Expediente Público
Honduras es un país donde reina la inseguridad. Los problemas relacionados al narcotráfico, las pandillas o maras y la delincuencia son el día a día de los ciudadanos de este país centroamericano.
El gobierno de Xiomara Castro se ha caracterizado por tomar decisiones en torno al modelo de El Salvador, dirigido por el presidente Nayib Bukele, como el Estado de Excepción vigente desde el 6 de diciembre del 2022 y renovado cinco veces.
Las acciones de Castro se basan en políticas coyunturales que dan respuesta a los problemas del momento en el país, pero no hay una política de seguridad que establezca periodos de pruebas y resultados a largo plazo.
En este 2023 una problemática histórica y arrastrada de otros gobiernos vino a estallar en el mandato de Castro. La violencia y los enfrentamientos armados por la lucha de territorio de la Mara-Salvatrucha y la Pandilla 18 en los centros penales han ido en escalada a un punto de causar el asesinato de 46 mujeres dentro de la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).
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Mientras ese hecho ocurrió, las 25 cárceles a nivel nacional se encontraban bajo intervención por parte de una junta constituida por la viceministra de seguridad, Julissa Villanueva; el exfiscal contra el crimen organizado, Mario Chinchilla, y la excomisionada del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura (Conaprev), Sandra Rodríguez.
Como medida drástica Castro junto a su sobrino y ministro de Defensa y Seguridad, José Manuel Zelaya, dieron nuevamente el liderazgo de las cárceles a los militares y destituyeron a la junta interventora propuesta por la misma mandataria en mayo.
En estos reportajes investigamos y consultamos a expertos los desaciertos y aciertos en materia de seguridad de la administración de Castro.
