*Daniel Ortega retornó al poder en 2007 con apenas 38% de los votos y desde entonces llevó a cabo un proceso de transformación institucional consolidando un poder personal y familiar.
**Analistas consultados por Expediente Público coinciden que los pilares que sostienen a Daniel Ortega se encuentran en el control de las fuerzas de seguridad, es decir la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua, apoyados con el papel que ejercen los grupos paramilitares.
Expediente Público
Daniel Ortega asumió el poder en Nicaragua en 2007, por segunda ocasión, con apenas un 38% de los votos. A partir de ese momento “el comandante”, como le llaman al exguerrillero sandinista, tejió una estrategia para mantener el control apoyado externamente por el padrinazgo político de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de América (ALBA), impulsada por Hugo Chávez (1954-2013), y dentro del país por la cooptación de las instituciones públicas, fuerzas armadas y sector empresarial.
El 10 de enero de 2022, después de varios fraudes electorales, Ortega asumió su cuarto mandato consecutivo junto con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta.
Apoyados en estrategias políticas, militares y económicas, consolidaron en Nicaragua un poder personal y familiar apartando a las voces críticas de su administración y derribando el marco institucional e independencia de los poderes del Estado que se empezó a reconstruir hace más de 30 años con la llegada al poder de Violeta Barrios de Chamorro en 1990.
Daniel Ortega y su régimen «sultánico»
El analista de asuntos internacionales costarricense, Carlos Murillo Zamora, explicó a Expediente Público que esas estructuras que sostienen a Ortega y Murillo «han venido evolucionando a través del tiempo” hasta convertirlo en un “régimen autoritario sultánico”.
“No es cualquier dictadura, decir que es un régimen dictatorial es ponerlo al mismo nivel de las dictaduras del siglo pasado en América Latina (…) No solo controla la parte política como hacen los regímenes dictatoriales y autoritarios normales, sino que controla todo el espectro social, desde lo político, económico, social, religioso, cultural, es decir el sultán decide qué es lo que ocurre en Nicaragua y cómo ocurre”, mencionó Murillo.
Desmantelamiento de la institucionalidad
En 1998 a través del pacto que firmó con el entonces presidente Arnoldo Alemán Lacayo (1997-2002), que dio paso a una serie de reformas constitucionales, el marco institucional en el país centroamericano comenzó su deterioro y eso posibilitó el triunfo electoral de Ortega en el 2006.
Ese pacto tuvo otras consecuencias ya que implicó la distribución partidaria en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el Consejo Supremo Electoral (CSE) y en la Contraloría General de la República (CGR).
Siguiendo al pie de la letra la frase que en 2012 acuñó Tomás Borge, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en la que afirmó que “todo puede pasar aquí, menos que el Frente Sandinista pierda el poder”, Ortega construyó la estructura de su proyecto político que lo mantiene perpetuado.
“Daniel Ortega lo entendió muy bien en su momento, y cuando regresa al poder comienza a ejercer un control para consolidar el régimen, no es de 2018 para acá. Es cuando regresa al poder que comienza a construir un sistema autoritario en donde controla el poder Ejecutivo, pasa al Legislativo, al Judicial, o sea va controlando todo el sistema político y de gobierno en Nicaragua”, dijo Murillo.
En los últimos 16 años, el régimen eliminó toda posibilidad de alternancia democrática. Pero, ¿cuáles son esos pilares que en la actualidad sostienen al régimen Ortega-Murillo y que les ayudó a consolidarse?
Ejército y Policía, fieles a Daniel Ortega
Uno de los fuertes pilares del régimen nicaragüense se encuentra en el control que ejerce en las fuerzas de seguridad y defensa nacional, como son la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua.
El primer comisionado Francisco Díaz Madriz, nombrado director general de la Policía Nacional el 5 de septiembre de 2018, y el general Julio César Avilés, quien asumió el 21 de febrero de 2020 para un tercer periodo que finaliza en 2025, dirigen ambas instituciones que son controladas por Ortega y Murillo.
Tanto Díaz Madriz como Avilés están sancionados por Estados Unidos por prestar un significativo apoyo a la represión contra los nicaragüenses que se manifestaron en 2018 y contribuir al desmantelamiento de las instituciones democráticas en el país centroamericano.
La fidelidad que muestran ambos funcionarios se ve reflejada en cada acto público cuando aparecen acompañando a Daniel Ortega.
¿Qué sostiene al régimen de Nicaragua?
“El régimen se mantiene fundamentalmente por las armas, si las armas no las tuviera el régimen hace tiempo que no existiría”, señaló el opositor nicaragüense Alfredo Gutiérrez. A partir de 2018, la Policía se constituyó en el brazo represor del régimen al usar municiones contra los manifestantes, participar en escuadrones de la muerte y perpetrar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y detenciones arbitrarias como revela el informe que presentó el 2 de marzo de 2023 el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas.
Estados Unidos, por su parte, ha señalado que el ejército nicaragüense no solo se negó a ordenar el desarme y el desmantelamiento de las fuerzas paramilitares o “parapoliciales”, durante y con posterioridad a las manifestaciones pacíficas en 2018, sino que, además, las evidencias indican que también “entregó armas a los grupos parapoliciales que perpetraron actos de violencia contra los nicaragüenses”.
“Es el único sostén realmente sólido que tiene Ortega, entre comillas, porque mientras mantenga la cúpula que tiene actualmente dirigiendo al Ejército tiene garantizada la estabilidad del Ejército a su favor”, añadió Gutiérrez.
Paramilitares que aterrorizan a la población
El Grupo de Expertos de Naciones Unidas determinó que, durante las protestas cívicas de 2018, la Policía actuó en conjunto y de forma coordinada con grupos progubernamentales, mejor conocidos como paramilitares, que actuaron con total impunidad.
Las más altas autoridades del gobierno justificaron la actuación de personas armadas no uniformadas, identificándolas como “policías voluntarios”. El mismo Díaz Madriz, en una entrevista con el medio de comunicación noruego Dagbladet, publicada hace cuatro años, justificó la represión perpetrada contra los manifestantes nicaragüenses.
El jefe policial reconoció en ese momento que los grupos paramilitares estaban “debidamente legalizados”. La Ley Orgánica de la Policía, sin embargo, establece que la Policía Nacional podrá exhortar a los ciudadanos, para que voluntariamente y en la medida de sus posibilidades le auxilien en el ejercicio de sus funciones, pero no indica el uso de armas de fuego.
“La Policía es un brazo armado familiar, ahí si ya no hay nada que hacer, hay que disolverla totalmente el día que Ortega sea derrocado y fundar una nueva Policía desde cero, eso está totalmente podrido y no existe ningún margen de recomposición”, señaló Gutiérrez.
En todos los casos investigados, el Grupo de Expertos concluyó que la Policía y los grupos paramilitares “cometieron ejecuciones extrajudiciales”.
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Vigilancia territorial
Bajo el principio constitucional de que la soberanía nacional reside en el pueblo, uno de los primeros decretos de Ortega al asumir la presidencia está relacionado a la creación de los Consejos y Gabinetes del Poder Ciudadano.
El artículo 3 del decreto ejecutivo, aprobado por la Asamblea Nacional el 29 de noviembre de 2007, creó el Gabinete Nacional del Poder Ciudadano, que está integrado por los Consejos de Poder Ciudadano (CPC).
La dudosa legalidad de estos Consejos resultó en una modalidad de organización territorial de vigilancia. A la fecha, estas estructuras de apoyo al régimen son nada más que instancias de gestión partidaria a nivel de barrios y comunidades que operan en quince departamentos y las dos regiones del Caribe.
En el segundo periodo de gestión de Ortega (2012-2017), los CPC fueron sustituidos por los Gabinetes de Familia, Comunidad y Vida, que fueron conformados el 12 de diciembre de 2012 como parte de la estrategia de comunicación llamada supuestamente a brindar apoyo en salud, educación, ambiente limpio y cuidado responsable, pero son también instrumentos de control y no de participación.
“Esto es un proyecto expansionista”, refirió Gutiérrez.
Asamblea Nacional cooptada
La trama organizada por Ortega y Murillo incluye la cooptación del resto de poderes, entre ellos la Asamblea Nacional, Corte Suprema de Justicia y Consejo Supremo Electoral, donde sin vacilar llenaron los espacios con fieles sandinistas que aprueban y dan el sí a toda solicitud que sale del Ejecutivo.
Gustavo Porras, diputado sandinista y actual presidente de la Asamblea Nacional, ayuda a sostener al régimen aprobando leyes que socavan los procesos y las instituciones democráticas en Nicaragua. El también eterno secretario general de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetsalud) es otro de los leales al régimen que acompaña siempre a Ortega en sus discursos públicos y programados.
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Las leyes contra la disidencia
En el último trimestre de 2020, los operadores políticos del régimen en la Asamblea Nacional aprobaron un combo de leyes que marcaron el inicio de la reelección presidencial de Ortega en 2021.
La Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz (Ley 1055); la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros (Ley 1040), y la Ley Especial de Ciberdelitos (Ley 1042), son legislaciones que el régimen sigue utilizando para desarticular a la oposición, amedrentar a los medios de comunicación, organizaciones civiles y ciudadanía nicaragüense.
Para Murillo, la participación y lealtad de los diputados es parte de las alianzas que construyó Ortega para asegurar el control total de los poderes del Estado.
“Tiene una alianza con las fuerzas armadas, con los cuerpos policiales, con sectores económicos, otra con sectores políticos que se disfrazan de partidistas y como recompensa les da algo, ya sea más presupuesto o algún tipo de beneficio para los distintos aliados. Eso le ha ido permitiendo tener un control cada vez más elevado”, afirma Murillo.
Conflicto de poderes
La embestida autoritaria de Ortega incluye tener a su servicio a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Consejo Supremo Electoral (CSE), desde donde garantiza los fraudes electorales, se despoja de su personería jurídica a los partidos políticos y se condena penalmente a los opositores y ciudadanos que difieren de su discurso.
La magistrada Alba Luz Ramos, de la CSJ, y Brenda Rocha, del CSE, también acuerpan a Ortega públicamente.
En 2009, la Suprema Corte que ya dirigía Ramos, declaró inaplicable una prohibición constitucional que impedía la reelección consecutiva. Eso le permitió a Ortega postularse en las elecciones de 2011 y que el CSE lo declarara ganador con un 62.46%.
Luego, en 2013, la Asamblea Nacional votó a favor de una Constitución a la medida de Ortega, que no pone limitaciones a su reelección indefinida.
Cada uno de los funcionarios que están en estas dependencias del Estado siguen contribuyendo al control que ejercen Ortega y Murillo.
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“Es imposible que el Poder Judicial logre recuperar su independencia (…) La Corte no manda nada, eso no ha cambiado, ahí los que toman las decisiones son Daniel Ortega y Rosario Murillo y la transmiten a la Corte, al Tribunal de Apelaciones, como la que fue leíada por Octavio Rothschuh y Ernesto Rodríguez”, dijo una fuente judicial que habló bajo anonimato con Expediente Público.
“El Carmen” dicta sentencias
La fuente se refiere a la sentencias dadas a conocer el 9 de febrero de 2023, en la que destierran y desnacionalizan a 222 presos políticos, y la del 15 de febrero en la que 94 nicaragüenses fueron declarados apátridas y sus bienes confiscados.
“En algunos casos (las sentencias) ya están elaboradas o por lo menos los puntos principales si vienen de El Carmen a la Corte, y de la Corte pasan a los Tribunales de Apelación, así funciona. No hay ninguna posibilidad de independencia”, refirió la fuente judicial.
Las medidas “inconstitucionales” de destierro y desnacionalización en contra de 317 nicaragüenses están vigentes y el único camino que queda para restituir esos derechos ciudadanos son las instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
“El destierro ni siquiera está en la Constitución y la pérdida de la nacionalidad tampoco, ni siquiera existe como una pena, son ilegales las dos cosas. En teoría, se pudiera recurrir ante la Corte Suprema de Justicia, pero no tiene ningún sentido hacerlo, no creo que la revoquen”, explicó la fuente judicial.
Los fraudes electorales
El CSE, desde 2008 cuando Roberto Rivas Reyes (1954-2022), ha contribuido a los fraudes electorales para favorecer a candidatos sandinistas y al mismo Ortega.
Las elecciones municipales de 2008 se vivieron bajo un ambiente de tensión y polarización por los señalamientos de fraude. En esas elecciones el FSLN se adjudicó 105 alcaldías de las 153 del país.
Los deliberados y masivos fraudes electorales continuaron en las posteriores jornadas. En 2022 el CSE, que dirige actualmente Rocha, declaró ganadores a todos los fieles del régimen, que ahora gobiernan las 153 alcaldías en el país.
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Con el reciente destierro y desnacionalización de 222 presos políticos, Ortega se aseguró de “liquidar a cualquier persona que tuviera alguna aspiración a puestos políticos”, aseguró Murillo.
“Por el estilo del régimen, no puede permitir que alguien levante la mano y diga yo quiero participar”, agregó el analista político costarricense.
Cúpula empresarial desarticulada
Durante once años, la alianza que mantuvo Ortega con el sector empresarial bajo la figura de un “Modelo de Diálogo y Consenso”, le permitió al exguerrillero construir su régimen de forma más tranquila.
En ese periodo que duró más de una década, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) incidió en la aprobación de 124 leyes desde el 2008 hasta 2017, además consiguió sillas de representación en más de 40 instituciones públicas como el Banco Central de Nicaragua (BCN), la máxima entidad económica del país.
En 2018, tras el estallido social y político, ese modelo entró en un franco deterioro y todo apuntaba a su fin.
“El problema de este tipo de regímenes es que cada día requiere más fuerza para mantener el control, por eso hemos visto en los últimos años cómo ha venido eliminando a ciertos actores individuales, a líderes políticos, a partidos políticos, a oenegés, hasta que acabe con todo actor político o aspirante a actor político”, señaló Murillo.
Ese modelo con el sector privado quedó sepultado por completo el 6 de marzo de 2023 a través de un acuerdo firmado por la ministra de Gobernación, María Coronel Kinloch, publicado en el diario oficial La Gaceta, en la que se ordenó el cierre del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).
Para Gutiérrez, el cierre de la principal cámara empresarial del país y de todas las organizaciones gremiales que la conformaban, es una forma de ir allanando el camino para que los empresarios chinos se establezcan en el país centroamericano.
