Desde 2018, los fiscales, los jueces, magistrados, la Policía y el sistema penitenciario afines al Frente Sandinista han cerrado filas como parte del sistema represivo que emite leyes que condenan la oposición, la crítica e inconformidad contra el Gobierno y han menoscabado los derechos ciudadanos. Además, practican o permiten los tratos crueles y tortura contra presos de conciencia, realizan audiencias secretas, coluden acusaciones infundadas y sin pruebas, e incluso persiguen y amenazan a los abogados de los acusados, negando la legítima defensa y el derecho a defender.
Un ejemplo de la sincronía entre instituciones que se coluden en la partidización, es el Ministerio Público. En su comunicado del 31 de enero de 2022, el primero del año, prácticamente condena a los presos políticos bajo leyes emitidas por el Parlamento desde 2020, cuya única finalidad es reprimir la inconformidad social con el régimen de Daniel Ortega.
El Código Procesal Penal y las leyes orgánicas de las instituciones establecen los mecanismos de cooperación, en los que la Policía tiene atribuciones propias y exclusivas como acciones operativas, detenciones, investigación y peritajes forenses, mientras los fiscales tienen la función de representar a las víctimas y verificar que la investigación se realiza con los procedimientos de la ley.
Cruz explicó que la Fiscalía puede decidir no acusar si los actos de la Policía no han sido conforme a la ley y no necesariamente tiene que asumir todo lo que la Policía le entrega. ¿Cómo se llegó al desmoronamiento del sistema de justicia penal y todas sus instituciones y cómo puede resolverse esta cooptación absoluta de las instituciones públicas encargadas de promulgar, aplicar y cumplir las leyes de Nicaragua?
El centro de pensamiento Expediente Abierto publicó recientemente el estudio “Analizando las luces y sombras de la justicia penal en Nicaragua: pasos hacia la reforma”, en el que no solo se explica el proceso de deterioro del sistema judicial y jurídico nicaragüense, sino que, a través de un intercambio y consultas exhaustivas con expertos nacionales e internacionales, propone una hoja de ruta para reestablecer en una necesaria transición política el estado de Derecho y el debido proceso en este país centroamericano.
