*Dos ciudadanos colombianos, que fueron capturados por el régimen de excepción y luego liberados, confirma la detención de extranjeros a manos de las autoridades en este país centroamericano.
**Los extranjeros fueron acusados infundadamente de pertenecer al Barrio 18, una de las agrupaciones delictivas que persigue el Gobierno en el marco de la llamada guerra contra las pandillas, que también incluye a la Mara Salvatrucha (MS-13).
***Se estima que hay al menos 70 extranjeros detenidos en las cárceles bajo señalamientos de pertenecer a pandillas.
Eric Lemus / Expediente Público
La captura de los ciudadanos colombianos José Antonio Potes Cáez y Manuel Fernando Castrillón el pasado 27 de enero, en el marco del régimen de excepción decretado hace un año por el Gobierno de Nayib Bukele, reveló uno de los episodios protagonizados por las autoridades y menos difundidos en este país centroamericano.
Los dos jóvenes fueron interceptados por elementos policiales en el reparto Las Margaritas, municipio de Soyapango ubicado al este de la capital, estigmatizado como uno de los vecindarios populosos bajo control de las bandas delincuenciales.
Durante tres meses, estuvieron recluidos en dos centros penitenciarios salvadoreños hasta que su caso trascendió públicamente.
Eliana Potes, madre de Potes Cáez, acompañada de Claudia García, la esposa del joven oriundo del Valle del Cauca, denunciaron el caso a un medio de comunicación colombiano reclamando por el paradero de su hijo que vino a El Salvador atraído por los mensajes difundidos por el Gobierno de Bukele que exalta la seguridad y la prosperidad derivadas de las medidas de represión contra las pandillas.
Posteriormente, una revista informativa colombiana reprodujo un mensaje de Potes desmintiendo su captura.
La organización humanitaria Socorro Jurídico Humanitario fustigó al Gobierno por el manejo del caso. “Como este joven colombiano hay, por lo menos, 20 mil salvadoreños sufriendo todo tipo de torturas y hasta la muerte en Centros Penales”, publicó.
El sueño salvadoreño
Manuel Castrillón, quien residía en Guatemala y también estaba atraído por la imagen que proyecta Bukele, decidió viajar a El Salvador y encontrarse con Potes, su amigo de infancia, para buscar fortuna en esta nación, cuya economía está dolarizada desde 2001.
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Sin embargo, ambos fueron detenidos el 27 de enero, durante la fase “Extracción” del Plan Control Territorial y que cercó todo Soyapango, porque los policías los tipificaron como sospechosos a raíz del tatuaje que Potes tiene en el pectoral izquierdo.
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El tatuaje está dedicado póstumamente a su abuela, pero los agentes policiales asociaron los trazos a las pandillas. Desde entonces, empezó su viaje al interior del temible “régimen”, que registra la captura de 67,203 acusados por estar presuntamente vinculados a las pandillas.
Por ejemplo, el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) reporta alrededor de cinco mil encarcelados sin vínculos ni con la 18 o la MS-13.
Potes y Castrillón fueron recluidos inicialmente en la Cárcel de Mujeres hasta el 20 de febrero, cuando los llevaron a la prisión de Jucuapa, 113 kilómetros al este de la capital, junto a otros 70 extranjeros también víctimas de las redadas, según relataron en sus redes sociales.
Sin investigación judicial
El director de Litigio Estratégico de la organización no gubernamental Cristosal, el abogado Abraham Ábrego, advierte a Expediente Público que el Estado de Excepción no puede estar por encima de la Ley de Migración y Extranjería.
“Hay una ley especial de migración que establece los derechos de las personas migrantes extranjeras cuando están en el territorio. Una de las cosas que plantea es que ellos tienen derecho a la libertad, al debido proceso, la integridad física y el apoyo consular. Es decir, (el Gobierno) tiene que informar a las embajadas”, enfatiza Ábrego.
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Cristosal denunció en enero pasado 3,086 denuncias por violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen y que abarcan capturas arbitrarias, allanamiento de moradas y maltrato físico.
En Colombia, mientras tanto, medios de comunicación informan de otros casos como el del cartagueño Andrés Felipe Castañeda González, de 31 años, que arribó a El Salvador el 15 de noviembre y está detenido desde el 7 de diciembre del año pasado.
Aunque esta organización no está a cargo de denuncias de extranjeros, el abogado dice que la situación de los colombianos visibiliza este escenario.
“Es un abuso del régimen de excepción porque (…) no suspende ninguna de las garantías para extranjeros que tiene la Ley de Migración, ni la presunción de inocencia. Eso implica que para que una persona (extranjera) sea capturada requiere de una orden judicial o administrativa e investigación previa. Esos son derechos de integridad física y prohibición de tortura”, remarca Ábrego.
Alerta El Salvador
El pasado 3 de marzo de este año, la embajada de los Estados Unidos emitió una alerta de viaje para que sus ciudadanos tomaran precauciones durante sus visitas a El Salvador.
“Numerosos ciudadanos estadounidenses y otros extranjeros han sido detenidos bajo el Estado de Excepción, algunos en una manera supuestamente arbitraria”, reza el aviso oficial.
La sede diplomática reitera que, bajo el Plan de Control Territorial, el acceso y la libertad de movimiento puede ser limitado dentro de zonas consideras con actividad pandilleril.
“El Estado de Excepción otorga a las autoridades la facultad de detener a cualquier persona de quien se sospeche actividad pandilleril y suspende varios derechos constitucionales, que incluyen las protecciones normales de los procedimientos penales tales como el derecho a un proceso sin demora”, añadió la embajada estadounidense.
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“Las condiciones carcelarias son duras”, recalcó la misión acreditada en San Salvador.
El Informe anual sobre violaciones a derechos humanos durante el Estado de Excepción, que fue rubricado por siete instituciones, registró 111 muertes acaecidas bajo la custodia gubernamental.
“(Con los extranjeros) están aplicando las mismas irregularidades que (hacen) con los nacionales: no hay un debido proceso y tampoco se les dan las garantías”, reitera, por su parte, Ábrego.
El fin del sueño
Los jóvenes vallecaucanos relataron que el 16 de abril fueron liberados por el director de Centros Penales y viceministro de Justicia y Seguridad Pública, Osiris Luna, quien llegó a buscarlos personalmente para alojarlos en un hotel donde recibieron la asistencia de dos funcionarios gubernamentales.
El establecimiento está ubicado en un barrio de clase media estratégico por su ubicación cercana a centros comerciales y lugares de esparcimiento.
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“Por mí fue (a la cárcel) el viceministro de Seguridad, un señor que andaba muy custodiado, el señor Osiris y fue con una persona que se llama David Cruz”, declaró Potes a la radio YSUCA.
Según él, fue Cruz (que labora como periodista gubernamental) quien grabó un video desmintiendo su captura y que después fue reproducido en un medio de comunicación colombiano.
Potes y Castrillón estuvieron alojados 13 días en el hotel e, incluso, fueron llevados de compras y de paseo al litoral salvadoreño, donde los funcionarios registraron en video cada momento.
Los dos fueron evacuados del hotel el 30 de abril por personal consular colombiano que los asistió hasta el abordaje de un vuelo regreso a su país natal.
Foto: RRSS de Manuel Castrillón
Una vez fuera de El Salvador ambos ampliaron los detalles de su vivencia que acabó en una pesadilla.
