Desde que se puso en práctica la extradición en Honduras, en el 2014, hasta julio de 2022, se han entregado a la justicia estadounidense a 31 ciudadanos hondureños acusados por delitos de tráfico de drogas y tenencia de armas.
Analistas abordados por Expediente Publico señalan que el procedimiento legal de entregar a acusados por crimen organizado estrecha los lazos entre Honduras y Estados Unidos, lo cual genera más apoyo y oportunidades para el gobierno de Honduras respecto al mayor de sus socios comerciales.
No obstante, para los entrevistados, la entrega de connacionales para ser juzgados en otro país también es atisbo de la debilidad que impera en los órganos de justicia de Honduras, por lo que ven necesario capacitar y fortalecer esos entes. Ninguno de los extraditados tenía acusaciones en el país, por el contrario algunos eran prominentes políticos o acaudalados señores.
Pese a que los acuerdos entre Estados Unidos y Honduras para poner en vigencia la extradición iniciaron en el año 2012, hasta 2022 no existe una ley que reglamente los procedimientos, otro aspecto que es visto como una debilidad del sistema judicial. Tales procesos son regulados mediante un auto acordado.
En ese sentido, analistas consideran necesario reglamentar esa figura de extradición porque así el Estado podría estipular mejores condiciones y garantías.
