*Revisar actos de corrupción e impunidad, blindajes a grupos de poder, nombramientos irregulares en el Poder Judicial y la anunciada reforma constitucional de la presidenta Xiomara Castro, serán algunos retos de la nueva Corte Suprema de Justicia.
**Corte Suprema de Justicia debería estar integrada por magistrados que garanticen independencia, afirman analistas entrevistados por Expediente Público.
***Este 10 de enero los 128 diputados que integran el Congreso Nacional están convocados para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Yarely Madrid / Expediente Público
Los nuevos 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, tendrán importantes retos que asumir como demostrar su independencia e impartir justicia en casos de corrupción vinculadas a grupos del poder político y económico.
A pesar de que todavía no hay consensos concretos entre las diferentes bancadas que componen el Congreso Nacional para definir quiénes serán los profesionales nominados para la sesión legislativa de este 10 de enero, los elegidos para el período 2023-2030, deberán pronunciarse sobre casos en impunidad y opacidad que dejan los funcionarios salientes.
Entre las más recientes decisiones que deberán conocer, está el nombramiento irregular de al menos 1,200 empleados permanentes del Poder Judicial que fue hecho en tiempo récord y sin seguir el procedimiento legal.
La Corte Suprema y casos de corrupción
La nueva Corte tendrá también que revisar las leyes que tardan los procesos para que entes como el Ministerio Público investiguen y juzguen las decisiones que se han tomado en el primer año de gobierno de la presidenta Xiomara Castro para salvaguardar el estado de derecho y hacer valer la Constitución de la República.
Expertos entrevistados por Expediente Público concuerdan que la única forma de lograr estos objetivos para mejorar la Justicia en Honduras, será con la elección de magistrados que integren una Corte independiente de todo poder del Estado.
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El abogado constitucionalista Heriberto Baquedano, explicó a Expediente Público, que el Poder Judicial podría volver a estudiar o revisar casos como el de Lena Gutierréz, vicepresidenta del Congreso Nacional durante el mandato del expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), acusada en el fraude conocido como “pastillas de harina” o Astropharma por crear una empresa para venderle al Estado entre el 2011 y 2013, medicamentos que no estaban certificados ni tenían efectividad.
La exdiputada nacionalista estaba acusada junto a otras siete personas más incluyendo a sus familiares de delitos contra la salud pública, uso de documentos públicos falsos y otros fraudes. Sin embargo, el 31 de enero de este 2023, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ratificó resolución absolutoria a los implicados.
Más diputados señalados de corrupción
Otro caso importante es la red de corrupción denominada “Arca abierta” presentado el 11 de diciembre del 2018 por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y Corrupción (UFECIC) y la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (OEA-Maccih), en el que se acusaba a 22 personas, entre ellas, diputadas y exdiputadas del Congreso Nacional, por delitos de malversación de caudales públicos y fraude que al final fueron absueltos el 12 de enero de este año.
Entre los parlamentarios acusados estaban la actual diputada del Partido Nacional, Gladis Aurora López y los excongresistas de ese partido, Welsy Vásquez, Milton Puerto, Fabricio Puerto y Gustavo Pérez.
Baquedano explicó a Expediente Público que la nueva CSJ deberá evaluar todos estos casos de sobreseimientos y si encuentra indicios de que no fueron aplicados correctamente, “se pueden volver a estudiar y pedir que se haga revisión del mismo y se proceda”.
En ese sentido, reiteró la importancia de la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) para que revisen las acciones de jueces de la Corte Suprema de Justicia.
“Si actuaron bien los magistrados o no actuaron e inclusive si cometieron delito, también van a ser requeridos ya en el tiempo en que ya no sean magistrados, por lo tanto, las decisiones de esa sala (Constitucional) podían ser revisados por algún órgano internacional que pueda ser acreditado en Honduras y puede ordenar abrir los casos para revocarlos y empezar nuevos juicios”.
Recursos de amparo para favorecer a políticos
Otra de las decisión que podrían ser revisadas, es el recurso de amparo a favor del exalcalde, Nasry “Tito” Asfura, acusado ante los Juzgados de Letras Penal en Materia de Corrupción por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) en el 2020, por el presunto desvío de más de 29.4 millones de lempiras ($1,2 millones de dólares).
Este recurso impidió el antejuicio pedido por la Uferco al tambien excandidato presidencial por el Partido Nacional en las elecciones del 2021 y dejó sin valor ni efecto la solicitud.
“Tito” o “Papi” como se le conoce comúnmente, también fue mencionado en el 2021 en los Pandora Papers, una investigación internacional que estableció que a través del despacho panameño de abogados Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) se adjudicaron 10,000 acciones a una empresa creada en ese país canalero en el 2006, llamada Karlane Overseas SA.
Según la investigación, esta empresa facilitaba el blanqueo de capitales en paraísos fiscales del exalcalde.
Corte Suprema y los políticos
Además, una investigación de Expediente Público en el 2021, reveló cómo también en el segundo mandato de “Tito” en la alcaldía capitalina, estas compañías fueron proveedoras del Estado de Honduras durante 15 años ganando contratos millonarios por al menos 8.1 millones de dólares. Hasta ahora ninguna de estas acusaciones ha sido investigada por la Corte Suprema de Justicia.
Bajo un recurso de amparo, también fue beneficiado el extitular de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Gabriel Rubí, acusado junto con el subsecretario de Salud, Nery Conrado Cerrato Ramírez, de presuntos actos irregulares cometidos en el marco de la pandemia del COVID-19.
Según el Ministerio Público, los funcionarios amparados en un decreto de emergencia, el 10 de febrero del 2020, gestionaron la construcción de un centro de triaje (Clínica de atención) en el Instituto Cardiopulmonar del Tórax.
Sin embargo, en el proceso se violentaron una serie de procedimientos y protocolos legales como la falta de estudios, diseño y especificaciones en función de la necesidad de la salud y autorizó el pago del 15 por ciento de la obra sin que hubieran avances en la construcción.
No obstante, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió un amparo a favor del exministro Rubí, lo que quiere decir que el proceso en su contra quedó paralizado hasta que se resuelva el recurso, lo que abre la posibilidad que quede libre de los delitos.
¿Cómo funciona la Corte Suprema de Honduras?
De acuerdo al Fiscal de la UFERCO, Luis Javier Santos, “los recursos de amparo son un problema grande en materia judicial”, pero también existen tropiezos para lograr justicia en los casos de corrupción, como el tiempo en el que se emiten las resoluciones dentro de la CSJ y las resoluciones diferenciadas.
“Se demoraron demasiado tiempo, o sea, más allá del tiempo razonable en que se puedan dictar en la resoluciones y realmente es mucho más excesivo el tiempo que en otros casos que no sean de corrupción”, declaró Santos.
“Cuando se trata de personas que pertenecen bien a un grupo político o bien a un grupo económico, entonces las resoluciones son totalmente diferentes a las decisiones que toman en aquellos casos donde las personas son de un nivel de económico común, o un nivel político”, indicó.
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¿Y el narcotráfico?
La diputada por el Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza, dijo a Expediente Público que la Corte Suprema de Justicia debe experimentar un proceso de depuración dado que “hay demasiadas manzanas podridas dentro de él (CSJ) quienes muchos de ellos representan a cárteles criminales ya sea por narcotráfico o corrupción”.
Lo cierto es que la CSJ del presidente saliente Rolando Argueta, ha sido acusada de ignorar el narcotráfico en el país, puesto que la mayoría de personas extraditadas por los Estados Unidos no tenían ninguna acusación en Honduras. Se incluyen a altos funcionarios como el expresidente Juan Orlando Hernández, su hermano Antonio Hernández y el exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla.
De hecho la Comisión Especial de Extradición, designada por el Congreso Nacional, presentó un informe a mediados de mayo del 2022, en el que presentaba suficientes pruebas para someter a juicio político a Argueta y al Fiscal General, Óscar Chinchilla por engavetar casos de alto impacto, algunos relacionados al narcotráfico.
¿Confían los hondureños en sus magistrados?
Joaquín Mejía, doctor en Derecho Internacional, explicó a Expediente Público que estos hechos solo vienen a crear desconfianza entre la población hondureña en temas de justicia.
“Esto se ve reflejado claramente en los datos del más reciente sondeo de opinión pública del ERIC-SJ (Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación) que dice que el 82.5% de la población cree que magistrados, jueces, fiscales protegen intereses de las personas corruptas, narcotraficantes y poderosas del país”, reveló.
Leyes que entorpecen investigaciones
Otro de los grandes retos de la Corte Suprema de Justicia será declarar inconstitucional al menos tres decretos que solo entorpecen las investigaciones a funcionarios por actos de corrupción en el Ministerio Público.
Por ejemplo, el Decreto 116-2019 que impide al Ministerio Público ejercer acción penal contra cualquier legislador acusado de corrupción sin que antes el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) concluya una investigación por indicios de responsabilidad penal y una auditoría especial a los fondos administrados por la persona investigada.
Por su parte, el Decreto 57-2020 limita al Ministerio Público al momento de solicitar documentación con fines investigativos lo que obliga a que la decisión recaiga sobre los jueces de la CSJ, quienes definen qué órganos se encargan de la custodia de las pruebas.
Uno de los decretos más nocivos es el Decreto 93-2021 que impide acusar a una persona por el delito de lavado de activos si no tiene un delito precedente. Es decir, que primero se debe demostrar que el dinero viene de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, armas o drogas.
Además en el artículo 26 del decreto establece que para que los entes públicos puedan acceder a información financiera de una persona investigada por extorsión o lavado de activos, deben solicitar una autorización previa de un juez.
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Los decretos que estorban no se resuelven
A pesar de que el Ministerio Público presentó en octubre del 2019 un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto 116-2019 ante la Sala de Constitucional de la CSJ, hasta el día de hoy no ha sido resuelto.
De acuerdo Santos, si la Corte actual hubiera querido declarar inconstitucionales los decretos, lo hubieran hecho, sobre todo porque es evidente que “contradicen las facultades constitucionales del Ministerio Público e incluso unos limitan las facultades que tiene el Poder Judicial”.
“Lo únicos que pueden aplicar la responsabilidad penal en Honduras, son los jueces sin embargo, el artículo 116 le da la potestad al Tribunal de Cuentas. Ellos saben que eso no es posible en un Estado de derecho, sin embargo, ellos declararon constitucionales el decreto 116 y el decreto 57 y 93, aún cuando limita la facultad del Ministerio Público, aún cuando los jueces tienen la facultad de poder aplicar un control constitucional en todo lo que eso, no lo hacen”, lamentó el fiscal.
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Todo amarrado
Una de las ultimas acciones de Argueta fue dar contrato fijo a cerca de 1,200 personas del Poder Judicial. De acuerdo a una publicación de CSJ en Twitter ese beneficio habría sido adquirido a empleados que estaban por contrato desde hace más de 12 años y que ahora gozan de permanencia.
Según denunció la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) “la mayor parte de los profesionales nombrados, provienen de un concurso interno, no exento de cuestionamientos, que se realizó en meses recientes, con el cual se debieron haber cubierto plazas en situación de interinato».
Agregaron que «el mismo se ha aprovechado para extenderlo a todas las plazas vacantes existentes, en un afán de no permitir a los nuevos magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia que se realicen nuevos nombramientos”.
Vieja Corte Suprema y sus trampas
La nueva CSJ tendrá que verificar si decisiones cumplen con los requisitos de la Ley de la Carrera Judicial.
Para el doctor en derecho internacional, Joaquín Mejía, esto es simplemente “amarrar puestos claves en el sector justicia de aquellos que son del partido político, del Partido Nacional sobre todo”.
La diputada del PSH, Maribel Espinoza, también opinó que “el propósito de estos nombramientos es dejar instalada toda una estructura», pero que “esto no será un obstáculo para la Corte Suprema de Justicia porque tendrá que tomar todas las decisiones que correspondan”.
En ese sentido, el abogado Baquedano advirtió que si hay mala intención en contra del Estado “eso será castigado por la ley porque está sujeto a buscarle un juicio tanto político, como también un juicio penal”.
El fiscal Santos por su parte denunció que los nombramientos que se están haciendo en “el circuito anticorrupción, no pasaron el debido proceso para formar parte de esos juzgados”.
“Hay muchos jueces que tienen denuncias en nuestro país y no se actúa contra ellos, la inspectoría de los tribunales, parece que no existiera porque todos estos jueces tienen denuncias, pero nunca proceden las denuncias en contra de ellos”, acusó.
¿El poder tiene intenciones ocultas?
La nueva Corte Suprema de Justicia además de evaluar qué actos de impunidad y opacidad se cometieron en su predecesora, también deberá incluir dentro de sus retos actos poco favorables para Honduras en el actual gobierno de la presidenta Xiomara Castro, como la aprobación de la “Ley de amnistía política”, aprobada el 2 de febrero del 2022.
Esta busca extinguir procesos penales contra presos políticos, defensores del medio ambiente y exfuncionarios del Gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), esposo de la mandataria y con exfuncionarios acusados de malversación, abuso de poder y otros delitos.
Tres grandes exfuncionarios en el Gobierno de “Mel” Zelaya se beneficiaron de esta ley, entre ellos, Marcelo Chimirri, exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), condenado en el 2017 a 17 años de prisión por tres delitos de corrupción cuando fungió como titular de la estatal.
Corrupción sin castigo
El exministro de la presidencia del expresidente Zelaya, Enrique Flores Lanza, es otra de las personas absueltas de los cargos por corrupción con la Ley de Amnistía.
El exfuncionario que pasó más de 12 años en Nicaragua por asilo político, es el autor del caso llamado “Carretillazo”. De acuerdo al Ministerio Público extrajo de las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH) alrededor de 40 millones de lempiras ($1.6 millones) para una consulta popular conocida como la “Cuarta Urna”.
A esto se le suma el desfalco de 30 millones de lempiras ($1,2 millones) del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), los que supuestamente fueron utilizados en contratos de publicidad, durante su gestión en el Gobierno del Poder Ciudadano de 2006-2009.
Por último, Rodolfo Padilla Sunseri, excalde de San Pedro Sula, quien fue prófugo de la justicia desde 2017 por ser declarado culpable de delitos de malversación de caudales públicos al extraer 400 mil lempiras ($16 mil) del presupuesto para transferirlos a otros exfuncionarios de la alcaldía quienes fueron declarados culpables y están en prisión.
Funcionarios protegidos
Por otro lado, hay ciertos funcionarios del Gobierno de Castro que fueron mencionados en la lista Engel, también conocida como la Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos, entre ellos, el actual vicepresidente del Congreso Nacional, Rasel Tomé y el diputado por Libertad y Refundación (Libre) Eduardo Casañas.
En 2021 ambos parlamentarios recibieron sentencia firme, por la Corte Suprema de Justicia, por los delitos de abuso de autoridad. Al vicepresidente se le acusa de utilizar su cargo como presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) por malversar 327 mil dólares en fondos públicos.
Mientras que a Casañas se le señala de reestructurar indebidamente el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA) para destinar más de 5 millones de dólares en beneficios a aliados políticos y electores, con el fin de asegurar votos de Libre.
Sin embargo, los dos siguen en sus cargos con normalidad, según el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, porque “no se ha recibido notificación formal por parte de la Corte Suprema de Justicia”.
Congreso ignora su propia ley
La situación transgrede la Ley Orgánica del Poder Legislativo al incumplir con el artículo 51, numeral cuatro de la normativa vigente desde el 2014 que dice en el artículo 11 que los diputados pueden perder su cargo por “sentencia judicial firme que lo condene por un delito doloso o inhabilitación que le impida terminar el período para el cual fue electo”.
Otra situación es la intención de Castro de realizar “la primera histórica y transparente consulta popular sobre reformas constitucionales” como expresó en su toma de posesión el 27 de enero del 2022 que podría esconder un forma de perpetuarse en el poder, tal como ocurrió en el 2009 con su esposo el entonces presidente Manuel Zelaya Rosales quien deseaba instaurar una Asamblea Nacional Constituyente, misma que derivó en un golpe de Estado.
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¿Una Corte Suprema independiente es una utopía?
El excandidato presidencial, Salvador Nasralla, manifestó a Expediente Público que a lo que se puede aspirar en este momento es “tener una corte menos sucia que la anterior, o sea que la actual, pero igualmente sucia, o sea, no se puede conseguir con una clase política corrupta resultados ideales”.
“El grupo ideal de personas no se puede conseguir, no lo vamos a conseguir, o sea, que la expectativa para la nueva Corte no es una expectativa positiva”, expresó Nasralla quien es designado presidencial del Gobierno.
Asimismo, aseguró que el panorama para elegir a los magistrados es que “al final los tres partidos acomodan sus piezas para mantener el status quo y seguir perdonándose entre ellos.
«Sinceramente creo que Honduras, así como está con su estructura judicial, electoral, legislativa y ejecutiva yo creo que no tiene vuelta, o sea, miro que a la larga lo que prevalece es el amiguismo político por encima de las capacidades y eso le hace mucho daño al desarrollo del país”.
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Nasralla: somos gobernados por corruptos
“Mientras la Corte dependa de la elección de los políticos, no tiene solución. Mientras las elecciones de cualquier tipo sean controladas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) Honduras está listo y servido para continuar como un país corrupto”, enfatizó el designado y exaliado de la presidenta Castro.
Por último, mencionó que Honduras necesita una reestructuración política. “Lo que tendría que ocurrir de repente en Honduras es, no sé no me atrevo a decirlo, pero realmente no sé cómo se podría remover a todos los que están en política y que viniera una clase nueva joven a manejar todo y que no tenga antecedentes de ninguno de los partidos”.
“Somos gobernados por corruptos que abiertamente en los tres poderes del Estado toman las decisiones sobre leyes, sobre asuntos judiciales y determinaciones en el Ejecutivo totalmente contrarias a lo que yo pienso debería hacerse”, declaró.
