*Congreso Nacional derogó la Ley de Secretos, pero el pacto de impunidad de la clase política cuenta todavía con asideros legales para obstaculizar la investigación de delitos de corrupción por la CICIH.
**De los quince magistrados que conforman la actual Corte Suprema de Justicia hondureña, ocho son afines al Partido Nacional, incluyendo a su presidente Rolando Argueta, y siete, al Partido Liberal.
***El decreto de amnistía aprobado por el Congreso Nacional el 2 de febrero del 2022 es otra valla en la lucha contra la corrupción en Honduras.
Expediente Público
En lugar de ser los principales aliados de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia de Honduras serán dos de los principales obstáculos con que se enfrentará ese mecanismo anticorrupción en ese país centroamericano, según coinciden expertos consultados por Expediente Público.
Si bien la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, más conocida como la Ley de Secretos, ya no será un impedimento tras su derogación aprobada el 1 de marzo por el Congreso Nacional (Parlamento), el nuevo mecanismo anticorrupción enfrentará viejas y nuevas limitantes.
Entre estas están un polémico decreto de amnistía que incluye delitos de corrupción y un Código Penal hecho a conveniencia de una élite política que durante los últimos ocho años elevó el drenaje de fondos públicos a un grado superlativo.
¿Cuándo se instalaría la CICIH?
El 17 de febrero del 2022, la presidenta de Honduras Xiomara Castro envió una carta a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para solicitar la instalación de la CICIH, una promesa de su campaña y un clamor popular que surgió en 2015 tras revelarse el millonario desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Una parte de los fondos saqueados al IHSS fueron utilizadas para la campaña política del candidato del Partido Nacional Juan Orlando Hernández de cara a las elecciones generales de 2013, en las que resultó ganador el ahora expresidente solicitado en extradición por el Gobierno de Estados Unidos.
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La eventual instalación de la CICIH genera expectativas porque en Honduras “no existe la justicia”, se necesita reconstruir el Estado de derecho y el renacer de la esperanza en que los derechos humanos, la propiedad, el orden público y la protección de la ciudadanía se van a respetar, resumió a Expediente Público el exfiscal general Edmundo Orellana.
“Solo lo podemos lograr con el fortalecimiento de la institucionalidad, especialmente de la que está dentro del contexto del sistema de justicia, y esto solamente lo puede hacer un mecanismo como ese que va a venir: la CICIH”, agregó Orellana, quien funge en el actual Gobierno como ministro asesor en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, un cargo que no existía en el gabinete anterior.
Sin embargo, ese mecanismo anticorrupción “difícilmente se va a establecer en poco tiempo” y será hasta septiembre u octubre que “podemos estar viendo algo”, señaló.
“Lo único que sabemos es que (la ONU) está en la mejor disposición de colaborar, pero no se sabe cuándo viene la Misión”, expresó Orellana, quien también manifestó su anhelo de que ese proceso no se alargue.
Aunque todavía no se ha reunido con la presidenta Castro para definir su papel, para Orellana “la lógica indica, incluso la más elemental, que si yo no participo en el equipo que va a traer la CICIH, que va a negociar la instalación, no tiene sentido que yo esté”.
Instituciones orientadas a la impunidad
De instalarse este año, el primer obstáculo con que se va a encontrar la CICH “es una Corte totalmente inclinada a mantener la impunidad y un Ministerio Público orientado en el mismo camino”, estimó Orellana.
De los quince magistrados que conforman la actual Corte Suprema de Justicia hondureña, ocho son afines al Partido Nacional, incluyendo a su presidente Rolando Argueta, y siete, al Partido Liberal.
Los magistrados cesarán en su cargo entre enero y febrero de 2023, y entonces “la CICIH podría actuar con mucha más libertad”, dijo el letrado.
Ese mismo año, pero hasta agosto, cesará en su cargo el fiscal general Oscar Chinchilla, una figura ligada al Gobierno de Juan Orlando Hernández y cuya reelección en 2018 fue señalada de graves irregularidades.
Dentro del Ministerio Público se encuentra la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco), que se encarga de investigar los delitos relacionados con la corrupción pública y cuyo jefe es el abogado Luis Javier Santos.
La Uferco “es una continuación de lo que era la Ufecic, lo único que debilitada”, dijo Santos a Expediente Público, en referencia a la otrora Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción, creada junto con la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), cuyas funciones cesaron en 2020.
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La Uferco ha dado continuidad a varios de los casos investigados por la MACCIH-Ufecic, entre ellos una licitación fraudulenta en el Seguro Social y el caso Pandora, relacionado con el desvío de fondos que iban dirigidos a familias pobres del corredor seco.
Santos recordó que en el caso Pandora ya han sido sobreseídos todos los imputados, y que en el del Seguro Social se dictaron sobreseimientos a favor de la mayoría de los acusados de la junta directiva y de un empresario.
“De ahí hubo más sobreseimientos, pero aún tienen recursos pendientes”; sin embargo, en lo que respecta al Seguro Social y a Pandora “ya son cosa juzgada y esas personas ya no van a poder ser perseguidas jamás por esos delitos, quedan en la impunidad por esas decisiones de la Sala de lo Constitucional”.
Como jefe de la Uferco, Santos ha denunciado de forma reiterada la falta de apoyo en la lucha anticorrupción.
“Las unidades que tienen que ver con investigaciones de casos de corrupción históricamente, desde que se creó el Ministerio Público (en 1993), no han tenido la fortaleza o el apoyo necesario”, sostuvo.
No solo es la falta de personal y de equipo, sino que “hay carencia de voluntad del que en su momento ha estado a la cabeza del Ministerio Público para poder crear una unidad robusta que pueda enfrentar a las mafias que hay en el país”, las cuales “tienen todas las capacidades” y el poder para actuar.
Entonces, “jamás vamos a avanzar, siempre vamos a ir un paso atrás y las mafias van a ir un paso adelante en las investigaciones”, lamentó Santos.
En ese sentido, aclaró que será la CICIH la que va a determinar si trabaja con la Uferco o si crea una nueva unidad investigativa.
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Leyes que favorecen la impunidad
Uno de los grandes obstáculos que tuvo la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) fue la Ley de Secretos, que bajo el pretexto de la seguridad nacional, limitó la investigación de actos de corrupción.
El martes 1 de marzo, el Congreso Nacional derogó en su totalidad esa ley que fue aprobada pocos días antes de que el expresidente Hernández iniciara su primer mandato en 2014. Sin embargo, en Honduras alrededor de 17 leyes incluyen información bajo secretividad, declaró el jueves 3 de marzo en un canal de televisión la excomisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) Doris Madrid.
La CICIH enfrentará también un Código Penal que, así como lo fue la Ley de Secretos, “es parte de la impunidad que se aprobó en el Gobierno anterior para impedir que el Ministerio Público investigue y el Poder Judicial juzgue”, dijo el exfiscal general Orellana.
“El Código Penal tiene penas que no son lo suficientemente gravosas comparadas con otros; por ejemplo, tienen penas más altas los delitos de usurpación (en comparación) con los delitos en perjuicio de la administración pública”, mencionó de su lado el fiscal Santos.
Ese código, vigente desde junio de 2020, “es un obstáculo para ver en la cárcel a todos esos políticos que se han enriquecido”, ya que tiene muchas salidas para evitar ir tras las rejas, sobre todo “para una persona que es solvente económicamente”, añadió.
El jefe de la Uferco mencionó que otros impedimentos en la lucha anticorrupción son la reforma a la Ley de Lavado de Activos, que impide acceder a información financiera, y los fueros especiales para los altos funcionarios del Estado.
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Esta distinción entre los funcionarios que ocupan un cargo medio y alto impide que sean juzgados en el mismo lugar, lo que “distorsiona” la aplicación de la ley y hace “mucho más difíciles” las investigaciones.
“Cuando se interpone una acción contra un alto funcionario, todas aquellas instituciones que deberían de servir de control a la corrupción más bien los protegen”, agregó Santos.
El decreto de amnistía aprobado por el Congreso Nacional el pasado 2 de febrero es otra valla en la lucha contra la corrupción en Honduras. Santos opinó que “es una medida desacertada incluir en un decreto de amnistía casos que tengan que ver con corrupción”.
Esa medida, que es más política que legal, “se podía haber tomado dentro de un tiempo”, cuando el Estado “haya demostrado en la práctica que está combatiendo la corrupción y que los índices han bajado”; pero por el momento, en Honduras, “hay trabajo no para una misión internacional, sino que para diez misiones internacionales”, puntualizó.
