*Población sigue pagando a pandilleros e incluso en diciembre pasado algunos grupos exigieron hasta «bono navideño.»
** Los delincuentes recaudan hasta 737 millones de dólares anuales en extorsión.
***Informe de Conadeh pone en entredicho las cifras de detenidos que han dado las autoridades y la efectividad del estado de excepción para contener la extorsión y los delitos conexos.
Aimée Cárcamo / Expediente Público
El nuevo plan contra la extorsión aplicado desde diciembre del 2022 por el Gobierno de Honduras, y que incluye medidas radicales como el estado de excepción, no ha dado todavía muestras de reducir el pago de las extorsiones, según algunos sectores consultados por Expediente Público.
Las autoridades hondureñas, por su parte, sostienen que el éxito del estado de excepción se mide con el número de vidas salvadas.
El denominado Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos fue lanzado el 24 de noviembre de 2022 por la presidenta Xiomara Castro.
Trece días después, el 6 de diciembre, entró en vigencia un estado de excepción que suspendía varias garantías constitucionales en 89 barrios y colonias de la capital de Honduras (Tegucigalpa y Comayagüela) y en 73 barrios y colonias de San Pedro Sula.
La medida llegaba a su fin el 6 de enero, pero ese mismo día fue aprobada una ampliación por 45 días que abarca además de las ciudades mencionadas, a 73 municipios distribuidos en 17 de los 18 departamentos que tiene el país. El único departamento en el que ningún municipio está bajo el estado de excepción es el de Gracias a Dios.
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Recaudación millonaria
La recaudación anual del llamado “impuesto de guerra”, es decir, el cobro de extorsión, es de unos 737 millones de dólares, equivalente al 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y al 14.7 por ciento de la recaudación fiscal, según un estudio de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) publicado en 2022.
Además del perjuicio económico, señala el estudio, la extorsión se multiplica en crímenes violentos, incluyendo los homicidios, frena el crecimiento económico del país con el cierre de negocios, impide que otros abran sus establecimientos, restringe la generación de empleo y tiene un impacto psicosocial grande para las víctimas y la sociedad en general.
Uno de los sectores más afectados es el de los transportistas, con 1,781 asesinatos entre 2010 y 2019.
“Esto, junto con las cantidades inmensas de dinero requeridas en extorsión de este rubro, lleva a frecuentes paros de transporte”, señala ASJ.
Pero, además, el Estado de Honduras invierte cientos de millones de lempiras cada año en subsidios al transporte, “que a través de la extorsión terminan alimentando indirectamente a las pandillas”, en vez de utilizarse para educación, salud y desarrollo humano, refiere también ASJ.
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Cobraron hasta “bono navideño”
Dentro de los sectores de la capital hondureña que están incluidos en el estado de excepción se encuentra la aldea Santa Rosa, ubicada a unos diez kilómetros al sur.
Un vecino cercano al rubro del transporte, que prefirió el anonimato, dijo a Expediente Público que a pesar del estado de excepción, la situación en esa comunidad “más bien se ha puesto peor, aquí están cobrando dos grupos, uno es la (pandilla) 18 y otro es un grupo independiente”.
Solo al grupo independiente, los transportistas que cubren el corredor entre la aldea y la capital hondureña, le pagan unos 80 mil lempiras mensuales (aproximadamente $3,200).
En diciembre pasado, cuando ya estaba vigente el estado de excepción, la pandilla18 pidió el doble de la “renta” con motivo de la Navidad. “No ha bajado, es la misma situación, no se hacen presentes las autoridades” y a la gente de la comunidad “le da miedo denunciar”, acotó.
De su lado, el dirigente del transporte de bus urbano, Jorge Lanza, dijo también a Expediente Público que “en la última semana de diciembre se pagó a un grupo doble, porque pidió el bono navideño”.
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Siguen pagando a los grupos
Lanza reconoció que no ha habido una reducción en el pago de las extorsiones, “nosotros seguimos pagando a los grupos siempre, igual, la misma cantidad que se ha pagado”.
Continuó que “sí hubo más tranquilidad, no hubo muertes, no hubo más incrementos como lo habían planificado ellos en noviembre, que querían más pisto (dinero). Entonces esas cosas sí se calmaron, pero de ahí, el pago lo hicimos religiosamente”.
Expediente Público consultó también a un dirigente del rubro de taxis colectivos, cuya identidad se omite por razones de seguridad, para quien el plan implementado por las autoridades “solo es un show”.
Sostuvo que “nosotros, el sector transporte, seguimos pagando igual y todavía siguen molestando los muchachos”, en referencia a los miembros de maras y pandillas.
Agregó que cuando se anunció el estado de excepción esperaban que bajara la tasa de inseguridad, pero ellos están recibiendo “más amenazas”.
Incluso, en medio del estado de excepción, al menos dos taxistas han sido asesinados; el primero, en Comayagüela, y el segundo en San Pedro Sula.
Para el transportista, “pueden detener a seiscientas personas, pero nacen más, esa es como una peste que no se termina”.
Sobre los policías, dijo que “ellos saben dónde pueden operar y a quién pueden ir a detener, pero no lo hacen, será que no lo quieren hacer o no sé, pero la realidad es que la Policía, para mí y para nuestra organización que es bien seria, es un show el que hace”.
En la capital hondureña, la pandilla 18 y la MS-13 dominan en los barrios y las colonias que se encuentran en estado de excepción, pero en algunos sectores hay otros grupos de extorsionadores, entre ellos Puchos, Combo, Los Canales, Berríos y Alka Eda.
Población no denuncia por temor
Expediente Público consultó también a un dirigente de la micro, pequeña y mediana empresa sobre el impacto del estado de excepción, sin embargo, dijo que todavía no habían hecho un análisis para determinar si se ha reducido el pago de las extorsiones.
La fuente, que pidió también el anonimato, dijo que toda la sociedad ha sido víctima de la extorsión, porque al empresariado “lo están extorsionando y está pagando una mensualidad (entonces) lo tiene que meter al costo y eso eleva precios”.
A su criterio, se requieren “un montón de medidas, no solo el estado de excepción, para resolver el problema” y no solo “paliarlo o parcharlo”. Entre estas, mejorar la investigación, fortalecer a las autoridades, pagar bien a los policías y contar con elementos incorruptibles.
“La población tiene que colaborar también porque por temor no denuncia”, reconoció.
Expediente Público consultó a la dirección de comunicación estratégica de la Policía si ha habido una reducción en el pago de la extorsión y si han incrementado las denuncias contra ese delito, pero no hubo respuesta.
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Se requieren al menos seis meses
“Para poder ver resultados por lo menos son seis meses” que debe durar el estado de excepción, dijo a Expediente Público el criminólogo Gonzalo Sánchez.
“Sí he escuchado a los transportistas, y con justa razón, se están quejando de que todavía en algunos sectores están cobrando la extorsión”, pero es que “en un mes de estado de excepción no se va a poder” combatir un delito que tiene una cantidad de años, consideró.
Sánchez sostuvo que se ha visto una mejora con esa medida, que ha sido disuasiva, en el sentido “de que no en todos los sitios, lugares, negocios y transporte se está cobrando la extorsión”. Además, los crímenes violentos han bajado.
El problema que se está dando es lo que se llama “el efecto cucaracha”, es decir, que los antisociales están buscando otros lugares donde no hay estado de excepción en los se está cobrando la extorsión.
Para Sánchez, el estado de excepción es “importantísimo” porque le da ciertas facultades a la Policía.
No obstante, a su criterio el Congreso Nacional debe legislar para darle un poco más de autoridad a la Policía Nacional y a la Policía Militar.
Finalmente, recordó que en la lucha contra la extorsión intervienen otras instituciones, entre ellas el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, la Comisión Hondureña de Telecomunicaciones (Conatel) y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
Abusos y cifras discordantes
El 11 de enero, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) presentó un informe en relación con la primera fase del estado de excepción implementado en Honduras.
Según el documento de 25 páginas, se registraron al menos 12 quejas por malos tratos por parte de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).
El documento contradice también las cifras dadas a conocer por las autoridades policiales sobre la detención de 652 personas relacionadas a maras y pandillas durante el estado de excepción.
Según el Conadeh, las detenciones fueron en realidad 159, se realizaron en los primeros 7 días de vigencia del decreto y una “cantidad considerable” de ellas se debió a faltas no “conexas” a la extorsión y las personas fueron liberadas en un plazo de 24 horas.
Además, refiere que alrededor del 60% de intervenciones policiales exitosas contra la extorsión se realizaron en lugares distintos a la capital y San Pedro Sula, lo que demuestra que no es necesario el estado de excepción.
El Conadeh también señala que el decreto ejecutivo que manda el estado de excepción podría favorecer la discrecionalidad con detenciones basadas en el prejuicio.
Reacción de la Policía Nacional
A raíz del informe del Conadeh, la Policía Nacional emitió un comunicado en el que califica el estado de excepción como “la más exitosa política de Estado en materia de seguridad para bajar la tasa de homicidios”.
Además, que el éxito de su aplicación “no se mide con el número de detenidos o armas, sino por el número de vidas salvadas”.
En diciembre pasado, las autoridades atribuyeron a la estrategia de Castro en materia de seguridad la tasa de homicidios de 35.79 por cada cien mil habitantes con que el país centroamericano cerró el 2022.
