*En un clima de expectativas moderadas, el gobierno de Nicolás Maduro envía señales de interés en un acercamiento con Washington, propiciado por un lobby de transnacionales petroleras.
**De acuerdo a expertos en el sector petrolero, en un plazo intermedio (7 años) se podría regresar a las cifras de producción que Venezuela tenía a inicios de siglo, con una inversión mínima de doce millardos de dólares.
***Según la investigadora venezolana Elsa Cardozo, Estados Unidos ofrece incentivos-carnadas a Maduro para sacarlo del área de influencia de Putin.
Expediente Público
El 9 de marzo, Gustavo Adolfo Cárdenas despejó las dudas sobre su paradero: “La pesadilla para mí y para mi familia finalizó anoche”.
Cárdenas, un venezolano nacionalizado estadounidense, formaba parte del grupo conocido como los Seis de Citgo, la filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) encargada de comercializar hidrocarburos en Estados Unidos.
Tanto él como el resto de la directiva fueron aprehendidos en noviembre de 2017, durante una reunión en la sede de la estatal petrolera, en el sector La Campiña, una urbanización al norte de Caracas. Fueron imputados por malversación de fondos y asociación para delinquir. Desde entonces, permanecía en el retén de la policía política venezolana (Sebin), conocido como el Helicoide. Para EE. UU., Cárdenas y los demás directivos de la empresa fueron secuestrados por el gobierno de Nicolás Maduro.
Tres años después, un juzgado los encontró culpables. En el caso de Cárdenas, la condena fue de ocho años y diez meses de prisión. Según su abogado, Diego Barboza, en este proceso penal lo estrictamente jurídico fue “insignificante”.
“Ni siquiera se encargaron de ventilar pruebas. No hizo falta. El juicio es tan disparatado… a ninguno lo mencionan en ningún documento. Los condenaron con un argumento inverosímil. Decían que eran culpables porque se podían reunir con el presidente (de la empresa). ¿Cómo se defiende uno contra eso?”, se preguntó, durante una entrevista con Expediente Público.
Cuando Cárdenas envió el mensaje sobre su liberación a sus contactos de WhatsApp el 9 de marzo, ya estaba con sus seres queridos en Houston, Texas. Tal y como lo reconoce su apoderado legal a Expediente Público, la libertad fue el producto de una “negociación”. Un factor fundamental en este proceso fue un enviado especial de la Casa Blanca, el teniente coronel retirado Roger Carstens, especializado en asuntos de rehenes.
Carstens estuvo por primera vez en Venezuela en diciembre, y se entrevistó cara a cara con los Seis de Citgo e igualmente con dos miembros retirados del Ejército norteamericano, capturados en mayo de 2020 cuando participaban en un desembarque con militares, policías y civiles venezolanos, llamado operación Gedeón. El encuentro entre el enviado y los detenidos se produjo en las celdas del Helicoide, una de las cárceles para presos políticos.
En marzo, Carstens volvió al país junto con el subsecretario de Estado para asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Juan González, y James Story, encargado de la Unidad de Asuntos de Venezuela, con sede en Bogotá.
Junto al directivo de Citgo también fue liberado Jorge Alberto Fernández, un hombre de origen cubano apresado en el estado Táchira, fronterizo con Colombia, e imputado por terrorismo. Su delito fue portar un dron, de acuerdo con la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia.
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Según la internacionalista venezolana y doctora en ciencias políticas Elsa Cardozo, las liberaciones de Cárdenas y Fernández fueron acordadas antes de la llegada de los funcionarios, en marzo.
“Tiendo a creer que parte de las condiciones para venir era esa. No podían regresar (a EE. UU.) con las manos vacías”, afirmó el defensor.
El hecho de que todavía permanezcan en Venezuela ocho estadounidenses tras las rejas indica, además, que el gobierno de Maduro quiere preservar la comunicación con su contraparte americana sin intermediarios. Eso, sostiene Cardozo, “justifica el acercamiento”.
Las negociaciones, entonces, continúan. Pero no se restringen solamente al tema de los presos estadounidenses. De hecho, este quizá sea solo un pretexto. En la agenda bilateral, hay puntos de mayor interés para Washington: el mercado petrolero y la estrecha relación entre Venezuela y Rusia.
Necesidad versus sanciones
Con la invasión rusa a Ucrania, iniciada el 24 de febrero, Estados Unidos y sus aliados europeos impusieron un paquete de sanciones que incluyó el cese de las adquisiciones de hidrocarburos al país euroasiático. Debido a la urgencia con la que fue implantada esta medida, el mercado norteamericano se vio privado de unos 700,000 barriles diarios de crudo, indican los cálculos del experto petrolero venezolano Francisco Monaldi.
Aunque el propio gobierno estadounidense podía compensar este vacío, acudiendo a sus reservas estratégicas -estimadas en 600 millones de barriles- en ese momento la incertidumbre impactaba directamente los precios, de acuerdo con el director del Global Energy Center Randy Bell, quien hizo un análisis sobre el particular en un foro organizado por el Atlantic Council.
Cuando la delegación norteamericana llegó a Venezuela, el precio de la gasolina regular en Estados Unidos estaba en 4,25 dólares el galón, según la media nacional calculada por la Asociación de Automovilistas de América. El 23 de febrero, en vísperas de la incursión militar rusa, el galón de combustible costaba USD3.53. En otros términos, en apenas dos semanas, los conductores estadounidenses debían pagar en promedio 28% más. En estados de la costa oeste como California o Seattle, el galón llegó a costar más de cinco dólares. Un fuerte golpe para una economía que apenas se recupera del estancamiento ocasionado por la pandemia del Covid-19.
En esta coyuntura, el gobierno de Joseph Biden podía voltear la mirada hacia Venezuela, un país que desde la Segunda Guerra Mundial hasta la primera década de este siglo fue un proveedor confiable de petróleo y sus derivados al mercado estadounidense.
No obstante, desde la época en que gobernaba Hugo Chávez, Venezuela intentó alterar la ecuación de poder regional, en desmedro de los intereses de Washington. Chávez estaba empeñado en un mundo “multipolar”, donde Estados Unidos fuese un actor de segundo plano. El enfrentamiento con los sucesivos presidentes norteamericanos llegó a un punto en el que el teniente coronel venezolano equiparó a uno de ellos (George Bush hijo) con el diablo, durante una intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas, en 2006.
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Uno de los grandes beneficiarios de este cambio en las relaciones con EE. UU. fue, precisamente, Rusia. Este país, junto a China, se transformó en el principal proveedor de armas desde la época de Chávez. Según el contralmirante retirado Carlos Molina Tamayo (ex director de Armamento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana) Moscú negoció la entrega de sistemas para la defensa de la nación suramericana por más de 15 millardos de dólares. Esto abarcaba desde los fusiles reglamentarios (AK-103) hasta toda una nueva arquitectura para la defensa antiaérea, las unidades de blindados, cazabombarderos y helicópteros, indicó el oficial retirado a Expediente Público.
En los años en que Venezuela decidió estas adquisiciones a Rusia, el crudo venezolano estaba en alza en los mercados internacionales. Esta situación se mantuvo hasta la entrada de Nicolás Maduro al poder.
A partir de 2015 y hasta 2021, una corrupción endémica y las sanciones aplicadas por la comunidad internacional ocasionaron un declive general de la economía venezolana, en un contexto conocido como “emergencia humanitaria compleja”. Según el economista venezolano Asdrúbal Oliveros, en estos años la caída del producto interno bruto, estimada en 80%, solo es equiparable a la de países en conflicto bélico.
En este lapso, el éxodo de venezolanos al exterior ronda los seis millones de personas según estimados del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Esto equivale a más del 20% de la población del país.
Maduro atribuye el profundo deterioro de la economía venezolana exclusivamente a las sanciones internacionales, en especial las impuestas por EE. UU. a través del Departamento del Tesoro. Ante el desconocimiento de su gobierno por Washington, en marzo de 2019, ordenó la salida de todo el cuerpo diplomático acreditado en EE. UU. La misma decisión fue aplicada por los norteamericanos, con el cierre de su embajada en Caracas, ese mismo mes.
Pero en la primera semana de marzo de este año, las relaciones entre EE. UU. y Venezuela comenzaron a salir del estancamiento.
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Esto sería el resultado de diversos factores, entre ellos la insistencia de transnacionales petroleras estadounidenses que todavía mantienen presencia en el país
Lobby por petróleo venezolano
“Chevron tiene, yo diría, como año y medio haciendo un lobby muy intenso, tratando que le extiendan la licencia (de operaciones) que vence en junio, y también que la modifiquen y le permitan no solo producir un mayor volumen sino también contratar algunas empresas para hacer posible esa producción, y además de esto la comercialización (…) Aquí tendría que haber un acuerdo, especial y particular, entre Petróleos de Venezuela y Chevron que le permita comercializar cierto volumen (…) para comenzar a cobrar la deuda de Pdvsa con ellos (aproximadamente 2,5 millardos de dólares), y pagar las inversiones que se van a hacer”, explicó a Expediente Público el ingeniero Horacio Medina, presidente de la Junta Administradora ad hoc de Pdvsa, designada por Juan Guaidó.
Según su explicación, las gestiones de Chevron abarcan entonces los dos extremos de la ecuación. Por una parte, ante EE. UU. para que extienda la vigencia de las licencias otorgadas por el Departamento del Tesoro, en el marco de las sanciones a la industria petrolera, y también permita actividades que no están incluidas en estos permisos, a los efectos de la comercialización. Y en el lado venezolano, para que posibilite una mayor participación de la transnacional en las ganancias del negocio.
Medina advirtió que junto a la transnacional petrolera con sede en San Ramón (California) hay otras corporaciones remando en el mismo sentido: la española Repsol, ENI de Italia y Renaissance de India, por ejemplo. Con todas, el gobierno venezolano mantiene cuantiosas deudas.
En esta situación, otros actores han entrado en juego. Juan Fernández, director de la organización Gente del Petróleo, dijo a Expediente Público que hay fondos de inversiones que tienen planteados proyectos en Venezuela, siempre y cuando ocurran cambios en el esquema de relaciones impuesto desde EE. UU., y simultáneamente en el marco legal que rige la actividad petrolera en el país.
“Aprovechando esta oportunidad, la necesidad del mercado petrolero y las limitaciones para el manejo de recursos que padece Venezuela, se podría exigir estos cambios e invertir en el país. También entran intereses venezolanos, que dicen que esto se puede hacer. Y el mercado de la costa del Golfo (de México), sobre todo en lo referido a crudos pesados, es premium para Venezuela (…) Entonces, hay una conjunción de intereses de distintos lados que buscan el levantamiento de las sanciones”, explicó.
David Smilde, asesor principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) con especialidad en Venezuela, explicó a Expediente Público que “hay que recordar que lo que lo que se ha hablado es una licencia para que Chevron y otros puedan producir y exportar petróleo venezolano, una licencia por definición es limitada en extensión y limitado en tiempo, no es levantar las sanciones, una licencia por lo general dice que se fue a hacer X o Y pero no Z, también dice que esto va a ser por 3 meses o 6 meses, se puede ir expandiendo o reduciendo”.
El asesor de WOLA sostiene que esta licencia se puede usar como una palanca para negociar con Venezuela.
La realidad de Pdvsa
Según el último boletín de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep), en febrero la producción total de crudo en Venezuela apenas ronda los 800,000 barriles diarios. Casi 70% menos que lo producido a principios de siglo.
Esto implica que, en el corto plazo, sería muy difícil suplir el déficit dejado en EE. UU. por la sanción al petróleo ruso.
El presidente de la junta ad hoc de Pdvsa lo resume en estos términos: “En 18 meses, tal vez podrían alcanzarse 200,000 barriles (adicionales), con unos cinco mil millones de dólares en inversiones para poder hacerlo”.
La realidad es que para lograr esta meta sería necesario reactivar los taladros, contando con personal técnico especializado que ya no está en el país, así como toda una estructura logística que configura lo que Medina englobó bajo la expresión “sector conexo”.
Según Francisco Monaldi, experto independiente consultado por Expediente Público, en un plazo intermedio (7 años) se podría regresar a las cifras de producción de inicios de siglo, con una inversión mínima de doce millardos de dólares.
Por otra parte, hay una discusión de fondo sobre el destino de los recursos generados con una eventual recuperación de la industria. De acuerdo con el abogado José Ignacio Hernández, exprocurador del gobierno interino de Juan Guaidó, la única manera como Maduro pudiese disponer de estos fondos es a través de un acuerdo político con Guaidó.
“El gobierno reconocido en EE. UU. sigue siendo el interino. Es el único que representa a Pdvsa”, sentenció.
Guiños del gobernante
La delegación estadounidense encabezada por el subsecretario adjunto Juan González y el embajador Story fue recibida por Maduro en el despacho presidencial de Miraflores, con todos los símbolos que rodean a alguien que presume de Jefe de Estado.
“Tuvimos una reunión, que podría calificarla de respetuosa, cordial muy diplomática entre la delegación del gobierno de EE. UU. y la del gobierno venezolano que presido. La hicimos en el despacho presidencial principal (…) ahí estaban las banderas de EE. UU. y Venezuela, y se veían bonitas, las dos banderas, unidas como deben estar las banderas de EE. UU. y Venezuela”, declaró Maduro en una transmisión televisada la noche del 8 de marzo.
Para Diego Area, director de Desarrollo Estratégico del Centro Latinoamericano Adrienne Arsht, el impacto de esta visita podría ser limitado en el plano económico. Pero definitivamente Maduro obtuvo una ganancia, pues “le otorga legitimidad internacional”. Este es un capital preciado para un gobernante cuya investidura no era reconocida por casi todos los países occidentales, apenas tres años atrás.
“El petróleo venezolano no podrá sustituir al ruso (en el mercado de EE. UU.), pero este es apenas un factor a considerar para romper el estancamiento”, explicó, durante una intervención en un foro organizado por el Atlantic Council.
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Antes de la invasión a Ucrania, Rusia incluso había sugerido la posibilidad del envío de tropas a países latinoamericanos como Venezuela, Nicaragua y Cuba. Esta revelación la hizo el vicecanciller ruso Serguei Riabkov, y generó extremado revuelo, al punto que el dirigente político Julio Borges (ex comisionado de Juan Guaidó para Asuntos Exteriores) afirmó que “Maduro ha permitido que Venezuela sea usada como patio trasero de Putin”.
La respuesta política a estos cuestionamientos vino del ministro de la Defensa Vladimir Padrino, quien reiteró a través de su cuenta Twitter que Venezuela ya avanza en programas de cooperación militar con Moscú.
Pero todo esto sucedió en los días previos a la incursión de tropas rusas en Ucrania. Ahora, según la internacionalista Elsa Cardozo, Estados Unidos ofrece incentivos-carnadas a Maduro para sacarlo del área de influencia de Putin.
“El propósito fundamental fue hacerse más presente, a través de estas audiencias con el gobierno venezolano”, afirmó.
Luego de la visita de los norteamericanos a Maduro, el liderazgo opositor encarnado por Juan Guaidó destacó el 9 de marzo en una declaración la necesidad de retomar el diálogo en Ciudad de México. Aprovechó, además, para lanzar una advertencia ante el escenario de un levantamiento de las sanciones sin contar con el restablecimiento de la institucionalidad.
“Solo una Venezuela con garantías democráticas, institucionales y de transparencia puede ser un proveedor energético confiable y eficiente para el mundo. De lo contrario, no solo la corrupción, ineficiencia y estado actual de nuestra Industria petrolera lo hará inviable, sino que se estaría financiando y fortaleciendo a una dictadura acusada de crímenes de lesa humanidad y que ha generado el desplazamiento de más de 6 millones de refugiados”, indica el comunicado.
En todo caso, la visita de la comitiva estadounidense a Caracas ha resultado levemente favorable para el gobernante venezolano, indica David Smilde, especialista en asuntos de Venezuela de la Washington Office for Latin America (WOLA).
“No es una ganancia grandísima. Pero si es algo, y le da cierto alivio simbólico. Pero hasta el momento, no ha renunciado a nada”, afirmó durante una entrevista con Expediente Público.
Junto a la liberación de los dos estadounidenses, el gobierno de Maduro ha dado otros gestos posteriores a la visita de los enviados de la Casa Blanca: agilizó los preparativos para las negociaciones en México y ordenó la devolución de un centro comercial en Caracas, que había sido expropiado hace catorce años por decisión de Hugo Chávez. Además, ha moderado su discurso de abierto apoyo a la invasión a Ucrania, reemplazándolo por otro que destaca la necesidad de lograr la paz.
Smilde indicó que luego del primer anuncio sobre la reanudación de las negociaciones, el gobierno de Maduro ha intentado cambiar la configuración de las partes, introduciendo a nuevos participantes y sin precisar cómo sería el cumplimiento de lo acordado en esta nueva fase.
“En fin, no han sacrificado nada hasta el momento. Estados Unidos no ha ganado nada, y no sabemos qué está pasando. Si EEUU logra que Maduro se siente en la mesa con la oposición, en una negociación seria con los mediadores noruegos, eso sí va a ser ganancia. Si se sigue negociando y se logran acuerdos sobre las instituciones electorales y los prisioneros políticos, será una ganancia. Pero eso va a tomar trabajo diplomático”, advirtió.
Una de las razones por las que el gobierno venezolano había suspendido su participación en las negociaciones de Ciudad de México fue la detención y posterior extradición a EEUU del empresario colombiano Alex Nain Saab.
Saab es considerado por el régimen de Maduro como un “embajador”. En junio de 2020, cuando iba en una misión a Irán, fue aprehendido durante una escala en Cabo Verde. La justicia del archipiélago en costas africanas no avaló su condición de “diplomático”, y en octubre de 2021 lo extraditó a Miami, donde es procesado por lavado de dinero de sobornos al gobierno venezolano.
El régimen de Caracas, a través del Primer Mandatario y el presidente del parlamento oficialista, Jorge Rodríguez, han señalado que la liberación de Saab sería un requisito indispensable para la retoma de los diálogos.
Sin embargo, Smilde cree que en este momento una liberación de Saab “no es negociable”.
“Hay una separación entre las ramas Judicial y Ejecutiva en EEUU, y eso se observa bastante (…) Ciertamente, el Ejecutivo puede tener un impacto en decir cuáles casos se priorizan. Pero una vez que un caso está en proceso judicial es muy difícil sustraerlo”, explicó.
Para la internacionalista Elsa Cardozo, las pequeñas concesiones anunciadas por Maduro deben ser tomadas con cautela. Por lo pronto, indicó, los hechos muestran que el gobernante venezolano tiene un interés especial en avanzar en una relación directa con Washington, logrando así una mayor legitimación.
