La la fiscal general de Nicaragua, Ana Julia Guido de Romero, una funcionaria del Gobierno de Nicaragua desde el 10 de enero de 2007 fue alcanzada por las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos este 9 de octubre.
“Reportes alegan que Guido, formó un grupo de fiscales que trabajaron con la sancionada Policía Nacional para fabricar casos contra presos políticos y sus familias”, dice la nota de prensa del Departamento de Estado.
“De acuerdo con los reportes, esta unidad ha usado los últimos dos años para llevar casos contra presos por protestar pacíficamente, incluyendo los aguadores que fueron detenidos por llevar agua a las madres de víctimas del régimen en huelga de hambre en Masaya, en 2019”, dice el comunicado.
“El régimen de Ortega continúa abusando con los recursos del Estado para beneficio de los miembros de su personal e ignorar el llamado de la población a reformas”, comunicó el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin.
«Esta Administración sigue comprometida con atacar al régimen de Ortega buscando y exponiendo a quienes facilitan su flagrante corrupción», enfatizó Mnuchin en la nota de prensa del Departamento del Tesoro.
Además de Guido fueron sancionados la Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional RL (Caruna), a juicio de las autoridades norteamericanas, esta es una institución financiera que opera al margen de la banca tradicional y no está sujeta a sus marcos regulatorios.
Caruna fue sancionada por brindar asistencia material o proveer recursos financieros, materiales o tecnológicos, bienes y servicios al también sancionado Banco Corporativo, S.A. (Bancorp), también sirvió para que Daniel Ortega desviara dinero de ALBA de Nicaragua, S.A. (Albanisa), unos 2,400 millones de ayuda petrolera y créditos venezolanos.
Otro funcionario sancionado por el gobierno de Estados Unidos es el secretario de la Presidencia, Paul Oquist Kelley, representante de Nicaragua internacionalmente en una variedad de roles y con un papel protagonista “en la difusión de desinformación para encubrir los crímenes del régimen y las fechorías de horribles abusos de los derechos humanos”.
En Nicaragua, desde el año 2007 la excomisionada general de la Policía Nacional, Ana Julio Guido, asumió como Fiscal General adjunta del Ministerio Público en el contexto de una estrategia consistente y contundente del Frente Sandinista de Liberación Nacional para lograr la captura de instituciones del Estado. Una estrategia que luego sería uno de los 3 pilares que, violando los derechos humanos más fundamentales, han sostenido el régimen Ortega – Murillo: Justicia. Policía y Fuerzas Armadas. Siete años después, Ana Julia Guido fue nombrada Fiscal General y desde entonces organizó e implementó una estructura de persecución penal claramente subordinada a los intereses del FSLN.
Expediente Público publicó en 2019 una serie de cuatro reportajes para documentar y formar evidencia de como el sistema de justicia penal se ha consolidado como un arma de extorsión y castigo a quiénes se oponen o son percibidos como hostiles al régimen. Mediante estas investigaciones se ha formado evidencia de cómo el Ministerio Público ha sido uno de las bases sobre la que el régimen ha sostenido la persecución contra activistas sociales y políticos que se sumaron a las protestas cívicas iniciadas en abril del 2018.
