* Este 9 de febrero se cumple un año desde la excarcelación, destierro y desnacionalización de 222 presos políticos nicaragüenses enviados a Estados Unidos.
**El Gobierno de los Estados Unidos apoyó en la logística del traslado de los 222 que eran presos políticos en Nicaragua.
***Estados Unidos informó que el costo de transportar a los presos políticos fue superior al millón de dólares.
Expediente Público
Este 9 de febrero se cumple un año desde la expulsión a Estados Unidos de 222 presos políticos de Nicaragua. Esa operación de libertad costó a la administración Joe Biden más de un millón de dólares, informó Enrique Roig, subsecretario adjunto en la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado.
“Lo que se brindó para esta operación en términos de financiación fueron alrededor de un millón de dólares. Obviamente ha habido mucho más apoyo brindado por las oenegés y otras agencias de los Estados Unidos”, dijo el subsecretario adjunto Roig en una rueda de prensa este jueves en la que participó Expediente Público.
Hace un año, los 222 nicaragüenses excarcelados subieron a un avión con la garantía de que volaban a la libertad, aunque desterrados y desnacionalizados.
Eric Jacobstein, subsecretario adjunto para Centroamérica de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, señaló que «fue una operación de días, no semanas” hasta lograr que el avión que los transportó de Managua aterrizara en Washington D.C.
“La respuesta de cómo están (los 222 excarcelados políticos) tiene 222 respuestas diferentes. No tenemos detalles sobre su situación actual”, manifestó Jacobstein en la misma conferencia.
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Los 222 excarcelados a su llegada a Estados Unidos fueron beneficiarios de “permisos humanitarios o paroles”.
Destierro a Estados Unidos fue decisión del régimen
El subsecretario adjunto para Centroamérica de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental enfatizó que la excarcelación y posterior destierro de los 222 fue una “decisión unilateral” del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Ellos tomaron la decisión unilateralmente y la administración (del presidente Joe) Biden trabajó rápidamente para facilitar el traslado de estas personas, y garantizar su seguridad a su llegada, así que yo no lo veo como una negociación, fue una decisión unilateral de los nicaragüenses”, manifestó Jacobstein.
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Ese mismo día que fueron excarcelados, Estados Unidos reafirmó que las “sanciones y otras restricciones siguen vigentes” contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La revista The Foreign Service Journal que cubre los asuntos exteriores desde la perspectiva del personal del Servicio Exterior estadounidense destacó la liberación ocurrió después de “largos meses de diplomacia encubierta”.
El ministro de Relaciones Exteriores del régimen nicaragüense, Denis Moncada estableció comunicación con el entonces embajador estadounidense en Managua Kevin Sullivan.
“¿Aceptaría Estados Unidos a todos los presos políticos de Nicaragua?”, planteó Moncada.
“Aunque en general no comentamos sobre discusiones diplomáticas, el hecho es que Estados Unidos recibió a 222 personas y les brindó ayuda apropiada rápidamente”, enfatizó Jacobstein.
Apoyo de Estados Unidos a los 222 excarcelados
El subsecretario adjunto Jacobstein señaló que en esta operación de los 222 fue necesaria “la participación de todas las agencias del Gobierno” estadounidense y la Casa Blanca para que “fuera exitosa”.
La noche anterior al 9 de febrero de 2023, mantuvieron comunicación con los miembros de la Embajada de Estados Unidos en Managua a cargo en ese momento del embajador Sullivan.
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“Yo recuerdo haber llegado a la Casa Blanca cerca de las 5:30 de la mañana ese día (9 de febrero) esperando ansiosamente escuchar de nuestro equipo en Managua que el avión ya había despegado”, recordó Jacobstein.
El subsecretario adjunto Roig recordó que en tres días, gracias al trabajo de socios de las oenegés, lograron “reservar habitaciones en hoteles cerca del aeropuerto, espacio para la recepción inicial, teléfonos celulares con datos prepagados, transporte local, ropa, productos de higiene” entre otras cosas.
“Trajimos a expertos en apoyo psicosocial inmediata a los exprisioneros, muchos de los cuales habían sufrido tratos inhumanos”, manifestó Roig.
El Departamento de Estado también colaboró con oenegés y organizaciones de la diáspora nicaragüense para encontrar opciones de vivienda temporal para aquellos excarcelados que no tenían familiares y amigos en los Estados Unidos.
“Oleadas de represión” en Nicaragua
Nicaragua vive una crisis sociopolítica desde el año 2018 cuando los nicaragüenses salieron a las calles de forma pacífica a pedir la salida de Ortega. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 355 personas fueron asesinadas y más de 2 mil heridas.
En 2021, en los meses previos a las elecciones generales de noviembre, el régimen llevó a cabo una oleada de detenciones contra los aspirantes presidenciales, opositores, defensores de derechos humanos, periodistas, estudiantes y otros nicaragüenses menos visibles.
“Desde 2018 hemos sido testigos todos nosotros de repetidas oleadas de represión a manos de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Hemos visto al régimen aplastar violentamente a sus críticos, forzar a nicaragüenses al exilio, cometer flagrantes abusos contra los derechos humanos y atacar a las autoridades religiosas”, señaló Jacobstein.
La mayoría de los 222 excarcelados fueron detenidos en 2021 y acusados por delitos de traición a la patria, ciberdelitos y terrorismo.
Algunos de los excarcelados en entrevista con Expediente Público señalan que el «proceso de extracción” al que fueron sometidos ha sido difícil de asimilar. El daño emocional y la separación de sus familiares es lo peor.
“Despojar a cerca de 300 nicaragüenses de su ciudadanía fue una medida especialmente cruel (…) Siempre seguimos en contacto con el gobierno Ortega Murillo y el régimen sigue reprimiendo a la población”, finalizó Jacobstein.
El 15 de febrero de 2023, el régimen desnacionalizó a otros 94 nicaragüenses, la mayoría en el exilio.
Esa política la siguen aplicando Ortega y Murillo, una práctica calificada por Naciones Unidas como crímenes de lesa humanidad.
