grado) o por residencia temporal por tres años, y categoría temporal por vínculo con cónyuge costarricense, se les suman 50 dólares por la solicitud de permanencia legal bajo la categoría correspondiente, es decir, permanente o temporal.
En caso de que el migrante renuncie a su condición de refugiado, tendrá que pagar 200 dólares por la realización de cambio, 126 dólares por el carnet nuevo y pagar el depósito de garantía que quedará a criterio de Migración. Si no se renuncia, solo se pagará 96 dólares por el carnet nuevo y el pago de depósito de garantías.
Cabe destacar que, según una encuesta realizada por Diálogo Interamericano en abril del 2022, un 50% de la población nicaragüense tiene más de 10 años de vivir en Costa Rica y aún así uno de los mayores problemas que tienen es tramitar documentos en este país.
Trabajo informal
La población nicaragüense tradicionalmente se ha movilizado en busca de mejorar su situación económica, mediante oportunidades laborales en respuesta a un alto nivel de informalidad que prevalece en Nicaragua, hasta de un 75% según datos del Banco Mundial, y que lo convierte en uno de los países más pobres de la región.
Las leyes costarricenses buscan que los trabajadores extranjeros puedan llenar los vacíos de aquellas habilidades que no se encuentran en los trabajadores locales.
Los solicitantes de refugio tienen permiso de trabajo desde el momento que se otorga la condición transitoria o permanente. No obstante, aún con documentos formales, muchas veces las personas migrantes no tienen acceso a trabajo en las condiciones que la ley establece.
Lo anterior implica inserción en espacios laborales en condición de informalidad y sin acceso a los beneficios que la ley contempla: seguro social, vacaciones, aguinaldo y el cumplimiento de jornadas laborales.
Conforme a encuestas realizadas por la Universidad de Costa Rica, el 71% de los migrantes nicaragüenses se emplea en los siguientes sectores: agricultura (26%), construcción (16%), comercio (15%) y manufactura (14%).
Estos porcentajes responden a un perfil de migrantes cuya mano de obra es absorbida por ocupaciones de baja calificación. Algo que no concuerda con sus perfiles académicos, puesto que, según una encuesta realizada por Fundación Arias en 2019, de los migrantes que llegaron a Costa Rica después del 2018 el 53% tenía estudios universitarios terminados.
En este sentido, la directora de Flacso, Ilka Triminio, aclaró a Expediente Público que esto se debe a que “muchas de estas personas al entrar a Costa Rica, como un mecanismo de represión y persecución en Nicaragua por la protesta estudiantil, se les cancelaron en las universidades sus expedientes, se les borraron. Entonces, cuando entraron al país no pudieron recuperar la memoria de su trayectoria académica”.
“Quedan congelados porque no saben si retomar los estudios, hacer un proceso que les permita el reconocimiento de algunos de estos años o volver a atravesar por el proceso educativo, que no es tan sencillo”, esclareció.
El negocio de las remesas
La dinámica migratoria transnacional ha tenido una doble funcionalidad. Por un lado, ha contribuido a disminuir la presión social en Nicaragua: reduce la presión sobre el empleo y la demanda por servicios públicos.
Por el otro, la población que emigra, al enviar remesas a sus familiares contribuye a la subsistencia de sus hogares y, además, aumenta las reservas de los bancos de Nicaragua, el circulante y la actividad económica del país.
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En el año 2017, la población migrante nicaragüense envió remesas cercanas a los 537 millones de dólares, cantidad que subió en el 2018 y 2019, cuando aumentó la expulsión de nicaragüenses a causa de la represión.
En Costa Rica, el beneficio de los migrantes también es notable, el país recibió un monto de 41.6 millones de dólares por parte de familias de nicaragüenses.
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Escolaridad
Una serie de leyes obligan al gobierno de Costa Rica a cumplir derechos básicos, como la educación y la salud, a menores de 18 años, sean costarricenses o extranjeros.
El principal documento que lo respalda es el Código de la Niñez y la Adolescencia, una norma nacional basada en el tratado de la Convención sobre los Derechos de la Niñez, que impulsó Naciones Unidas para establecer los derechos humanos básicos de esa población, y que ha sido ratificada por 196 países.
El Ministerio de Educación Pública (MEP) registra alrededor de 52,000 extranjeros estudiando en los centros educativos del país. Según sus datos, la gran mayoría es nicaragüense. Hasta el año pasado, de ese grupo, al menos 21,000 (40%) se encontraban en condición migratoria irregular.
Sin embargo, la cifra podría ser menor porque algunos no están yendo a las aulas debido a que en sus casas no hay suficiente dinero, aunque en Costa Rica la educación es, en principio, gratuita y obligatoria.
Otro factor, que explica la directora de Flacso, Ilka Triminio, es que “hay ciertos tipos de violación a los derechos humanos, por discriminación, por bullyng, por el tratamiento diferenciado, que si bien no es algo que devenga de falta de conocimiento en la ley, sino que viene precisamente del rechazo y discriminación de parte de compañeras, compañeros y personal docente de las escuelas”.
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Xenofobia
Una investigación realizada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la firma especialista en análisis de datos COES, encontró evidencia significativa de la presencia de discursos de odio y discriminación en redes sociales utilizadas en Costa Rica.
La investigación encontró más de 548 mil conversaciones que contenían discursos de odio y discriminación, de perfiles y páginas públicas de Facebook y Twitter, dirigidas a grupos y poblaciones específicas y que se publicaron en Costa Rica.
Más de 181 mil conversaciones relacionadas con discursos de odio y discriminación podían considerarse xenófobas. Y en el contexto específico de Costa Rica, las personas nicaragüenses son las más afectadas.
En junio de 2020 se registró el pico más grande de los comentarios en contra de nicaragüenses, relacionados a falta de medidas de seguridad contra la covid-19, en cuarterías (complejos de cuartos muy pequeños donde viven familias de escasos recursos económicos).
En el 2018 cuando los nicaragüenses comenzaron a llegar en grupos grandes, cientos de ciudadanos protestaron contra el ingreso de migrantes.
Uno de los manifestantes le explicó a la agencia internacional de noticias EFE en ese entonces, que uno de sus objetivos con estos actos, es que las autoridades migratorias de Costa Rica restringieran lo que catalogaban como una “invasión” por parte de los refugiados del vecino país.
