Desde el 2015 Honduras viene impulsando una serie de reformas que pretenden anular la salud pública para implantar un sistema basado en seguros públicos y privados. Como parte de ese desmantelamiento sistemático, el Estado otorga apenas los recursos necesarios para el funcionamiento de hospitales y centros de salud, lo que impone sobre el pueblo hondureño, uno de los más pobres de América, la carga de pagarse muchos servicios sanitarios en laboratorios y clínicas privadas. Adicionalmente, la Secretaría de Salud arrastra desde hace décadas la pesada carga de la corrupción de empresarios, funcionarios y empleados que ven en la compra-venta de equipos e insumos un botín millonario fácil de saquear.
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julio 13, 2020
