Expediente Público
Desde la Unidad de Análisis Financiero (UAF), oficina creada en 2012 para prevenir y enfrentar el lavado de activos proveniente de actividades ilícitas y actualmente dirigida por el mayor general del Ejército, Denis Membreño Rivas y el comisionado general de la Policía Nacional, Aldo Sáenz Ulloa, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo maneja la legislación según sus intereses.
La investigación de Expediente Abierto titulada “El doble rasero de la política antilavado de Daniel Ortega” de forma sencilla expone elementos claves de cómo la legislación en esta materia se convirtió en un arma política.
El régimen usa la legislación antilavado para perseguir y encarcelar a los opositores, cerrar organizaciones y hasta desviar el dinero proveniente de actividades ilícitas como el narcotráfico.
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La ley también es usada a su conveniencia para exculpar a sus allegados del círculo de poder. “Todas esas herramientas sobre el lavado están siendo usadas en contra de los principios procesales y de las garantías de los derechos humanos”, advirtió Martín Laborde, especializado en Investigaciones de Mercados Criminales y Lavado de Activos, en una entrevista con Expediente Público.
Más de 3 mil organizaciones sin fines de lucro cerradas desde 2018 y cientos de opositores encarcelados en el contexto de la crisis sociopolítica nicaragüense, en un país donde ni siquiera la Iglesia católica, investigada por lavado de dinero, ha escapado del régimen.
