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EXCLUSIVA: Presidente Hernández y su familia aprovechan pandemia para hacer negocios

Expediente Público documenta que la empresa Sersel aún tiene vínculos con la familia presidencial y recibió en plena pandemia entre marzo a agosto de 2020 contratos por 320 mil dólares otorgados de parte del Estado por vigilancia en hospitales. 

En mayo 2019, Expediente Público evidenció de forma exclusiva el conflicto de intereses que hay con la empresa Sersel, proveedora del Estado, que desde 2006 ha recibido 16.6 millones de dólares en contratos. 


La empresa Servicios de Seguridad Lempira (Sersel), vinculada al presidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado y a su familia, fue favorecida con tres nuevos contratos entre marzo a agosto de 2020 por un monto de 320 mil dólares en el marco de la pandemia del Covid-19.  

A pesar que la Ley de Contrataciones del Estado de Honduras prohíbe en su artículo 15 que funcionarios y sus familiares puedan participar en negocios con el Gobierno de Honduras, la empresa de Servicios de Seguridad lempira (Sersel), recibió tres contratos más con la Secretaría de Salud Pública de ese país para suministrar los servicios de seguridad en el Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato, localizado en Ocotepeque, a 243 kilómetros de la capital, al occidente de Honduras.(Descargue). 

Los contratos de servicios de seguridad privada en los hospitales y oficinas administrativas de la Secretaría de Salud fueron adjudicados mediante varias licitaciones privadas y firmados entre la ministra de Salud Alba Consuelo López y Óscar Orlando Cárcamo, representante legal de Sersel.

Además, el 31 de diciembre 2019, Sersel tuvo renovación de 10 contratos por un monto de 13.2 millones de lempiras, unos 533 mil dólares para los servicios de seguridad en Salud Pública. (Descargue). 

También en 2019. Sersel recibió dos contratos por parte de Inversión Estratégica de Honduras Investh; ambos contratos fueron firmados por Marco Bográn Corrales, ex director de esa entidad y que actualmente tiene abierto un proceso de investigación por parte del Ministerio Público por el mal manejo de los fondos destinados para la pandemia del coronavirus.

Escrituras públicas solo se obtienen yendo a Gracias, Lempira

De forma exclusiva, el 17 mayo de 2019, Expediente Público evidenció en el artículo: “Sersel: la seguridad Favorita del Gobierno”, que esa sociedad mercantil fue constituida en 1993 por el presidente Juan Orlando Hernández Alvarado y su familia y que ha sido beneficiada desde 2006 al 27 de agosto de 2020 con 53 contratos por 16.6 millones de dólares mediante licitaciones adjudicadas por instituciones del Estado. 

El equipo de Expediente Público constató en exclusiva el 25 de abril 2019 en el municipio de Gracias, en el departamento de Lempira, a 6 horas por carretera de la capital Tegucigalpa para obtener de forma exclusiva las certificaciones íntegras de las escrituras públicas donde figura que Juan Orlando Hernández Alvarado, junto a su esposa Ana Rosalinda García Carías, su madre María Elvira Alvarado Castillo y su hermano, José Amílcar Hernández Flores, son los socios de la empresa Servicios de Seguridad Lempira, Sersel.

Sersel fue constituida por el mandatario hondureño, Juan Orlando Hernández, José Adrián Castro Pinto y Juan Pablo Hernández Hernández, el 16 de noviembre de 1991, según la inscripción 88 del tomo 25 del Registro de la Propiedad y Mercantil de Gracias, Lempira. (Descargue). 

Sin embargo, en 1993, Juan Orlando Hernández Alvarado, le vendió sus acciones a su esposa Ana Rosalinda García Carías y a su madre María Elvira Alvarado Castillo.  

Posteriormente, en 2013, cuando fue electo como presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, las señoras Ana Rosalinda García Carías y María Elvira Alvarado Castillo se desligaron de la empresa y traspasaron su parte social a los señores Juan Francisco Chinchilla Peña, Miguel Izaguirre Domínguez, Óscar Orlando Cárcamo Sánchez y a Wilfredo Calderón Canales, este último es actualmente subdirector del Instituto Nacional de Migración de Honduras. (Descargue). 

Sersel sigue siendo administrada por la familia presidencial

Expediente Público, solicitó nuevamente el 28 de agosto 2020, las escrituras públicas de Sersel en Gracias, Lempira, en las que se detallan la compra de cinco oficinas en el edificio Torre Alianza, localizado en Lomas del Guijarro en Tegucigalpa. Esas propiedades fueron adquiridas en 2010 por 732 mil dólares estadounidenses. 

Posteriormente, obtuvieron un préstamo hipotecario por los cinco locales y cuatro propiedades en aldea Las Casitas del Distrito Central y seis manzanas localizadas enfrente de la Montaña Celaque en Gracias, Lempira y que están escriturados a favor de Sersel. (Descargue)

Esos contratos abiertos con garantía hipotecarias fueron adjudicados a Sersel; esas transacciones se realizaron el 16 noviembre 2017 y 23 de diciembre 2019 por la primera dama de Honduras Ana Rosalinda García Carías junto a su madre Carlota Carías Pizzatti y su suegra María Elvira Alvarado Castillo y Amílcar Hernández Flores, hermano del presidente. (Descargue)

En esta investigación se confirma que la sociedad Servicios de Seguridad Lempira, Sersel, sigue vinculada a la familia presidencial de Honduras y que el Estado sigue adjudicándose licitaciones pese al evidente enorme conflicto de intereses. 

Entre 2017-2019, Sersel estuvo manejando un millonario contrato por 196 millones de lempiras (8 millones de dólares) por brindar los servicios de 149 guardias de seguridad al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). (Descargue)

Luego que Expediente Público revelara que Sersel está vinculada a la familia presidencial, eliminaron el contrato del portal Honducompras, aunque el contrato sigue vigente hasta 2021. 

Socio de Sersel involucrado en otros actos de corrupción

En esta investigación también se evidencia que el socio de Sersel, Juan Francisco Chinchilla Peña también está ligado en sociedades mercantiles con Marco Tulio Gutiérrez Velásquez y a la exvicepresidenta del Congreso, Lena Gutiérrez. 

La familia Gutiérrez estuvo implicada y fue acusada por corrupción en el suministro de material farmacéutico a la Secretaría de Salud Pública, denominado Astropharma y conocido coloquialmente como las “pastillas de harina”. 

Expediente Público también obtuvo de forma exclusiva en julio de 2019 las escrituras públicas del Aeródromo Celaque de Gracias, Lempira, ciudad donde es originaria la familia Hernández Alvarado. (Descargue).El Aeródromo Celaque de Gracias, Lempira fue donado a las Fuerzas Armadas de Honduras en febrero 2014 por el señor Marco Tulio Gutiérrez Velásquez, padre de la ex vicepresidenta del Congreso, Lena Gutiérrez; ambos implicados en el caso de corrupción Astropharma.

El terreno de 26 manzanas fue desmembrado de un lote de la Finca Los Molinos  y el resto del terreno -115 manzanas- desmembrado de la Finca Los Molinos fue vendido al señor Juan Francisco Chinchilla Peña, socio de Sersel y de la familia Gutiérrez.  (Descargue)

Juan Orlando Hernández Alvarado, cuando era el presidente del Congreso Nacional durante la administración de Porfirio Lobo Sosa, fue el impulsor para la edificación del Aeródromo en Celaque cuya finalidad era fortalecer el turismo en esa zona, pero luego de una investigación de Univisión, realizada por Jeff Ernest el 30 de septiembre de 2019, la pista la pista ahora la utiliza casi exclusivamente el presidente Hernández, quien va de visita los fines de semana, y varios otros políticos locales que han construido viviendas en el área. 

Chinchilla Peña también vinculado en los aviones del presidente 

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York, solicitó en febrero de 2019 al Ministerio Público de Honduras información sobre tres aviones que pertenecen a la familia Hernández Alvarado. Los aviones son alquilados al Gobierno de Honduras para asuntos oficiales; ese dinero regresa a sus propietarios a través de un intermediario: Félix Francisco Pacheco Reyes. (Vea página 8)

La información solicitada era para el proceso por narcotráfico contra el excongresista Juan Antonio Hernández Alvarado, detenido en Estados Unidos el 23 de noviembre de 2018.  

“Desde 2004 hasta 2016, Tony Hernández, estuvo involucrado en el procesamiento, recepción, transporte y distribución de toneladas de cocaína que llegaron a Honduras a través de aviones, barcos rápidos y, en al menos una ocasión, un submarino” describe el documento. 

Entre los hallazgos de la investigación de Expediente Público, Aeronaves de la familia Hernàndez Alvarado, logró constarse que los aviones del presidente de Honduras y su familia fueron obtenidos mediante el aviador Félix Francisco Pacheco Reyes y el narcotraficante Sergio Neftalí Mejía Duarte.  

En la documentación también se evidencia que Juan Francisco Chinchilla Peña, también es socio de Félix Francisco Pacheco Reyes, en la sociedad Inversionistas Tecnológicos Unidos, empresa que adquirió luego los tres aviones de la familia presidencial, cuya sociedad mercantil es investigada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en el caso de Tony Hernández, hermano del presidente de Honduras. (Descargue). 

Caso Pandora 

Felix Francisco Pacheco Reyes también fue acusado por el Ministerio Público de Honduras en 2018 por lavado de activos y encubrimiento en perjuicio de la economía del Estado de Honduras, mediante Aviación Tecnológica, S.A., Aviatsa, ahora Honduras Air. La investigación fue presentada por la Misión de Apoyo e Impunidad en Honduras, Maccih y la Unidad Fiscal Especial, Ufecic.

En el caso Pandora hay varios acusados implicados en sustraer unos 282 millones de lempiras (12.5 USD) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), pero en agosto de este año, 22 acusados, entre ellos, Felix Francisco Pacheco Reyes, fueron sobreseído de la acusación a pesar de haber pruebas que los involucre en el millonario saqueo. 

Expediente Público ha evidenciado que el señor Juan Francisco Chinchilla Peña, socio de Sersel, se involucra en varios actos de corrupción y en los que se vinculan a la familia presidencial de Honduras. 

A pesar de los vínculos que hay entre el presidente de Honduras y su familia, las autoridades hondureñas no han iniciado un proceso de investigación contra la empresa Servicios de Seguridad Lempira; el Estado de Honduras sigue favoreciendo a esta empresa, aunque la Ley de Contrataciones lo prohíbe. 

Nota: Expediente Público autoriza la reproducción total o parcial del texto y documentos que figuran en esta investigación siempre que se mencione la fuente.