*Douglas Farah, investigador de Insight Crime, advierte que el estado de excepción en Honduras no busca combatir la delincuencia, sino consolidar el poder entre fuerzas estatales y criminales.
**El 9% de hondureños se vio afectado por la extorsión durante 2022, esa cifra aumentó a 11% en 2023, señala Asociación para una Sociedad más Justa.
** Expertos instan a levantar el estado de excepción en Honduras para redefinir esfuerzos hacia estrategias más efectivas en la lucha contra el crimen organizado.
Sharon Ardon / Expediente Público
El 6 de diciembre del 2022 entró en vigencia el régimen de excepción en Honduras como parte del Plan de Tratamiento a la Extorsión en el país, sin embargo, cifras obtenidas por la sociedad civil indican que a un año de implementación no ha dado resultados.
Un informe titulado “Un año de lucha contra la extorsión en Honduras” publicado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) refleja que el 11% de la población hondureña fue víctima de extorsión en 2023, dos puntos porcentuales más que hace un año.
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Frente a la evidente falta de eficacia del régimen de excepción, que se ha extendido hasta la fecha, es importante mencionar que al menos tres de sus prórrogas no han sido ratificadas por el Congreso Nacional, como lo exige la Constitución.
Expertos consultados por Expediente Público instaron a la suspensión de esta medida. Honduras inició con el estado de excepción imitando a Nayib Bukele en El Salvador, donde las maras también operan.
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Gobierno defiende el estado de excepción
A principios de 2023, el gobierno hondureño informó que los homicidios disminuyeron en 2022 en comparación con el año anterior y atribuyó directamente esta caída a su nueva estrategia de seguridad.
También alegaron que el estado de excepción y el despliegue de fuerzas policiales y militares llevaron en el primer semestre de 2023 a la detención de más de 1,000 pandilleros, el desmantelamiento de grupos criminales, la incautación de drogas y armas, y una disminución en los niveles de homicidios en múltiples municipios.
Y así lo reafirmó la mandataria hondureña, Xiomara Castro durante la ceremonia de transición de mandos de las Fuerzas Armadas el 20 de diciembre.
“Los decretos de Excepción y el control de los centros penitenciarios a nivel nacional por parte de la policía militar han disminuido la incidencia de homicidios y del crimen organizado», remarcó Castro.
Efectivamente, se han reducido en 28% los homicidios, el corte a noviembre de la Secretaría de Seguridad indicaba 2,735 muertes violentas, a noviembre del año pasado eran 3,401.
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Incremento de la extorsión
Sin embargo, el informe de la ASJ señala que “a pesar del estado de excepción, la extorsión llegó a su nivel más alto de los últimos 5 años”, con un 11% de población hondureña que afirmó que continúa siendo víctima de extorsión en el país.
Habiendo una mayor prevalencia de este delito en los departamentos de Cortés (16%), La Paz (15%), Colón (14%), Yoro (14%) y Francisco Morazán (13%), porcentajes obtenidos mediante una encuesta nacional de victimización, aplicada a 850 personas en 167 municipios alrededor del país.
Los datos oficiales reafirman esta teoría, ya que, según la Secretaría de Seguridad, hasta octubre del corriente año 2023 ha recibido un total de 760 denuncias por extorsión, se han 314 detenciones, de las que solamente 40 casos han sido remitidos al Ministerio Público.
Criminalidad en Honduras urge estrategia integral
Para esta medida de excepción fueron contemplados 30 acciones bajo 8 ejes de trabajo que son: operativo, tecnológico, comunitario, reforma al estamento legal, al sistema penitenciario, presupuestario, educativo y gestión interinstitucional.
En ese sentido, Wilmer Calix, dirigente del transporte urbano en Tegucigalpa, la capital de Honduras, expresó a Expediente Público que “esta medida está funcionando a medias”, debido a que percibe que las instituciones involucradas al cumplimiento de las 30 acciones estipuladas en el plan de extorsión, “no están comprometidas”.
Explicó que dentro de esos componentes hay algunos que debe cumplir la Policía Nacional y el ejército, y otros deben hacer la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), la Comisión de Banca y Seguros y el Congreso Nacional para reformar el Ministerio Público, tienen que crear varios temas legales para la judicialización de estos criminales”.
“El Estado de excepción no va a dar los resultados que esperamos mientras esos componentes (acciones) no estén completamente abordados ni las instituciones estén comprometidas en su trabajo”, refirió Calix.
Medida consolida poder
El reconocido investigador estadounidense, Douglas Farah sostuvo que los objetivos reales del estado de excepción en Honduras no eran combatir la delincuencia, y, por lo tanto, no se cumplirán las metas en seguridad.
A su vez, argumenta que el propósito de esa medida de excepción en el país es más bien consolidar el poder entre sectores como la policía, el ejército, la inteligencia y grupos criminales.
“En Honduras tenemos un estado de excepción que permite consolidar sectores de poder con autoridades extralegales y excepcionales y el propósito de eso es consolidar esta fuerza no combatir la delincuencia”, refirió.
En su análisis brindado a Expediente Público, Farah señaló que la aplicación del estado de excepción se ha dirigido a lugares donde la extorsión no es un problema significativo, desviando la atención de los verdaderos focos del crimen organizado.
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Deficiencias judiciales
Cifras del Ministerio Público de Honduras muestran que, desde enero hasta el 20 de noviembre del 2023, solo ha habido 19 personas condenadas por extorsión en todo el país.
La disparidad entre las 760 denuncias por extorsión y las 19 condenas podría indicar desafíos en el proceso judicial, como falta de pruebas sólidas, deficiencias en la investigación o posibles problemas en el sistema legal.
Para el analista de América Latina para el Instituto Affari Internazionali (IAI) en Roma, Tiziano Breda, lo anterior es un reflejo de que “no se están ampliando las facultades, las herramientas legales, ni fiscales para perseguir el delito, ni tampoco se está fortaleciendo la capacidad operativa de la policía”.
“Por lo tanto, la impunidad por el delito de extorsión queda a niveles altísimos, cuanto más alta la impunidad, más alto prolifera”, determinó.
En ese sentido, consideró que un tema que pareciera no estar relacionado pero que es una pieza clave en el fortalecimiento institucional y un escudo a los fiscales y jueces en su trabajo de desmantelar redes de corrupción conexas a los delitos de narcotráfico, maras es fundamental el tema de la futura Comisión Contra la Impunidad en Honduras (CICIH).
“Un ente internacional en el país acompaña entrena, prepara y ofrece un respaldo político a aquellos que quieran perseguir el delito en sus varias formas creo que sería muy crucial para cualquier estrategia que apunte a disminuir los niveles de violencia”.
Efecto contraproducente
Por otro lado, un informe del Proyecto de Localización de Conflictos Armados y Datos de Sucesos (Armed Conflict Location and Event Data Project, ACLED) publicado el 5 de diciembre esboza que, en Honduras, los grupos criminales se están expandiendo a otras áreas estratégicas,
“La geografía de la violencia apunta a que la violencia de las pandillas está aumentando moderadamente y se está extendiendo más allá de los focos de delincuencia de Tegucigalpa y San Pedro Sula”, detalla el informe.
El estudio indica que este es un fenómeno potencialmente exacerbado por las medidas del estado de excepción y el aumento de la presión sobre las pandillas en las áreas urbanas más pobladas debido a las frecuentes operaciones de aplicación de la ley.
Dado el hallazgo anterior, podría considerarse un efecto contraproducente, ya que esta medida destinada a mejorar la seguridad en el país podría estar contribuyendo involuntariamente a una mayor propagación de la violencia en otras regiones del territorio hondureño.
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Levantar régimen de excepción
En su entrevista con Expediente Público, Breda sostuvo que no es necesario tener un estado de excepción para combatir efectivamente el crimen organizado.
En pocas palabras, él consideró que la CICIH podría contribuir más a la disminución de los niveles de corrupción y perseguir el delito en sus diferentes formas que un régimen de excepción.
Al igual que Breda, el investigador de Insight Crimen, Douglas Farah sugirió que, para abordar efectivamente el crimen organizado, se debería levantar el estado de excepción y enfocar los esfuerzos en combatir el narcotráfico y demás delitos conexos.
“La manera más fácil de hacerlo más efectivo es levantarlo, o sea enfocar realmente los esfuerzos del estado en combatir el narcotráfico, aunque en este caso es difícil porque hay grupos muy poderosos, muy oscuros con una cercanía al poder bastante fuerte”, puntualizó el investigador.
¿Qué otras recomendaciones hay?
Por su parte, la ASJ planteó en sus recomendaciones, que se centran en mejorar e implementar el plan antiextorsión, “el plan tiene buenos componentes, pero se observan muy pocos avances en su implementación”.
Del mismo modo, instan a las autoridades a combatir la extorsión de forma integral.
“La Policía Nacional no puede combatir la extorsión sola, sino que necesita unir esfuerzos con los sectores afectados, los fiscales, jueces, sector financiero y la sociedad civil”, sugiere.
