El gobierno de Xiomara Castro puso en marcha un plan antiextorsión que repite varias de las medidas que fueron anunciadas en administraciones anteriores, en los que ese delito continuó rampante. La estrategia actual pone un énfasis en lo policial-militar e incluye la suspensión de garantías constitucionales con grandes vacíos legales.
En este especial de Expediente Público, representantes de sociedad civil y de organizaciones defensoras de derechos humanos temen que el estado excepción, inspirado en la política contra las pandillas de Nayib Bukele en El Salvador, agrave la situación de discriminación de grupos vulnerables, como ocurrió en 2020 durante la pandemia de covid-19.
