*EE. UU aclara a Expediente Público que declaraciones de agregado militar estadounidense en apoyo al sancionado jefe del Ejército, no representan la posición del Gobierno de Joe Biden hacia régimen de Daniel Ortega.
**Departamento de Estado recordó que como parte de la política exterior estadounidense en 2020 sancionaron al general Julio César Avilés Castillo.
Expediente Público
Las declaraciones del Oficial Principal para Asuntos de Defensa y Agregado de Defensa de los Estados Unidos de América en Managua, teniente coronel Róger Antonio Carvajal Santamaría, en las que hasta elogió al general en jefe al Ejército y al Ejército de Nicaragua, no suponen un cambio en la política estadounidense respecto al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, afirmó a Expediente Público un portavoz del Departamento de Estado.
“No ha habido ningún cambio en la política de Estados Unidos hacia el gobierno de Ortega-Murillo ni en nuestra visión hacia el Ejército nicaragüense, que ha apoyado la represión del pueblo nicaragüense”, afirmó un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos a consultas realizadas por Expediente Público.
El pasado 23 de septiembre de 2021 en un comunicado de prensa se informó que el jefe del Ejército de Nicaragua, general Julio César Avilés Castillo, sostuvo una reunión de trabajo con agregados de defensa, militares navales y aéreos y jefes de misiones acreditados en el país centroamericano.
En el encuentro del día 23 de septiembre, Carvajal Santamaría destacó la función de la institución castrense que dirige el general Avilés y afirmó que esperan “trabajar con las fuerzas armadas de Nicaragua”, cuyos militares, según Estados Unidos, se habrían involucrado en la violencia estatal y persecución contra opositores al régimen de Ortega y Murillo.
“Nosotros esperamos trabajar con las fuerzas armadas de Nicaragua, en las áreas que usted indicó, ese ha sido el mensaje que yo he dado, que he hablado con mis superiores”, dijo el militar estadounidense.
Y al dirigirse a Avilés agregó: “Espero seguir en esa ruta, me da gusto de verlo en buena salud, la verdad es que nos preocupa, porque ustedes son gran parte del gran crecimiento y estabilidad de este país”.
No obstante, el portavoz del Departamento de Estado subrayó que Estados Unidos sigue comprometido en lograr que los funcionarios acusados de graves violaciones de los derechos humanos en el país centroamericano rindan cuentas.
“Nuestra relación militar a militar con Nicaragua se ve limitada por el apoyo de los militares nicaragüenses al comportamiento antidemocrático de Ortega y Murillo”, dijo el portavoz del Departamento de Estado poniendo distancia a lo dicho por su agregado militar en Managua.
“Estamos comprometidos con promover la rendición de cuentas de los miembros del gobierno de Ortega-Murillo que socavan las aspiraciones democráticas del pueblo nicaragüense”, insistió el portavoz a Expediente Público.
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En la reunión del jueves pasado participó Avilés acompañado por el jefe del Estado Mayor General, mayor general Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz y el Inspector General, mayor general Marvin Elías Corrales Rodríguez.
En el encuentro se abordaron temas relacionados a la lucha contra el narcotráfico, crimen organizado, migración ilegal y terrorismo, aspectos de interés común para la seguridad regional y hemisférica.
El portavoz del Departamento de Estado, sin embargo, recordó que el 22 de mayo de 2020 Estados Unidos anunció “sanciones financieras” contra Julio César Avilés Castillo, jefe del Ejército, con el fin de “responsabilizar a aquellos individuos y entidades que son facilitadores clave del mal gobierno de Ortega y que cometen graves abusos contra los derechos humanos y buscan silenciar las voces prodemocráticas en Nicaragua”.
De acuerdo con la nota del Departamento de Estado la sanción contra Avilés fue emitida en respuesta a su “significativo apoyo a la represión y desmantelamiento de las instituciones democráticas por parte del régimen de Ortega”.
Apoyo a paramilitares
Avilés, como comandante en jefe del Ejército, “brindó apoyo a la policía y las pandillas paramilitares que cometieron crímenes contra el pueblo nicaragüense, incluidos ataques contra manifestantes durante las movilizaciones que comenzaron en abril de 2018”, señaló el gobierno estadounidense.
El Gobierno de Estado Unidos de igual forma sancionó el 9 junio de 2021 al general de brigada Julio Modesto Rodríguez, director ejecutivo del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), el fondo de inversión público del Ejército de Nicaragua, también por su involucramiento al deterioro de la democracia.
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La designación se aplicó únicamente a Rodríguez, es decir el IPSM no ha sido alcanzado por designaciones, aclara la nota emitida en ese momento.
Piden más sanciones contra el Ejército
En abril de 2018 Nicaragua se sumergió en una crisis sociopolítica a raíz de una serie de protestas sociales en la que se pedía la salida de Ortega y Murillo del poder.
Casi todas las ciudades del país centroamericano fueron tomadas por manifestantes, y las principales vías internas y de salidas estuvieron obstaculizadas por tranques y barricadas que habían sido levantados para resistir la embestida de la Policía, que con sus grupos de paramilitares empezaron lo que llamaron “operación limpieza”, una ofensiva militar para «el restablecimiento del orden».
La crisis dejó 328 personas asesinadas, más de dos mil heridos y el desplazamiento de más de 100,000 mil personas, según recuento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Una investigación independiente de un centro de pensamiento centroamericano, elaborado a petición de una institución estadounidense y publicado en exclusivo por Expediente Público, reveló que el Ejército de Nicaragua colaboró con el régimen de Ortega y Murillo en la represión de abril de 2018.
La investigación titulada “Los militares en la represión política de Nicaragua” señala que el Ejército fue más allá de las asignaciones jurídicas, al tomar acciones directas de Inteligencia, proporcionar armas y asistencia logística, información y persecución directa contra los opositores.
La investigación detalla que el general Avilés convocó a varios militares, que posteriormente desertaron, para que se conformaran en grupos con los paramilitares para desmontar la protesta nacional.
Este 21 de septiembre de 2021, Ryan Berg, analista senior del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés) en una audiencia ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos solicitó sanciones contra el Ejército de Nicaragua.
“El Ejército ha estado involucrado en algunos de los abusos más graves contra los derechos humanos en el país y está acusado de armar a grupos paramilitares. Estados Unidos también debería apuntar al Instituto de Previsión Social Militar (IPSM) del Ejército de Nicaragua, su lucrativo fondo de inversión que no solo está expuesto a los mercados estadounidenses, sino que ayuda a Ortega a mantener la lealtad de los altos mandos”, dijo Berg ante los congresistas de este Comité.
Posterior a esa audiencia, el 24 de septiembre, los congresistas Albio Sires y Mark Green enviaron una carta a Kristalina Georgieva, directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI), en la que cuestionan el financiamiento sin restricciones que el organismo internacional otorga al régimen Ortega y Murillo en Nicaragua, pese a las constantes violaciones a derechos humanos cometidas desde 2018.
