* Naciones Unidas reveló los nombres y responsabilidades de los altos mandos militares en la masacre de civiles, junto a la Policía y paramilitares durante las protestas en Nicaragua en 2018.
** Grupo de expertos que investigan los crímenes documentó la cadena de mando de 54 funcionarios del régimen responsable de la brutal represión.
Expediente Público
Los militares fueron pieza clave en la masacre de civiles durante las protestas en Nicaragua en 2018, según el reciente informe del grupo de expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Once altos mandos del Ejército de Nicaragua son expuestos en el informe como los máximos responsables de dirigir las órdenes de «aniquilar» a los manifestantes, así como de «neutralizar» a los líderes de las protestas de ese año.
Según el informe publicado este 3 de abril, esa estructura de mando, encabezada por el jefe del Ejército, general Julio César Avilés Castillo, dirigió a los militares en el uso de armas letales y en proporcionarlas a los policías y paramilitares, además de dirigir los planes de inteligencia y el accionar en los crímenes contra los manifestantes.
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Renuevan mandato para investigar crímenes
Reed Bródy, Jan-Michael Simon y Ariela Peralta Distefano lideran al Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN). A ellos, este 3 de abril, se les renovó el mandato para seguir investigando los crímenes que comenten el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.
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El Consejo de Derechos Humanos de la ONU también renovó el mandato a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), para seguir documentando los crímenes de lesa humanidad que ocurren en Nicaragua.
El voto fue 29 países a favor, cuatro en contra y 14 abstenciones. En esta oportunidad un mayor número de gobiernos dieron el respaldo.
Ejército entrenó, armó y asesinó
«Pese a su discurso de neutralidad, el Ejército desempeñó un rol central» en la represión, sostiene el reporte «Instituciones y personas responsables de los principales patrones de violaciones y abusos de los derechos humanos y crímenes perpetrados en Nicaragua desde abril de 2018».
El Ejército proporcionó armamento y municiones, entrenó a civiles para actividades represivas y desarrolló operaciones de inteligencia para identificar y neutralizar opositores.
Fuentes citadas en el informe señalan también la posible implicación del Ejército «en entrenamientos de combate en zonas rurales», destinados a preparar a los paramilitares.
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El informe concluye que existió una estructura de represión sistemática, en la que fiscales, jueces y policías también actuaban siguiendo directrices políticas del régimen para neutralizar cualquier disidencia.
Durante las protestas se asesinaron más de 300 personas, hubo miles de heridos y cientos de detenidos. Naciones Unidas y otros organismos internacionales han documentado torturas a los presos políticos así como la desnacionalización, expulsión y confiscación de bienes de opositores al régimen.
Ortega y Murillo ordenaron, Avilés y Díaz ejecutaron
La ONU mantiene a los codictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo como los máximos responsables de los crímenes calificados como delitos de lesa humanidad.
La represión contras las protestas sociales en 2018 fue una operación militar coordinada, sostiene el GHREN.
Daniel y Murillo dieron las órdenes al general Avilés y al jefe de la Policía, el comisionado Francisco Díaz quienes se encargaron de planificar y ejecutar la masacre de civiles.
Avilés, Díaz y Murillo están sancionados junto a otros funcionarios del régimen por la represión a los derechos humanos por Estados Unidos, Canadá y otros gobiernos.
Avilés fue ratificado como comandante en jefe del Ejército de Nicaragua por un nuevo período de seis años, hasta febrero de 2031. El general asumió en 2010. Con la reforma a la Constitución, ahora Avilés y el Ejército obedecen a la vicedictadora Murillo.
La orden
El GHREN detalla cómo se orquestó todo. El 20 de abril de 2018, en el auditorio del Estado Mayor en Managua, altos mandos militares se reunieron bajo la dirección del mayor general Bayardo Rodríguez y del asesor presidencial Néstor Moncada Lau.
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En esa reunión, se leyó una “orden presidencial” que se asimilaba a una disposición de combate: los oficiales serían desplegados para “neutralizar” a los líderes de las manifestaciones. Militares vestidos de civil o con uniformes policiales apoyaron a la Policía y a grupos armados progubernamentales.
Avilés autorizó estas acciones pese a que el Ejército y la orden era clara: “aniquilar” cualquier amenaza. Con esa orden el Ejército activó el Plan Montoya, diseñado para vigilancia fronteriza, pero utilizado para proteger edificios estratégicos e institucionales.
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Francotiradores para matar a civiles
Se desplegaron francotiradores con rifles de precisión, lo que según la ONU revela una intención de matar, no de controlar multitudes.
El GRHEN documentó la infiltración de agentes de inteligencia militar en las protestas, tras un reclutamiento masivo de oficiales y un curso exprés. La Dirección de Información para la Defensa, la de Inteligencia y Contrainteligencia Militar, y el Comando de Operaciones Especiales del Ejército encabezaron estas acciones, coordinadas con la policía.
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Se sostiene en el informe que el uso sistemático de armas letales, tácticas de combate y disparos a zonas vitales demuestra que el objetivo no era el control del orden, sino infundir terror y sostener el poder de Ortega y Murillo.
Los nombres y sus culpas
Además, una serie de documentos, testimonios e investigaciones recogidos por el GHREN refuerzan esta conclusión al señalar a la cúpula del Ejército de Nicaragua como pieza clave en la represión violenta contra la población civil durante las protestas de 2018.
Estos son los nombres de los otros principales mandos militares involucrados:
Bayardo Ramón Rodríguez, jefe del Estado Mayor del Ejército, fue quien el 20 de abril de 2018 leyó ante los altos mandos una “orden presidencial” que, según los registros, se asimilaba a una disposición de combate. En ella se instruyó a las unidades militares a “neutralizar” a los líderes de las manifestaciones, a quienes el régimen acusaba de promover un golpe de Estado.
Rigoberto Balladares Sandoval, general de brigada, dirigió durante catorce años la Dirección de Información para la Defensa (DID), una de las estructuras clave en el control de la inteligencia militar. En 2018, su unidad tuvo un rol activo en el “control sobre las operaciones de inteligencia” durante la represión.
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Leonel Gutiérrez López, también general de brigada, lideraba la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia. Su dirección fue una de las que asumió el “control operativo de la represión” contra la ciudadanía.
Espionaje
Álvaro Peña Núñez, es coronel y sucesor de Balladares al frente de la Dirección de Información para la Defensa. Está vinculado a labores de “vigilancia política” sobre personas críticas del régimen, reforzando la maquinaria de espionaje interno del Ejército.
Marvin Antonio Paniagua, general de brigada, era jefe del Sexto Comando Militar Regional durante la represión. Según fuentes, ordenó la participación de tropas bajo su mando en operativos represivos. Les ordenó usar uniformes policiales o ropa civil para reprimir. Actualmente encabeza la Dirección de Relaciones Públicas e Internacionales del Ejército.
Manuel Salvador Gaitán, entonces coronel y jefe del Comando de Operaciones Especiales, ordenó en 2018 el despliegue de francotiradores con rifles de precisión. Hoy es general de brigada y dirige la Dirección General de Doctrina y Enseñanza.
Denis Hernández Martínez, es coronel de Infantería y jefe del Quinto Comando Militar Regional. También autorizó la participación de sus tropas en la represión con atuendos policiales o de civil, para confundir y atacar a manifestantes.
Vladimir Ilich Martínez, coronel de Artillería al mando del Segundo Comando Militar Regional. Fue otro de los oficiales que ordenaron operativos militares contra la ciudadanía en el contexto de las protestas.
Álvaro Rivas Castillo, el coronel de Infantería y jefe del Destacamento Militar Sur ejecutó la represión tras la lectura de la “orden presidencial” del 20 de abril.
José Hilcias Rizo, coronel de Infantería a cargo del Primer Comando Militar Regional también ordenó sofocar las protestas con violencia.
