*Estado de Nicaragua debe dar una respuesta a crímenes contra naciones indígenas por usurpación de sus tierras, expone estudio de Expediente Abierto.
**Investigación reitera que el conflicto de propiedad causado por los colonos en el Caribe tiene connotaciones económicas, de discriminación étnica y el aislamiento histórico de la población del Caribe de Nicaragua.
Expediente Público
La violencia hacia las naciones indígenas es evidente desde la época colonial, pero con el retorno del FSLN al poder aumentó, primero, por las políticas económicas extractivas de recursos naturales. Segundo, porque el Estado no solo ignora a las naciones indígenas, sino, es parte de la invasión que vive el Caribe, concluye una investigación del centro de pensamiento Expediente Abierto.
Se observan abundantemente las controversias que tienen las normas de naciones indígenas con las instituciones estatales y no estatales, donde no solo sobresalen diferencias culturales sino también discriminación étnica, xenofobia, asimilación y exclusión social, describe el estudio elaborado por el académico Prahaku Karibis, quien por el clima de represión en Nicaragua optó por usar seudónimo.
El investigador resalta que, pese a los vínculos sociales de todos los territorios comunitarios en la región, es notable que “existen pocas estrategias políticas conjuntas como nación indígena y como unión de naciones indígenas para desafiar la invasión de colonos (ladinos o agentes internos que invaden sus territorios)”, por lo cual es necesario crear propuestas de políticas conjuntas de cambio y no actuar por separado o liderados por agentes externos.
La investigación de Expediente Abierto, como reportaje de Expediente Público, evidencian que existen pueblos indígenas que han perdido casi la totalidad de sus tierras por parte de colonos.
Al menos 61 indígenas han sido asesinados desde 2011, producto de los conflictos de propiedad, reportan organismos como el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan).
El último hecho fue el más sangriento, el 23 de agosto de 2021, 12 misquitos fueron masacrados mientras laboraban en una mina artesanal en el municipio de Bonanza.
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Solución requiere voluntad política
Dos líderes del Caribe coinciden en señalar que el problema de las invasiones de tierras y la violencia contra los indígenas en el Caribe se resolvería si hubiera voluntad política, porque la Ley 445 o del “Régimen de propiedad comunal de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de las regiones autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz” establece el saneamiento de los territorios, es decir, la expulsión de los colonos.
Para Henríquez, el punto de partida del saneamiento sería reconocer el derecho que tienen los caribeños sobre sus territorios, devolverles el poder a las comunidades, “la autonomía debe ir más allá del partido político que esté en el poder, hablar de saneamiento es hablar de descentralización”.
“Un gobierno que tiene la voluntad política de respetar el marco legal que hay en términos de reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas, en especial el territorio y la propiedad colectiva, tienen que comunicar con claridad a la sociedad nicaragüense que los pueblos indígenas están reconocidos en la Constitución, nunca se ha dicho publica y abiertamente eso”, reclamó un activista misquito, quien prefirió omitir su nombre por seguridad.
Un proceso de saneamiento y pacificación en el Caribe, descrito por el activista, también involucra el devolver a las comunidades la capacidad de elegir a sus propias autoridades, no a personas que han cometido delitos o tienen intereses partidarios o económicos.
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Demandas de indígenas
La investigación de Prahaku Karibis rescata demandas de guardabosques como son el desalojo de las tierras, la investigación y sanción de notarios que falsifican documentos, de los nativos del territorio que participaron en estos procesos fraudulentos y la apertura de procesos judiciales por los asesinatos de indígenas desde 2009.
Los guardabosques exigen no ser criminalizados por su trabajo de defensa de la tierra, el territorio, de los bienes naturales, propiedad comunal y otros recursos que en derecho les corresponden históricamente.
El activista caribeño secunda esta exigencia de judicialización de aquellos que cometieron delitos contra la propiedad colectiva y el medio ambiente. “Las invasiones hacen mucho daño”, pero están involucrados traficantes de tierra, colonos, abogados, empresarios, políticos y líderes indígenas.
Falta también una investigación detallada de cómo se hacen las invasiones en cada territorio, porque se deben tomar decisiones en base a evidencia y se necesita cierta neutralidad para juzgar los hechos, dijo.
La cuestión del desalojo
Los colonos tienen una posición bastante concreta, proponen que para abandonar las tierras se les compense el dinero invertido y las supuestas mejoras que son en general los potreros, advierte el activista indígena.
En estos casos el Estado debe verificar la situación legal de cada familia a desalojar, “aquellos que han sido estafadores deben ser encarcelados y a quienes fueron estafados el gobierno les debe desarrollar algún programa para reasentarlos fuera de territorios indígenas donde puedan continuar su vida de campesinos”.
Esto resulta polémico para muchos indígenas, pero para el activista, el gobierno “debe pensar no solo en una respuesta para las comunidades, sino, para los mismos mestizos, de lo contrario, tenés un problema que se puede volver inviable”.
Henríquez explica que con el saneamiento el país gana, la sociedad y la economía, “de alguna manera se ha satanizado, que van a sacar o correr a todos los mestizos de la Costa Caribe, esa idea ha vendido el gobierno a muchos terceros, este es un proceso legal, tenemos una normativa”.
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Religiosos contribuyen a invasiones
La investigación de Prahaku Karibis también destaca el rol adquirido por sacerdotes católicos y pastores evangélicos en la autorización de las invasiones de tierra.
“El fanatismo de los partidos políticos y las religiones ha sido históricamente de los principales factores que han modificado la historia de la comunidad. Se recomienda hacer reflexiones críticas en las asambleas territoriales sobre el tema”, revela.
Los colonos conocen los valores indígenas como la religión y educación. En ese sentido, los colonos, para cambiar su imagen de invasor construyen edificios de iglesias católicas, iglesias evangélicas y escuelas en los territorios ocupados.
“Estas iglesias en territorios indígenas están reconocidas por jerarcas de sus religiones, por lo general ladinos y extranjeros, aunque ante esta situación de etnocidio ninguno se ha pronunciado sobre la situación de los nativos. Líderes religiosos ladinos predican que los cristianos deben vivir como hermanos por ser hijos de un mismo Dios. Igualmente dicen que la tierra Dios la dejo para todos”, señala la investigación.
“En los sermones, hay mensajes latentes como el de aprender a vivir con sus asesinos o invasores, algo que concuerda con la política de cohabitación impulsada en los territorios indígenas por el Estado. Esta forma coactiva latente convierte a la iglesia y al gobierno en campo sociales de legitimación muy poderosos, cuando estos logran ganar una influencia significativa. Esta situación no es muy diferente o es igual al papel de las iglesias y gobiernos colonos durante las épocas antiguas de colonización europea”, describe Karibis.
Estrategias de legitimación
Los colonos actúan de forma individual y colectiva, hacen uso del capital económico, capital social y violencia para invadir los territorios indígenas y mantener el control.
“Ellos conocen la necesidad económicas o interés de algunos indígenas por el capital económico y es con ellos que se avocan para comprar las tierras comunales. Igualmente, ellos usan el capital económico para obtener títulos falsos de las tierras comunales que brindan abogados o servidores públicos del Estado (que también son ladinos)”, sustenta la investigación.
Otros invasores, compran las tierras comunales a sus redes sociales que ya están establecidas, por ejemplo, excombatientes de guerra a quien el Estado dio propiedades o que ejercen cierto poder en el territorio, entre ellos funcionarios públicos.
Algo común entre colonos para invadir y controlar el territorio indígena es armar grupos de paramilitares, algunos hasta de 200 hombres, y entrar de forma violenta a la comunidad (secuestrando, robando, quemando cultivos y asesinando líderes) para que indígenas abandonen las tierras.
El estudio de Expediente Abierto también indica que en el caso de las transnacionales hacen acuerdo o tratados directos con el gobierno y como el gobierno tiene sus simpatizantes en la comunidad, consiguen las firmas de autorización de líderes comunales como la Ley 445 lo estipula.
Esta ley, en los párrafos 183 a 185, dice que la concesión y explotación de los recursos naturales en tierras indígenas será en consentimiento y coordinación con el Gobierno Central y en consentimiento del gobierno comunal como representante de la comunidad; “es un párrafo con oscuridad en la escritura”.
Sin embargo, las empresas como la minera Hemco en sociedad con otros grupos de interés, ha creado un juego de compra y recompra de concesiones, cuyo resultado final es la apropiación de más territorio para la explotación de oro, precisa el estudio.
Desventaja estructural para mujeres indígenas
Karibis resalta la situación de las mujeres indígenas en este contexto de invasiones, dejando ver el grado de invisibilización que tienen, en el caso de la Ley 445 los títulos de los territorios se entregarán a jefes del territorio y en los territorios los líderes por lo general son hombres.
Igualmente, en las iglesias, en los partidos políticos, en las organizaciones no gubernamentales quienes toman las decisiones para mujeres son hombres. Por lo general, son los hombres que salen a representar a la comunidad y territorio a otros espacios sociales, incluso cuando hacen juegos entre mujeres es un hombre el juez en el juego, mencionó un miskitu entrevistado por Karibis.
Igualmente, las autoridades comunales entregan la insla (parcela en miskitu) a hombres. Los hombres pueden movilizarse en las tierras comunales y definir junto al síndico un espacio para trabajar. Por el contrario, las mujeres se les impone una serie de reglas que impide su acceso. Por ejemplo, la mujer para acceder a la insla, debe estar casada y ser mayor de 18 años.
Motivaciones económicas de las invasiones
Por una parte, el modelo agrícola nicaragüense expande la frontera agrícola a beneplácito del Estado que promueve estas prácticas, por otro lado, la migración constante del Pacifico-Centro de Nicaragua a la Muskitia es producto de la monopolización de tierras agrícolas en diferentes partes del país.
Esto pone en desventaja a los pequeños agricultores que no pueden comprar tierra porque no hay o porque los precios son muy altos, sostiene el investigador.
“No hay políticas públicas, proyectos o programas dirigidos para la compra de tierra a pequeños productores por parte del Estado”, agrega.
Sin embargo, tal como le describió Expediente Público en varios reportajes, la situación de inseguridad para los indígenas en el Caribe no solo proviene de los colonos, sino, de los intereses del gran capital y las transnacionales, sobre todo, la minería, ganadería, monocultivos como la palma africana y la industria forestal.
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Principales mecanismos de apropiación de territorios
La investigación de Expediente Abierto y Prahaku Karibis se centró en cuatro territorios indígenas, dos territorios mayangnas (Awas Tingni Mayangna Sauni Uman (AMASAU está ubicado en el territorio de Waspam) y Mayangna Sauni As (en el municipio de Bonanza) y dos territorios miskitu (Wangki Twi – Tasba Raya de los Miskitu en el municipio de Waspam) y Prinsu Auhyaun (municipio de Puerto Cabezas).
Karibis reitera que existen cuatro mecanismos que elevan la violencia en el Caribe, el primero es la entrega de tierras individuales a personas desmovilizadas del conflicto armado y la posterior transferencia de derechos entre individuos.
Después de la guerra de los 80 quedaron viviendo en las tierras comunales muchos ladinos que eran comandantes de guerra y durante la titulación de tierra por decreto de ley el Estado de Nicaragua entregó tierras comunales a estas personas.
El segundo mecanismo del conflicto está relacionado con la apropiación de tierras por parte de forasteros que ingresan al territorio indígena, ya sea sin consentimiento o mediante acuerdos bilaterales con pueblos indígenas, incluidos casos en acuerdos con líderes.
Líderes indígenas identificaron que quienes venden la tierra comunal tienen mucho vínculo con el partido del gobierno actual.
“Aquí en el territorio Mayangna Sauni As hay líderes asignados por el Frente Sandinista que la comunidad no los reconoce. Estos líderes son quienes firman documentos o venden tierra sin el consentimiento de la comunidad. Estos líderes son corruptos y no nos representan. Igualmente ponen en peligro nuestros territorios, pero a ellos no les importa. Pero también hay quienes dicen que cuando los invasores o empresas tienen vínculo con el gobierno estos líderes son obligados a firmar”, dijo un mayangna al investigador.
También es evidente la imposición de autoridades, aunque sean corruptas; un guardabosque mayangna declaró: “hemos hecho varias asambleas para cambiarlos y las autoridades regionales siguen insistiendo en dar el certificado a esas personas que nosotros como comunitarios hemos luchado por cambiar”.
Al mismo tiempo se refleja la complicidad de las autoridades, “como guardabosques de las comunidades, a cargo de proteger nuestro territorio, llevamos a estas personas a reuniones o los presentamos a las autoridades, no pasa nada. Si llevamos los colonos a la policía los detiene por pocas horas, unos pocos días y luego los liberan”.
El tercer mecanismo del conflicto es la compra de tierras a alguien que ha ocupado tierras como propiedad agraria privada en territorio indígena.
Es decir, después de la anexión de la Muskitia a Nicaragua las tierras indígenas eran (aún hay) considerada como tierra del Estado o como tierras baldías. Es por estas razones que muchas personas solo llegaron a medir en tierras indígenas y se establecieron.
Posteriormente estas personas vendían tierra a terceros que por lo general eran de Matagalpa, Boaco y Chontales. Esta misma cadena continuó sucesivamente.
El cuarto mecanismo es el negocio político de la tierra en el que incluso participan algunos líderes indígenas. Hay tierras indígenas que aún son consideradas baldías o del Estado y son estas tierras que líderes de partidos políticos ofrecen a sus simpatizantes a cambio de guardar fidelidad o fanatismos al partido de gobierno.
Finalmente, en este contexto de invasión y etnocidio en las naciones indígenas se complejiza con el contexto sociopolítico en Nicaragua, del Covid-19, de consecuencias que dejaron los huracanes IOTA y ETA en 2020 en estos territorios.
“Sin embargo, los indígenas continúan resistiendo con sus órdenes normativos o formas de relacionarse con los recursos naturales y otros seres. No obstante, los diversos y agresivos tipos de violencias pone a esta población minoritaria en desventajas”, sostiene la investigación.
