*Agencia de noticias Reuters informó que el Departamento de Estado trabaja un paquete de sanciones por las irregulares votaciones de Nicaragua del 7 de noviembre, en las que Daniel Ortega se reelegirá para un cuarto período en el Gobierno.
**La congresista republicana María Elvira Salazar ha insistido en la aprobación de la ley y es una de las impulsoras de la propuesta de expulsión de Nicaragua del DR-Cafta.
Expediente Público
Los Estados Unidos no solo preparan un paquete de sanciones contra Nicaragua en respuesta a la “vergonzosa” votación del 7 de noviembre donde Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, aspiran a reelegirse con siete precandidatos presidenciales presos y el control absoluto del sufragio, informó la agencia de noticias Reuters.
La nota, firmada por el periodista Matt Spetalnick y basada en fuentes anónimas del Departamento de Estado, sostiene que “el gobierno de Estados Unidos ha comenzado una revisión de la participación de Nicaragua en el tratado de libre comercio con Centroamérica (DR-Cafta) y ha detenido, de hecho, el apoyo a toda actividad de establecimiento de capacidad comercial que sea vista como beneficiosa para el gobierno de Ortega”.
Aspectos legales del tratado y una afectación humanitaria derivada de la expulsión del DR-Cafta de Nicaragua, son los principales obstáculos para tomar una decisión, indica Reuters.
Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua, pues importa el 60% de sus productos, según datos oficiales.
La inversión extranjera directa en Nicaragua cayó 63% en 2020, pero las empresas de origen estadounidense han impulsado la economía con alrededor de US$3,053 millones entre 2007-2019, según la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense.
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La administración demócrata de Joe Biden también está trabajando con socios internacionales para preparar nuevas sanciones que podrían anunciarse como respuesta a las votaciones el 7 de noviembre en Nicaragua, dice la nota de agencia.
Citando dos fuentes distintas dentro del Departamento de Estado, Reuters reitera que sanciones posteriores a las elecciones “son probables”.
“Ambos funcionarios se negaron a identificar posibles objetivos de sanciones o proporcionar el momento para nuevas medidas. Sin embargo, el funcionario estadounidense dijo que la próxima ronda podría incluir no solo a personas, sino también a unidades de las fuerzas de seguridad o empresas controladas por el gobierno vinculadas a la represión”, indica la agencia de noticias.
Podrían afectar cuotas
Expediente Público entrevistó recientemente al politólogo Ryan Berg, investigador del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) con sede en Washington, para conocer posibles acciones de la administración Biden frente a las votaciones del 7 de noviembre, controladas totalmente por partidarios de Ortega.
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Berg explica que hay otras herramientas de presión, aunque el Cafta es la más poderosa, pero también es la más radical, “hay cuotas de importación de varios sectores como el azúcar, donde Estados Unidos ha aumentado la cantidad para Nicaragua, esa es una herramienta pequeña pero afecta a un sector con empresarios importantes y muy ricos, es una acción que puede tomar Biden sin el Congreso, las cuotas están constitucionalmente del Ejecutivo, en un solo día puede disminuir las cuotas del sector textil, por ejemplo, para presionar sin tomar una revisión del tratado”.
Una reducción en las compras no afectaría a muchas personas, pero algunos empresarios muy importantes en el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) entenderían que deben tomar una posición en contra de Ortega y realizar más acciones, no solo decir, que están dispuestos a trabajar con la oposición, sino, dejar a Ortega, sostuvo el analista.
El 20 de octubre una resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) fue aprobada por la preocupación ante la falta de elecciones transparentes y supervisadas en Nicaragua, el encarcelamiento de opositores y el deterioro de los derechos políticos y humanos.
El régimen respondió un día después apresando a los principales líderes de la principal cámara empresaria, Michael Healy y Álvaro Vargas, obligando a exiliarse también a Lucy Valenti, de la Cámara de Turismo nicaragüense.
Berg sostiene que hasta el momento no ha habido voluntad política en Washington para presionar a Ortega, pero el presidente Biden tiene instrumentos de presión poderosos que aún podría usar, uno de ellos viene del Legislativo que desde agosto tiene paralizado en la Cámara Baja la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (Renacer), y cuya principal arma de presión es cancelar el tratado de libre comercio.
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La administración Biden ha respondido con menor rigor a Ortega que su predecesor Donald Trump, pero entre julio y agosto de 2021 dio restricciones migratorias a 150 funcionarios, entre diputados, magistrados y jueces, así como familiares, además, agregó a cuatro funcionarios a la lista negra del Departamento del Tesoro, entre ellos Camila Ortega, hija menor de los Ortega Murillo.
La congresista republicana María Elvira Salazar ha insistido en la aprobación de la Ley Renacer y es una de las impulsoras de la propuesta de expulsión de Nicaragua del Cafta.
Este 29 de octubre volvió a tuitear “solo quedan 9 días hasta la farsa electoral de Daniel Ortega en Nicaragua pero Pelosi aún rehusa aprobar la Ley Renacer para sancionar al régimen asesino. El tiempo se está acabando, Sra. Pelosi”, en reclamo a la demócrata presidenta de la Cámara de Representantes.
“Tenemos otras opciones poderosas, pero la administración no está dispuesta a usarlas en este momento, con solo 35 sanciones a individuos y empresas nicaragüenses, comparado a 400 en Venezuela, no hay presión necesaria en este momento para hacer algo diferente o un movimiento a la democracia en Nicaragua y proteger los derechos humanos, tal vez con más sanciones y pensar más allá. Las sanciones no son estrategia, es táctica, hay que realizar una estrategia más diplomática que pueda juntarse con este paquete de sanciones”, indicó Berg.
