La administración pública de Nicaragua se ha destacado por su opacidad en los últimos 13 años por la falta de transparencia fiscal y el incumplimiento a la Ley 621 en vigencia o “Ley de acceso a la información pública”. Expertos consultados por Expediente Público consideran que esto se ha debido a una política gubernamental de cerrar puertas a la información pública, una violación abierta y atropello a las normas anticorrupción, una flagrante limitación al derecho humano que no contribuye a la estabilidad, desarrollo y control de los gobiernos por parte de los ciudadanos.
El estudio “Transparencia y Rendición de cuentas en gobiernos municipales de Nicaragua” realizado por Expediente Publico describe el comportamiento del ciclo presupuestario de algunos municipios del país y revela cómo la poca transparencia en la ejecución presupuestaria afecta tanto al gobierno central como a los gobiernos municipales. Por eso mismo, la investigación aporta información valiosa sobre los pasos que deberían seguirse en la gestión presupuestaria en los municipios en el marco legal vigente, así como el accionar de la Contraloría General de la República en función de la gestión presupuestaria de los municipios.
Por otro lado, este reportaje evidencia el favoritismo a los gobiernos municipales oficialistas en el recorte presupuestario en comparación a los gobiernos opositores, además de la poca voluntad en brindar información para la realización del estudio, bajo el secretismo y discreción que representa el retroceso en la descentralización y en el desarrollo municipal, agudizado desde la llegada del régimen Ortega-Murillo, el mismo que lleva tres periodos en la presidencia de Nicaragua.
