* Un análisis en Argentina, Chile, Colombia, Perú y Guatemala muestra que sólo un 9% del presupuesto invertido fue destinado a grupos marginados, quienes son los más afectados por los impactos de la pandemia.
**En 2020, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, aprobó 7.9 mil millones de dólares y a junio de 2021 desembolsó 597.6 millones de dólares en proyectos de apoyo para responder a la pandemia en Latinoamérica.
Expediente Público
Un análisis sobre el desempeño que tuvo el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su respuesta a la pandemia por el coronavirus en cinco países mostró una serie de “problemáticas y preocupaciones” relativas a las inversiones que se aprobaron en este contexto, revela el estudio “Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo para la respuesta y recuperación al COVID-19 en Latinoamérica: ¿Riesgos y beneficios para quién?”.
El estudio fue elaborado por once organizaciones de la sociedad civil entre ellas el Bank Information Center (BIC), y muestra que el BID “aceleró los procedimientos de debida diligencia para agilizar los préstamos y desembolsos”, generando dudas sobre los procesos sociales y ambientales aplicados en términos de transparencia, acceso a la información y participación efectiva de comunidades afectadas en Argentina, Chile, Colombia, Perú y Guatemala.
La Asociación Ambiente y Sociedad, de Colombia; Center for International Environmental Law, de Estados Unidos; Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo (global); Coalición regional por la Transparencia y la Participación (regional); Derecho, Ambiente, y Recursos Naturales-DAR (Perú), fueron parte del estudio.
Otras que se sumaron fueron: Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Argentina); Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Argentina); Grupo Regional sobre Financiamiento e Infraestructura; International Accountability Project y la Plataforma Internacional contra la Impunidad.
El análisis realizado abarca proyectos que van desde el 11 de marzo de 2020, fecha en que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia de COVID-19, y termina el 30 de junio de 2021.
Poca claridad del BID al aprobarse préstamos
Los hallazgos muestran principalmente que no hubo claridad sobre el procedimiento para la aprobación de préstamos durante la pandemia y la información relacionada sobre los desembolsos.
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“En varios casos no es claro el procedimiento y los tiempos. En algunos de ellos también hay dudas en relación a si se está divulgando la información del proyecto de manera oportuna y accesible, por ejemplo, la debida publicación de las propuestas de los proyectos, antes de su aprobación”, señala el estudio dado a conocer este 16 de junio en una conferencia virtual.
Carolina Juaneda, coordinadora para América Latina y el Caribe del Bank Information Center, con sede en Estados Unidos, una de las organizaciones que participó en el estudio, explicó que en los financiamientos otorgados por el BID hubo algunas tendencias que “empezaron a preocupar”.
“Cuando está esa presión de aprobar rápido, por ahí se pasan por alto muchas cuestiones que son claves, sabemos por experiencia por el trabajo de nuestras organizaciones que la implementación de estos proyectos de salud puede tener un riesgo significativo de daño, particularmente, en grupos de vulnerabilidad que son los que necesitaban mayor ayuda”, dijo Juaneda.
Débil supervisión
El documento revela que no está claro cuáles son los proyectos que se están aprobando por vía “fast track o ventanilla rápida”, una modalidad de desembolsos rápidos, es decir, con tiempos más cortos de preparación.
La mayoría de los proyectos aprobados en los países evaluados tienen una categoría ambiental y social B o C, lo que significa que la supervisión durante la implementación del Banco al cliente será menor.
Los bancos multilaterales de desarrollo consideran los proyectos relacionados con temáticas de salud como de “menor riesgo de daño ambiental y social”, por lo que los mecanismos usados para el financiamiento tienden a ser “menos rigurosos”.
Por otro lado, la categorización del riesgo socioambiental otorgada a los proyectos analizados es “problemática”, señala el documento.
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Además, limita los requisitos para la publicación de información clave relativa al proyecto y cómo se están llevando adelante las consultas.
“Esto es problemático ya que, en contexto de pandemia, los gobiernos se han tomado la potestad para pasar legislación y órdenes ejecutivas de emergencia, que, en muchos casos, han afectado y restringido el acceso al espacio público por parte de la ciudadanía, y eso afecta mucho la capacidad de las personas, afectadas por proyectos, de poder participar de consultas”, señala el estudio.
Maia Seeger, directora ejecutiva de la organización chilena Sustentarse, considera que en esta evaluación fue llamativo cómo el BID comenzó a publicar proyectos sin la debida diligencia.
“En muchos casos algunos proyectos que ya tenían en la línea de operaciones fueron etiquetados posteriormente como proyectos COVID, en algunos casos no tenían vinculación directa con la crisis y esa vinculación parecía algo forzada”, mencionó Seeger.
Proyectos excluyen a grupos vulnerables
Los proyectos no hacen mención a los grupos marginalizados, es decir, no se identifican acciones o soluciones encaminadas a garantizar «la inclusión y participación de grupos minoritarios o vulnerables”, como: pueblos indígenas, mujeres, niños y otros.
Los proyectos financiados por el BID “tienen el potencial de aumentar las desigualdades en salud, educación y acceso a servicios básicos”, si el Banco no prioriza la inclusión de pueblos indígenas, afrodescendientes, personas LGBTIQ+, con discapacidades o de territorios rurales, pues es sabido que la pandemia provocó impactos económicos y sociales en la región de América Latina.
La falta de información es una de las principales problemáticas de los financiamientos, ya que existen barreras para identificar aspectos claves de los proyectos en materia social y ambiental.
En los casos analizados no hay información sobre los procesos de consultas que se están realizando ni a quién se está consultando, se desprende del análisis.
Es importante incrementar la inclusión de grupos y/o personas en situación de vulnerabilidad en las consultas durante el diseño e implementación del proyecto, enfatizan.
Las restricciones al espacio público limitaron a la sociedad civil en su intento de participar de manera significativa en los procesos de toma de decisiones en muchos países de América Latina.
Las situaciones de amenazas, criminalización, ataques y otras formas de represalias que enfrentan los defensores de la tierra, el ambiente y los derechos humanos, así como líderes comunitarios, pueblos indígenas y periodistas son otras formas de preocupación en el contexto de la pandemia.
Caso 1. Argentina
El 18 de mayo de 2020, el BID aprobó para Argentina un préstamo por US$470 millones para desarrollar en el sector salud el “Proyecto de respuesta inmediata de salud pública en el marco de la pandemia COVID-19”.
Todo el proceso para la aprobación del proyecto se desarrolló en menos de dos meses, lo que plantea dudas sobre el cumplimiento de los requisitos.
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En este caso no queda el “debido cumplimiento de los plazos de negociación ni de aprobación del proyecto”.
“Es preocupante dado que no solo se trata de un proyecto que ha sido aprobado a través de una ventanilla de desembolsos rápidos por el contexto de la pandemia; sino que, además, se trata de un redireccionamiento de fondos de otro proyecto anteriormente aprobado por el Banco”, según el análisis.
A pesar de establecerse un plan de consulta pública, el proyecto dejó por fuera a la sociedad civil, vecinos, oenegés, colectivos de mujeres y, sobre todo, a los potenciales afectados por el proyecto. También a representantes de comunidades indígenas y pueblos originarios, entre otros grupos marginalizados.
También se analizó un proyecto aprobado el 19 de julio de 2017 que financió el BID con US$495,000 para el sector de energía, del que no hay “información suficiente, ni de calidad” sobre el mismo.
La información disponible por el banco no hace referencia a los grupos marginados en este segundo proyecto.
Caso 2. Guatemala
En el caso guatemalteco, gran parte de los grupos marginados más impactados por la pandemia resultaron excluidos de los beneficios del proyecto financiado por el BID.
Los grupos marginados fueron excluidos por no contar con el “requisito exigido”, es decir, contar con un recibo de luz para comprobar el domicilio y hacer el desembolso.
En Guatemala un 12% de la población no goza del servicio eléctrico, detalla el documento.
El proyecto “Apoyo a poblaciones vulnerables afectadas por COVID-19” contó con un financiamiento de US$100 millones y fue aprobado el 28 de agosto de 2020.
A través de este proyecto se pretendía dar apoyo a las personas afectadas por el coronavirus en Guatemala para que tuvieran “niveles mínimos de ingreso” durante el confinamiento por la pandemia y el periodo de recuperación.
«No se ha efectuado ningún análisis ni tampoco evaluación social ni contextual, sobre la situación de los grupos más impactados por la pandemia”, refiere el estudio.
De un segundo proyecto del sector energético llamado “Programa de infraestructura para la electrificación rural de Guatemala”, del 9 de diciembre de 2020 y por un monto de US$120 millones, no se dispone de información de cómo llevará a cabo el proceso de consulta.
Caso 3. Colombia
El 24 de septiembre de 2020, Colombia recibió un financiamiento no reembolsable por US$3,498,559 para la implementación de un programa de respuesta inmediata de salud pública que en el contexto de la pandemia se ejecutaría en departamentos frontera con Ecuador.
Se detectó que el documento de perfil del proyecto fue publicado apenas seis días antes de su aprobación, es decir el 18 de septiembre de 2020.
“La propuesta de financiamiento no se hizo pública con suficiente antelación para conocimiento previo a la aprobación, impidiendo conocer con suficiente antelación la existencia de la propuesta y realizar cualquier comentario o consulta que pudiese ser considerada por los tomadores de decisiones”, señala el documento.
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Los riesgos socioambientales para implementar el programa fueron identificados correctamente, pero no hay planes para mitigarlos.
El proyecto fue clasificado como categoría de impacto social y ambiental “C”, pese a que abarca comunidades indígenas vulnerables con respecto al ejercicio de sus derechos humanos y colectivos.
Son poblaciones expuestas a “situaciones sistemáticas de abandono y desatención estatal, además de presión de actores armados regulares e irregulares, imposición de actividades extractivas o forestales generadoras de despojo”.
Caso 4. Perú
El 12 de mayo de 2021, el BID extendió a Perú un financiamiento por US$600 millones para mejorar las políticas sociales en los ámbitos del mercado laboral, los servicios de salud pública, la educación superior y la atención de la violencia contra la mujer.
A pesar que se cuenta con una serie de documentos que permiten conocer el programa, son de “carácter técnico difícil de comprender para el público no especializado”, por lo que se deben considerar formas de divulgar el contenido.
Las poblaciones indígenas del Perú se convirtieron en el “foco más grande de contagio”, pero igual el préstamo no incluye criterios ni enfoques para la participación y diálogo de este segmento poblacional.
“Los riesgos sociales no han sido correctamente calibrados y definidos”, señala la investigación.
Caso 5. Chile
El proyecto en Chile denominado “Programa de liquidez para Enel Distribución Chile S.A.” fue aprobado con una celeridad que llama la atención, apenas un mes después de la divulgación del programa.
Tampoco se cumplieron con los estándares previstos en la política de acceso a la información.
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“Hay documentos que no fueron publicados y ante la solicitud de información para obtener dichos documentos, el Banco no respondió de manera adecuada”, refiere el análisis.
En este caso, donde se realizó un financiamiento por US$100 millones, aprobado el 26 de junio de 2021, no se proveen documentos antecedentes, ni el perfil de la operación.
La operación tampoco consideró procesos de participación de las partes interesadas, es decir comunidades usuarias.
¿Qué se puede mejorar?
Al momento de diseñar cualquier proyecto relacionado con la salud pública, las organizaciones consideran importante que el BID y los gobiernos de los países tomen en cuenta las necesidades de los grupos y/o personas en situación de vulnerabilidad.
El estudio señala que en proyectos COVID-19 de recuperación económica, el BID también debe tomar en cuenta que los grupos marginados serán los más afectados, por lo tanto, se deben reestructurar proyectos pensando en los grupos marginados.
Otra recomendación es que el Banco debe monitorear de cerca todos sus proyectos más allá de la categoría ambiental y social que le sea otorgada a cada uno, en particular los proyectos de infraestructura, energía y extractivos.
Leonardo Labarca, economista del centro de pensamiento Expediente Abierto, señaló que a medida que se difunde este tipo de información la sociedad civil tiene mayores herramientas para que pueda «hacer el monitoreo de estos proyectos en los territorios”.
Carlos Eduardo Huertas, director de Connectas y de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas, invitado al lanzamiento del estudio, lamentó que no hubo ninguna reacción del BID sobre el caso.
“Realmente sorprende el silencio del BID en este tipo de informes, asumo que los investigadores consultaron al banco para ver sus reacciones y no hay respuestas”, dijo Huertas.
