El próximo 7 de noviembre los nicaragüenses están convocados a elecciones presidenciales, y la Ley Electoral vigente permite que los partidos políticos reciban financiamiento tanto público como privado. ¿Están realmente las reglas claras en esta materia?
En mayo fue aprobada una reforma electoral donde si bien se mantiene la entrega de fondos estatales a los partidos políticos, vía reembolso para sufragar los gastos de campaña en los comicios, sin embargo no se obliga a rendir cuentas a la ciudadanía, solo a entregar informes a la Contraloría General de República como requisito para que se les autorice los pagos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
El reembolso económico, anteriormente, se garantizaba siempre y cuando los partidos alcanzaran un 4% de los votos válidos emitidos, pero la reforma eliminó esa disposición y ahora se establece que el pago del dinero proveniente de recursos públicos, sea de acuerdo al “porcentaje de los votos válidos que haya obtenido en la elección”.
La falta de transparencia del Consejo Supremo Electoral (CSE) para la forma en que se gasta el presupuesto asignado para la realización de las elecciones también es otro problema.
Nicaragua, es el país de Centroamérica con el voto electoral más caro, y en las próximas elecciones podría alcanzar hasta US$20 por cada voto emitido, según un análisis de Expediente Púbico.
En estas entregas de reportajes, especialistas en el tema analizan el contenido de la ley y explican por qué es importante el tema del financiamiento, además ayudan a entender de por qué el país gasta más en cada elección.
